El Instituto Casla determinó que los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela comparten patrones represivos expresados en detenciones arbitrarias y torturas e ignoran a los organismos regionales universales de protección de Derechos Humanos.
A través de un comunicado, Casla criticó el accionar represivo de la dictadura cubana contra cualquiera que disienta del régimen ilustrando como ejemplo las 1.442 personas detenidas por los sucesos del 11 de julio de 2021.
Según la organización, los tres gobiernos dictatoriales recurren a los mismos patrones para perseguir, intimidar, encarcelar y castigar a opositores.
Uno de esos patrones se refleja en el manejo de la justicia al servicio de quienes tiene el poder ejerciendo detenciones arbitrarias antes, durante o después de un juicio, "sin basamento legal en muchos casos, con forjamiento de expedientes y procedimientos falsos, violando los derechos humanos universales", así como también, el incumplimiento del derecho a un juicio imparcial y derecho a la defensa.
Otra estrategia represiva realizada por estas dictaduras son la aplicación de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes aplicadas en cárceles políticas, orientadas a encerrar a opositores en "celdas fétidas, sin luz y aire natural" que incumplen con las Normas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos y ejercen torturas psicológicas a través de amenazas, aislamiento, poca alimentación e hidratación provocando enfermedades estomacales, desnutrición y pérdidas de la masa muscular, además de enfermedades en la piel, cardiovasculares, etc; como por ejemplo los casos de los prisioneros cubanos Armando Sosa Fortuny, Pablo Moya Delá y Cristian Pérez, y otros presos políticos venezolanos y nicaragüenses.
La organización destacó que las tres dictaduras “desoyen y desobedecen” los pronunciamientos, recomendaciones, resoluciones y medidas cautelares de los organismos regionales y universales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la Relatoría contra la Tortura de las Naciones Unidas "que exigen la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y persecución y el respeto de los derechos humanos".
Por último, Casla hizo un llamado "a las autoridades de los Estados Democráticos que integran algún Organismo Regional y Universal que promueve y defiende los derechos humanos, “apelando a la responsabilidad que tienen ante la historia, para que busquen mecanismos reales ajustados al Derecho internacional de protección a las víctimas y ejerzan la presión necesaria para la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos en estos países".
