América Latina
Human Rights Watch rechaza propuesta de repetir elecciones en Venezuela
"Repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla a este principio democrático básico", declaró Human Rights Watch.
La organización civilista Human Rights Watch se pronunció en contra de celebrar nuevamente las elecciones presidenciales de Venezuela y de conceder una amnistía a las autoridades que han violado la ley, como han propuesto los presidentes de Brasil, Colombia y México.
En una carta a los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, la ONG precisó que repetir las elecciones presidenciales en Venezuela sería una burla y conceder una amnistía general violaría el derecho internacional.
Juanita Goebertus Estrada, representante de HRW para las Américas, dijo que una negociación creíble entre todas las partes implicadas es la mejor forma de avanzar.
"La verificación transparente e imparcial de los resultados electorales, el diálogo y la búsqueda de acuerdos, así como las garantías para que todos los venezolanos participen en política, pueden ser elementos clave de dicha solución negociada", indicó.
Texto completo de la misiva:
Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente
República Federativa de Brasil
Brasilia—BRASIL
Gustavo Petro
Presidente
República de Colombia
Bogotá—COLOMBIA
Andrés Manuel López Obrador
Presidente
Estados Unidos Mexicanos
Ciudad de México—MÉXICO
De mi mayor consideración:
Tengo el honor de dirigirme a VV. EE. con respecto a la crisis en Venezuela.
Como VV. EE. saben, el 29 de julio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró que Nicolás Maduro había ganado las elecciones presidenciales celebradas el día anterior. Hasta la fecha, el CNE no ha hecho públicas las actas de escrutinio de las elecciones, ni ha llevado a cabo las auditorías electorales o los procesos de verificación ciudadana que exige la ley.[1] El Panel de Expertos Electorales de la ONU y el Centro Carter, que observaron las elecciones, señalaron que el proceso careció de transparencia e integridad y cuestionaron el resultado declarado.[2] En cambio, han concedido credibilidad a las actas que la oposición ha hecho públicas y que indicarían que Edmundo González ganó las elecciones por un margen significativo.[3]
Human Rights Watch está documentando la represión gubernamental que siguió al anuncio de resultados electorales por parte del CNE. Hemos recibido informes creíbles de que 23 manifestantes y transeúntes, así como un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, han muerto en el contexto de las protestas. Las fuerzas de seguridad han detenido a más de 2.000 personas, según el gobierno. El grupo de abogados pro-bono de abogados Foro Penal ha verificado más de 1.500 casos, incluidos aquellos de 130 niños y 20 personas con discapacidad. Sólo se ha informado de la liberación de 90 personas, mientras que otros cientos han sido acusados de “terrorismo”.[4] La actual oleada de detenciones arbitrarias en Venezuela parece no tener precedentes en la historia reciente del país; ha superado en promedio las tasas de arrestos de durante las prolongadas protestas antigubernamentales de 2014 y 2017.[5]
En este alarmante contexto, valoramos los esfuerzos de los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos para garantizar el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas el 28 de julio, así como para poner fin a las violaciones generalizadas de los derechos humanos en el país. Hemos seguido, con interés, las iniciativas lideradas por sus gobiernos para negociar una solución a esta crisis.
Seguimos creyendo que una negociación creíble entre todas las partes interesadas es la mejor manera de proteger los derechos humanos en Venezuela.[6] Como han señalado sus gobiernos, la verificación transparente e imparcial de los resultados electorales, el diálogo y la búsqueda de acuerdos, así como las garantías para que todos los venezolanos participen en política, pueden ser elementos clave de dicha solución negociada.[7] Es probable que otros componentes centrales incluyan sanciones dirigidas específicamente a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones de derechos humanos y la corrupción asociada a estos hechos, así como incentivos para los aliados internacionales de Maduro y el sector privado que opera en Venezuela para que estos actores también promuevan el respeto de los resultados electorales y de los derechos humanos.
Sin embargo, nos preocupan tres propuestas concretas que sus gobiernos han realizado en las últimas semanas: (1) repetir las elecciones; (2) confiar en el Tribunal Supremo de Venezuela para resolver el resultado de las elecciones; y (3) conceder una “amnistía general”.
A continuación, describimos nuestras preocupaciones respecto a estas propuestas concretas, sobre la base del derecho internacional de los derechos humanos y de nuestra experiencia de varias décadas en Venezuela.
¿Repetir las elecciones?
El gobierno de Brasil ha sugerido que una posible solución a la crisis de Venezuela pasaría por repetir las elecciones.[8] Del mismo modo, el presidente Petro ha sugerido que debería haber “nuevas elecciones libres”.[9]
Como bien comprenden VV. EE., una premisa básica de cualquier elección es que debe reflejar la voluntad expresada por el pueblo y dar lugar a la transferencia pacífica del poder al candidato o candidatos vencedores de acuerdo con fórmulas preestablecidas.
Repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla a este principio democrático básico. Tal propuesta, que sería inaceptable en cualquier país, sería especialmente problemática en Venezuela dadas las importantes barreras que los votantes y candidatos se vieron obligados a superar para participar en las elecciones del 28 de julio, incluyendo violaciones generalizadas de derechos humanos, que hicieron que la elección fuera marcadamente injusta y que pusieron a muchos votantes y candidatos en riesgo de sufrir abusos por parte del gobierno.[10]
Además, desde las elecciones, el gobierno de Maduro ha tomado medidas para que cualquier proceso electoral sea aún más injusto. Ha detenido a miembros de la oposición, amenazado con encarcelar a González y la líder de la oposición María Corina Machado, aprobado una ley que otorga al gobierno amplios poderes para cerrar ONG, y propuesto leyes para restringir aún más la observación electoral internacional.[11]
Aunque rechazamos la idea de repetir las elecciones, coincidimos con sus gobiernos en que una solución a la crisis en Venezuela debería incluir garantías para que todos los partidos políticos participen en los asuntos públicos. Como en otros países, eso requeriría garantizar la participación de personas con opiniones políticas diversas, incluyendo aquellos aliados de Maduro en diferentes instituciones del Estado venezolano como la Asamblea Nacional y las gobernaciones. También requeriría el fin de la persecución arbitraria de los líderes de la oposición y otros críticos, y la liberación de todas las personas que permanecen detenidas arbitrariamente. Instamos a VV. EE. a seguir centrando sus esfuerzos en estas iniciativas y en garantizar el respeto a la voluntad popular reflejada en las elecciones del 28 de julio.
El rol del Tribunal Supremo de Justicia
Sus gobiernos han declarado que “las disputas sobre el proceso electoral deben resolverse por la vía institucional”.[12] El gobierno de México ha dicho que estaba “a la espera de la resolución de la Sala Electoral del Tribunal Supremo” respecto a la elección.[13] El presidente López Obrador interrumpió su participación en los diálogos de sus gobiernos sobre Venezuela mientras el tribunal dictaba sentencia.[14]
Como VV. EE. saben, el 22 de agosto, el Tribunal Supremo “convalidó categóricamente” los resultados electorales anunciados por el CNE y exhortó a las autoridades electorales a “publicar los resultados definitivos”.[15] El tribunal dijo también que las actas de escrutinio hechas públicas por la oposición eran “presuntamente falsas o forjadas” e instó a las autoridades a investigar la “zozobra” que estas habían causado en la población.[16]
Afortunadamente, el presidente López Obrador dijo tras la sentencia que su gobierno “va a esperar que den a conocer las actas” antes de reconocer a un ganador en la elección. Su excelencia señaló que, si bien el “Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro… al mismo tiempo recomienda que se den a conocer las actas”.[17] De la misma manera, el presidente Petro y el presidente Lula da Silva tomaron nota de la sentencia y reiteraron que “que siguen aguardando la difusión, por parte del Consejo Nacional Electoral, de las actas desglosadas por mesa de votación”.[18]
En efecto, varios expertos venezolanos han cuestionado si la Sala Electoral del Tribunal Supremo era el órgano competente para resolver este caso.[19] Asimismo, un gran número de autoridades internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coinciden en que el Tribunal carece de independencia y credibilidad.[20]
El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, sobre la base del examen preliminar de su oficina, ha identificado varios factores “que afectan a la independencia y la imparcialidad” de los jueces del Tribunal Supremo de Venezuela. Entre estos, que la mayoría de los jueces “al parecer tienen conexiones con el actual partido político en el poder”, que algunos fueron nombrados en violación de la legislación venezolana y que existen acusaciones creíbles de que los jueces son nombrados “debido a su lealtad percibida hacia el gobierno”.[21]
Del mismo modo, los expertos de la ONU que forman parte de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela han documentado acusaciones creíbles de que los magistrados del Tribunal Supremo “reciben habitualmente órdenes con respecto a la forma de decidir las sentencias” por parte del poder ejecutivo.[22]
En lugar de proteger el derecho de los venezolanos a participar en elecciones libres y justas, el Tribunal ha desempeñado un papel destacado en el debilitamiento del proceso electoral de 2024. En enero de 2024, el Tribunal confirmó la decisión de impedir que Machado, así como Henrique Capriles, se presentaran a las elecciones.[23] El Tribunal también ha nombrado en repetidas ocasiones a partidarios del gobierno para ocupar cargos de dirección en partidos de oposición como Acción Democrática, Primero Justicia y, más recientemente, el Partido Comunista de Venezuela, lo cual socava la autonomía de estos partidos políticos.[24]
Además, tras el anuncio de los resultados electorales, el Tribunal Supremo felicitó a Nicolás Maduro por su “reelección”, y afirmó que el proceso electoral ocurrió “en paz” y fue “transparente, eficiente, auditable y ejemplo en el mundo”.[25]
Dado este contexto, la decisión final del Tribunal Supremo no constituye un análisis creíble de los resultados electorales ni de la legislación venezolana, que inspire confianza o aceptación generalizadas. Por ello, instamos a sus gobiernos a que insistan en una verificación independiente de los resultados, que debería llevar a cabo una tercera parte creíble e imparcial.
¿Una “amnistía general”?
El presidente Gustavo Petro ha sugerido que debería haber una “amnistía general” de alcance “nacional e internacional” en Venezuela.[26]
Como VV. EE. saben, en virtud del derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de investigar y perseguir graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales.[27] La Misión de Naciones Unidas para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela, al igual que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, ha documentado graves violaciones de derechos humanos en el país. La Misión ha identificado motivos razonables para creer que miembros del gobierno de Maduro han cometido crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos arbitrarios y torturas.[28] Por otra parte, la Fiscalía de la CPI lleva a cabo, desde 2021, una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en el país.
Respetar estas obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos requerirá investigaciones penales estratégicas que prioricen la judicialización de los máximos responsables de atrocidades y se centren en los crímenes más graves y notorios.
Junto con la obligación de investigar y enjuiciar abusos graves, pueden ser necesarios mecanismos de justicia transicional para reparar los daños, restablecer el Estado de derecho y garantizar la no repetición tras un conflicto o crisis como la que se vive en Venezuela. Dichos esfuerzos pueden conllevar reformas legales y mecanismos creíbles que garanticen la verdad y el acceso a justicia reparativa y restaurativa.
Como demuestra la reciente experiencia en Colombia, las amnistías condicionadas que no sean absolutas también pueden desempeñar un rol importante en estos contextos.[29] Sin embargo, la propuesta del presidente Petro, formulada en términos generales y amplios, violaría el derecho internacional y afectaría a los derechos de las víctimas de atrocidades. Del mismo modo, dicha propuesta no garantizaría la seguridad jurídica de todas las partes interesadas en Venezuela, ya que cualquier amnistía que contradiga el derecho internacional podría ser fácilmente derogada o desestimada por jurisdicciones nacionales, extranjeras o internacionales en el futuro.
Esperamos que VV. EE. puedan tener en cuenta estas recomendaciones mientras prosiguen sus esfuerzos para encontrar una solución a la crisis en Venezuela. Quedo a su disposición para seguir discutiendo este asunto y compartir información adicional sobre la situación en Venezuela.
Juanita Goebertus Estrada
Directora
División de las Américas
Human Rights Watch
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EEUU advierte a Maduro de más acciones si no publica actas electorales
Un día después de sancionar a 16 funcionarios chavistas, la Casa Blanca advirtió al gobierno de Venezuela que si no "hace lo correcto" y publica las actas de los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio, tomará acciones adicionales.
Estados Unidos advirtió este viernes al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, de decisiones adicionales si no "hace lo correcto" y publica las actas detalladas de los resultados de las votaciones del 28 de julio, un día después de sancionar a 16 funcionarios chavistas.
"Hemos emitido sanciones. No vamos a descartar nada en el futuro", dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa telefónica.
El funcionario agregó que Maduro "tiene opciones y decisiones que sólo él puede tomar" y "la primera decisión que debe tomar es publicar todos los datos y resultados electorales para que el mundo pueda ver cómo se desarrollaron esas elecciones y cómo y hasta qué punto se cumplió realmente la voluntad del pueblo venezolano”.
"La decisión más importante en este momento para él es si va a hacer lo correcto para el pueblo venezolano. Él tiene que tomar esa decisión. Y si no lo hace, tendremos que tomar algunas decisiones adicionales por nuestra cuenta", agregó Kirby.
El jueves, Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Asamblea Nacional, por "obstruir proceso electoral presidencial" venezolano.
Entre los sancionados están a presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Rosalba Gil Pacheco; y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante Aparicio.
Del mismo modo, el Departamento de Estado prohibió la entrada al país de "funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y que son responsables de los actos de represión".
Reacciones en Venezuela
Ya más temprano, funcionarios de la Corte Suprema y el Poder electoral de Venezuela habían repudiado estas sanciones.
“No vamos a doblegarnos ante ellos”, dijo la presidenta de la Corte Suprema de Venezuela, Caryslia Rodríguez, en la lista de los nuevos sancionados por Estados Unidos, que tildó como “una nueva acción colonialista”.
El CNE también sacó un comunicado rechazando lo que consideró es un “infame acto de injerencia cometido por el gobierno de Estados Unidos”.
“Se intenta señalar y amedrentar a un conjunto de servidores públicos venezolanos, entre ellos la rectora del Consejo Nacional Electoral, Rosalba Gil Pacheco y su secretario Antonio José Meneses Rodríguez”.
En el comunicado, el CNE exige a Estados Unidos no “involucrarse en asuntos internos” del organismo.
"No somos chantajeables, ni nos dejamos intimidar por la lacra imperial", expresó por su parte la Fuerza Armada, en un comunicado leído en la televisión estatal por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acompañado por el alto mando militar.
Se forma la tormenta tropical Gordon en el océano Atlántico
La tormenta tropical Gordon se formó en el océano Atlántico. Se espera que se fortalezca ligeramente antes de debilitarse a partir del fin de semana, a medida que gira hacia el noroeste.
La tormenta tropical Gordon se formó el viernes en el océano Atlántico y los meteorólogos dijeron que se espera que permanezca sobre aguas abiertas durante varios días.
La tarde del viernes la tormenta tenía vientos máximos sostenidos de 40 mph (65 kph) y estaba ubicada a unas 990 millas (1.590 kilómetros) de las islas de Cabo Verde, moviéndose al oeste-noroeste a 12 mph (19 kph), según el Centro Nacional de Huracanes en Miami.
Gordon se formó durante el pico de la temporada de huracanes del Atlántico que comenzó el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Es la séptima tormenta con nombre de la temporada.
Se espera que Gordon se fortalezca ligeramente antes de debilitarse a partir del sábado a medida que gira hacia el noroeste, dijeron los meteorólogos.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha pronosticado una temporada de huracanes del Atlántico superior a la media este año debido a las temperaturas cálidas récord del océano. Pronosticó entre 17 y 25 tormentas con nombre, con cuatro a siete huracanes importantes de categoría 3 o superior.
Choque entre la policía de fronteras de Panamá y grupos armados deja dos muertos cerca del Darién
La policía de fronteras de Panamá informó de la muerte de dos presuntos delincuentes en enfrentamientos armados en una zona de paso de migrantes cerca del Darién, tras recibir información por parte un grupo de migrantes de que le fueron robadas sus pertenencias.
La policía de fronteras de Panamá informó el jueves de la muerte de dos presuntos delincuentes en dos enfrentamientos armados consecutivos en una zona de paso de migrantes cercana a la selva del Darién, una ruta que ha registrado cifras récord movilización de personas en los últimos años y donde se ha incrementado la inseguridad.
El choque entre uniformados y los armados se produjo el miércoles, según un comunicado del Servicio Nacional de Fronteras, tras recibir información por parte un grupo de migrantes "a los que le fueron robadas sus pertenencias”. Al recibir la voz de alto de la policía de fronteras, un grupo de personas armadas abrió fuego.
Resultó “neutralizado uno de los delincuentes”, un hombre que portaba un rifle calibre .22 con cañón recortado, indicó el comunicado. El segundo muerto fue resultado de un enfrentamiento posterior, al acudir a la voz de auxilio en un punto cercano, a un kilómetro del primer incidente. Según la policía, llevaba una escopeta calibre 16.
Los enfrentamientos ocurrieron en un corredor humanitario, aproximadamente a cinco kilómetros de Tres Bocas, una zona de confluencia de migrantes en la peligrosa selva del Darién. Por esa jungla, han pasado entre enero y agosto, más 236.000 migrantes. En el mismo periodo de 2023, la atravesaron más de 324.000 personas. Ese año, Panamá reportó una cifra récord de desplazamientos con más de medio millón de personas.
Ante esa situación, el nuevo gobierno de Panamá, con la llegada al poder en julio pasado de José Raúl Mulino, planteó una política de mayor control y endurecimiento de medidas contra el flujo irregular de migrantes. En lo que va de mandato, Panamá ha realizado seis vuelos de repatriación hacia Colombia, Ecuador e India bajo un acuerdo firmado con Estados Unidos.
Organizaciones humanitarias que trabajan en la zona para atender a los migrantes han denunciado en los últimos meses un aumento de la inseguridad contra los extranjeros.
No es la primera vez que un enfrentamiento entre uniformados y personas armadas deja víctimas. Al menos en mayo de 2023, otro choque con la policía se saldó con tres muertos.
El levantamiento de los dos cadáveres que dejó el operativo del miércoles se realizará en las próximas horas por personal del Ministerio Público, de acuerdo con la policía de fronteras. También se dará atención a "otras víctimas rescatadas”, señalaron las autoridades sin dar mayores detalles de si había heridos u otro tipo de afectados.
Venezolanos encabezan solicitudes de refugio en España
Un total de 111.463 personas han pedido asilo en España entre enero y agosto de 2024. Casi 4 de cada 10 solicitudes han sido presentadas por inmigrantes de Venezuela, que escapan de la grave crisis humanitaria y política.
Un total de 111.463 personas han pedido asilo en España entre enero y agosto de 2024, casi un 40% de ellas venezolanas, según datos publicados este viernes por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Según estos datos, publicados en la red social 'X' y recogidos por Europa Press, casi 4 de cada 10 solicitudes han sido presentadas por personas que han huido de Venezuela que, tal y como indica CEAR, "atraviesa una grave crisis humanitaria y política".
Además, CEAR ha señalado que un 15% de las solicitudes se han resuelto de manera favorable, lo que supone un incremento de un 2% en el último mes, pero que casi una de cada dos siguen siendo denegadas.
Asimismo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha advertido de que el 40% de las personas, en su mayoría venezolanas, solo reciben protección por razones humanitarias, "que tiene menos garantías".
CEAR ha pedido "voluntad política" para "poner encima de la mesa planteamientos más estratégicos que incentiven vías legales ya" y "aborden la llegada de personas que necesitan refugio desde la inclusión y la corresponsabilidad en su bienestar social y el de las sociedades de acogida".
Ministra española califica al régimen de Maduro como "dictadura" y Venezuela dice que hay deterioro de las relaciones
El ministro de Exteriores de Venezuela convocó al embajador español en Caracas y llamó a consultas a su representante diplomática en España.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se refirió el jueves al Gobierno de Nicolás Maduro como una "dictadura" recordando a todos los hombres y mujeres venezolanos que "han tenido que salir de su país".
Poco después, el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, anunció su decisión de convocar al embajador español en Caracas, Ramón Santos Martínez, y de llamar a consultas a su representante diplomática en España, Gladys Gutiérrez, como respuesta a lo que consideró como "insolentes, injerencistas y groseras" declaraciones de la ministra de Defensa española.
"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ante las insolentes, injerencistas y groseras declaraciones de la ministra española Margarita Robles, que apuntan a un deterioro de las relaciones entre ambos países, ha decidido llamar a consultas a la embajadora venezolana acreditada ante el Reino de España, Gladys Gutiérrez", reza un comunicado de Gil publicado en su cuenta de la red social Facebook.
Gil también ha indicado que el embajador español deberá comparecer este viernes en la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.
Las declaraciones de la ministra Robles ocurrieron como parte de su intervención durante el acto de presentación de la novela de Julia Navarro 'El niño que perdió la guerra', donde además ha recordado a todos los hombres y mujeres venezolanos que "han tenido que salir de su país".
Al acto en el Ateneo de Madrid, asistieron el expresidente del Gobierno Felipe González, el juez Manuel Marchena y la recién nombrada presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, entre otras personalidades.
A colación de los totalitarismos que se revelan en la novela de Julia Navarro, la ministra hizo un inciso para mandar un "recuerdo a los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país, precisamente por la dictadura que viven".
En este contexto, Robles mencionó también al opositor Edmundo González que se encuentra en España tras abandonar por deseo propio Venezuela para solicitar asilo. El opositor fue recibido el jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.
![La fábrica de General Motors en Quito, Ecuador cerrará su producción el viernes 6 de septiembre del 2024, en medio de la presión de los competidores locales. [Foto: Néstor Aguilera/VOA]](https://gdb.martinoticias.com/918bcd36-4fb1-411f-90a2-7e4d7077cddc_w100_r1.png)
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