Un fiscal que acusó a la presidenta argentina Cristina Fernández de encubrir a los presuntos autores de un trágico atentado a una mutual judía hace dos décadas fue encontrado muerto en su hogar el domingo por la noche.
El fiscal Alberto Nisman, que investigó durante más de una década el ataque de 1994 contra la mutual AMIA que dejó 85 muertos en Buenos Aires, tenía previsto presentar detalles de su denuncia en una reunión privada con diputados argentinos en la tarde del lunes.
El cuerpo de Nisman, que también había acusado al Canciller argentino de encubrir a los iraníes imputados por el atentado, fue hallado con un disparo en el baño de su departamento en el lujoso barrio de Puerto Madero, en la capital argentina.
Su muerte podría tratarse de un suicidio, dijo el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, que aclaró que la hipótesis aún no puede confirmarse.
"Junto al cuerpo de Nisman, que se hallaba en el suelo, se encontró un arma de fuego calibre 22, además de un casquillo de bala", dijo el Ministerio de Seguridad en un comunicado, detallando que la puerta del departamento del Fiscal estaba cerrada con llave desde el interior.
Las autoridades dijeron que Nisman contaba con una custodia personal de 10 oficiales de la Policía Federal, pero no dieron mayores detalles.
Los canales de noticias mostraron imágenes en vivo de un amplio operativo policial en la madrugada del lunes al frente del edificio donde vivía el Fiscal, que con su muerte reavivó el torbellino político en torno a la investigación del atentado.
"Estamos investigando la causa de la muerte", señaló en el lugar la fiscal Viviana Fein, quien dijo que los resultados de la autopsia estarán listos el mismo lunes.
La denuncia que realizó Nisman contiene una larga serie de escuchas telefónicas de ciudadanos iraníes, personal de inteligencia de Argentina, dirigentes políticos locales y un ex fiscal.
"Yo puedo salir muerto de esto", había dicho Nisman en una entrevista publicada la semana pasada por el diario argentino Clarín, luego de presentar su denuncia.
Nisman había dicho que en las grabaciones telefónicas –que, entre otros, incluyen a Mohsen Rabbani, un ex funcionario iraní en Argentina que tiene pedido de captura por el atentado– se puede oír a personal de inteligencia revelando detalles de la causa y hablando en detalle sobre su persona.
Después de conocerse la muerte del Fiscal, la presidenta Fernández ordenó la desclasificación de archivos de inteligencia solicitados por Niesman, según una comunicación enviada por el director de la agencia de inteligencia SIDE a una Jueza Federal.
"Me atrevo a decir que volvió a estallar la bomba de la causa AMIA", declaró Julio Schlosser, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en declaraciones a una radio local.
ISRAEL PIDE SEGUIR CON INVESTIGACIÓN
El Gobierno había calificado la denuncia de Nisman como "ridícula" y el Juez a cargo del caso AMIA había cuestionado el trabajo del Fiscal.
El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, acusado de formar parte de la conspiración, leyó la semana pasada una carta del ex director general de Interpol, Ronald Noble, quien negó que funcionarios argentinos hayan buscado remover los pedidos internacionales de captura que pesan sobre cinco iraníes acusados del ataque, como afirmaba Nisman.
Según Nisman, el Gobierno había buscado "desincriminar" a los acusados iraníes del ataque para restablecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre Argentina e Irán.
En medio de la incertidumbre y las acusaciones cruzadas, Israel señaló su preocupación a través de un comunicado: "El Estado de Israel expresa su esperanza de que las autoridades argentinas continuarán la actividad de Nisman y harán todos los esfuerzos posibles para imponer justicia sobre los responsables de los ataques terroristas en Argentina".
La voladura del edificio central de la AMIA, una histórica mutual de servicios sociales para la comunidad judía, en el centro de Buenos Aires, conmovió profundamente al país en 1994. Dos años antes, otra bomba había destruido la embajada de Israel en la capital de Argentina.
La Justicia argentina ha acusado por el atentado a varios ciudadanos iraníes, entre ellos un ex Ministro de Defensa, pero Irán ha rechazado esos cargos. En el 2013, Argentina e Irán firmaron un memorando de entendimiento con la expectativa de avanzar en la investigación del ataque e interrogar a los sospechosos, luego de que la causa estuviera paralizada durante años por la negativa de Teherán de extraditar a los acusados.
El acuerdo nunca entró en vigencia ya que requería un visto bueno del Parlamento iraní que jamás obtuvo, y también fue cuestionado el año pasado por una corte argentina que consideró que era inconstitucional, un fallo que luego fue apelado por el Gobierno del país sudamericano.
