Organizaciones independientes que han venido compilando y analizando los procesos penales derivados del estallido social calificaron una comunicación de la Fiscalía General de la República de Cuba como inexacta y engañosa.
La organización Cuban Prisoners Defenders (CPD) conceptuó como “fake news” la información de la Fiscalía General que “solo busca engañar a la prensa y confundir a la opinión pública”.
En la nota publicada este lunes en su sitio web, el máximo órgano acusador de la Isla notificó la existencia de 381 procesados por su participación en las protestas del 11 de julio y el pronunciamiento por parte de los tribunales de 76 sentencias firmes.
"Es tan tendencioso que ha pasado a ser ‘fake news’. Ya resulta sospechoso que la Fiscalía encargada de procesar a los manifestantes del 11J no hable de los que están procesados y limite su reporte a 76 sentencias que han adquirido firmeza. Esto es una limitación absoluta”, recalcó a Radio Televisión Martí, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, organización que denunció recientemente al menos 1.046 presos políticos, la mayoría por los sucesos del 11 de julio.
“Si tú eres quien procesa, ¿por qué no cuentas todo lo que estás procesando? Pero, es más, es que dejan de reportar cientos de procesados e incluso cientos de sentenciados que languidecen ya en prisión”, afirmó.
“Hay más de 1000 procesados, 726 sentenciados. Tenemos las sentencias, la documentación de todos esos casos, sentencias que no pueden ser obviadas y situaciones de prisión que, como poco, son para reportarlas”, precisó Larrondo.
"Al menos 37 menores han sido procesados y al menos 23 han sido ya sentenciados", apuntó.
La Fiscalía General menciona 16 menores, de ellos 15 a quienes se les habría subsidiado la privación de la libertad por otro tipo de sanciones, como trabajo correccional con y sin internamiento, y limitación de libertad.
“El objetivo no es otro que llevar a la prensa al error de oficializar que en Cuba hay 381 personas en prisión por el 11J. La misma magnitud de falsedad, porque sancionados son aquellos que están sentenciados y en prisión, que son cientos más”, dijo Larrondo.
“Al igual que los que están sancionados con un auto fiscal que les priva de la libertad. ¿O qué pasa? ¿Esos no están sancionados, estando en prisión por un auto fiscal ejecutivo? Otros cientos más”, dijo.
“Faltaría ahora que Cuba suministrara los centenares de casos y situaciones de las otras decenas de causas penales en curso, muchas de ellas ya condenadas. Eso ya sería otra explicación”, señaló el líder de Prisoners Defenders.
A 36 penados por sedición se les impusieron castigos que van de los cinco a los 25 años de cárcel, expuso la Fiscalía y agregó que a 84 personas se les subsidió la privación de la libertad por otro tipo de sanciones alternativas.
Las cifras publicadas no coinciden con las que han dado a conocer organizaciones como Prisoners Defenders, Justicia 11J y Cubalex.
“De lo que dice el artículo de la Fiscalía General de la República, se ve cómo el Estado cubano viola principios básicos del derecho a la información de la ciudadanía”, manifestó a Radio Televisión Martí, Giselle Morfi, una de las voceras de Cubalex.
“Por ejemplo, cuando dice que ‘la Fiscalía General de la República continúa informando’, lo hace violando el principio de calidad de la información porque genera dudas en el receptor, o sea, de la lectura no queda claro si se trata de todos los casos en general, como sugiere el título, o sólo de los recursos penales. En este caso se tratan de cifras posteriores a los recursos penales”, advirtió la especialista.
“También viola el principio de fidelidad a la información porque no podemos como sociedad civil, corroborar estos datos ya que sólo ellos tienen acceso a esta información. Viola, además, el principio de transparencia proactiva y de máximas revelación y divulgación, pues esto es fruto del reclamo popular por acceder a información de interés social y relevancia pública”, destacó.
“Y recordar que hay un listado también de Justicia 11J que está indagando y recopilando y el régimen se está viendo obligado a sacar la que le conviene. No conocemos la veracidad de esta información, no hay forma de comprobarlo”, lamentó.
Asimismo, “muestra la política del Estado de criminalizar derechos al clasificar los hechos como ‘disturbios’ provocados el 11 de julio, que lo vemos desde el título cuando se han documentado violaciones a las garantías del debido proceso penal en estos casos, lo que indica que ellos han atentado contra la presunción de inocencia de las personas que han sido condenadas”, enfatizó Morfi.
