Los activistas de Greenpeace podrían pasarse quince años en las cárceles rusas. La fiscalía les acusa de piratería, y ahora de contrabando de narcóticos. Son treinta los acusados, de 18 nacionalidades, y entre ellos están Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi, ambos de Argentina y la brasileña Ana Paula Maciel. Dentro de poco cumplirán un mes tras las rejas, pues fueron arrestados el 18 de septiembre cuando protestaban por las excavaciones de la petrolera rusa Gazprom en el Ártico. La idea era escalar a una plataforma de la empresa petrolera que perfora en la zona ártica. Vinieron tropas especiales de los guardacostas, dispararon y detuvieron a los activistas.
Greenpeace denunció el encarcelamiento en la prisión especial Murmansk, en la zona ártica, donde no hay calefacción y las condiciones en las celdas las califican de inhumanas. De nada han valido los pedidos del gobierno de Holanda, bajo cuya bandera navegaba la nave "Arctic Sunrise" para que se liberen a los activistas y a la nave retenida. Más reciente, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo haber ordenado comenzar contactos a través de la cancillería, para obtener la libertad de la ciudadana brasileña.
El propio Putin dijo en un inicio que no consideraba piratería la acción de los ecologistas, pero la fiscalía rusa mantiene la acusación, además de "impedir a las autoridades realizar sus labores", en el caso de los guardacostas. El arsenal de acusaciones podría aumentar al decir de los investigadores rusos tras declarar que en el barco había "material de potencial uso militar". Gazprom jura que sus empleados corrieron peligro por la acción de los ecologistas.
Lo absurdo de la acusación movilizó a protestas en numerosas capitales ante las embajadas rusas. Estas manifestaciones son casi diarias, y lo mismo se realiza en Berlín, Buenos Aires, Kiev, Madrid o Brasilia. Desde Nueva Zelandia hasta México, pasando por Rusia, miles de personas levantan sus voces por los detenidos; su principal crimen es el preservar el medio ambiente.
Greenpeace denunció el encarcelamiento en la prisión especial Murmansk, en la zona ártica, donde no hay calefacción y las condiciones en las celdas las califican de inhumanas. De nada han valido los pedidos del gobierno de Holanda, bajo cuya bandera navegaba la nave "Arctic Sunrise" para que se liberen a los activistas y a la nave retenida. Más reciente, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo haber ordenado comenzar contactos a través de la cancillería, para obtener la libertad de la ciudadana brasileña.
El propio Putin dijo en un inicio que no consideraba piratería la acción de los ecologistas, pero la fiscalía rusa mantiene la acusación, además de "impedir a las autoridades realizar sus labores", en el caso de los guardacostas. El arsenal de acusaciones podría aumentar al decir de los investigadores rusos tras declarar que en el barco había "material de potencial uso militar". Gazprom jura que sus empleados corrieron peligro por la acción de los ecologistas.
Lo absurdo de la acusación movilizó a protestas en numerosas capitales ante las embajadas rusas. Estas manifestaciones son casi diarias, y lo mismo se realiza en Berlín, Buenos Aires, Kiev, Madrid o Brasilia. Desde Nueva Zelandia hasta México, pasando por Rusia, miles de personas levantan sus voces por los detenidos; su principal crimen es el preservar el medio ambiente.
