El gobierno de Colombia y la guerrilla comunista de las FARC acordaron este jueves la creación de una Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado de medio siglo, el segundo acuerdo parcial que anuncian este año, en medio de un recrudecimiento de las hostilidades.
"El Gobierno Nacional y las FARC hemos alcanzado un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el acuerdo final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial", dijeron en un comunicado leído por el diplomático cubano Rodolfo Benítez, cuyo país es garante junto con Noruega del proceso de paz.
Las negociaciones, iniciadas en noviembre de 2012, se han visto complicadas por desacuerdos entre ambas partes sobre justicia ante los crímenes contra la humanidad cometidos a lo largo del prolongado conflicto armado, el último en América, que ha dejado unos 220.000 muertos y seis millones de desplazados, según cifras oficiales.
También se han visto complicadas por un recrudecimiento de las hostilidades en Colombia desde mediados de abril, que ha dejado unos 45 guerrilleros y una quincena de militares muertos, pero ambas partes han ratificado su voluntad de seguir negociando.
En este acuerdo, divulgado al cierre del ciclo 37 de las negociaciones de La Habana, las partes "se comprometen a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la Comisión".
La creación de la Comisión de la Verdad es el segundo acuerdo que alcanzan el gobierno y la guerrilla este año, luego de que acordaran en marzo un plan de desminado, considerado un paso gigante hacia la paz, según el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle.
"La Comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de (...) las responsabilidades colectivas del Estado (...), de las FARC, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto", indicó el diplomático noruego Dag Nylander.
Las actividades de la Comisión "no tendrán carácter judicial ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella y la información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por ésta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio", según el comunicado.
La Comisión, que tendrá una duración de tres años más un periodo de preparación de seis meses, estará integrada por 11 miembros, que serán escogidos por un comité de nueve personas nombradas por las partes.
Ambas delegaciones se abocarán ahora de lleno a discutir el tema de justicia, sobre el que existen grandes desacuerdos.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos impulsa un proyecto de "justicia transicional", que es rechazado por la guerrilla, que afirma que sólo busca castigar a los guerrilleros, cuando ellos afirman que el Estado ha sido el principal responsable por la violencia armada.
El domingo, en una entrevista con el periódico colombiano El Tiempo, el comandante Pastor Alape, miembro de la cúpula de las FARC y uno de sus cinco "plenipotenciarios" en las negociaciones de La Habana, declaró que la guerrilla no descartaba algún tipo de sanción penal para los rebeldes si una comisión de la verdad lo definía así.
"Si el país define en esa comisión que hay que buscar una fórmula de ir a un escenario de este tipo, seguramente lo vamos a tener en cuenta", dijo Alape.
"Los colombianos debemos entender que por encima de cualquier corte, está la paz de Colombia", declaró este jueves el jefe negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez.
La delegación del gobierno no comentó el acuerdo sobre la Comisión de la Verdad, pero Humberto de la Calle hablará con la prensa a las 23H00 GMT de este jueves.
El ciclo que concluyó este jueves estuvo centrado en la Comisión de la Verdad, subpunto del sensible tema de reparación a las víctimas, que el gobierno y la guerrilla discuten desde hace más de un año.
Las partes han consensuado tres de los seis puntos de la agenda de paz, e informaron el viernes el inicio del proyecto piloto de desminado, en la primera iniciativa conjunta anunciada tras el recrudecimiento de las hostilidades.
Ambas delegaciones de paz retomarán las negociaciones el 17 de junio.
