CARTA ABIERTA A LAS JEFAS Y JEFES DE ESTADO DE LOS ESTADOS AMERICANOS EN OCASIÓN DE LA LIV SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

El lema de la 54° Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) es “Integridad y Seguridad para el Desarrollo de la Región”. En ese sentido, Amnistía Internacional estima que la integridad y la seguridad sólo pueden ser sostenidas de forma integral en la medida que se centren en el respeto y garantía de los derechos humanos. De hecho, la OEA ha determinado la importancia e interdependencia de los derechos humanos al consagrar dentro de sus cuatro pilares fundamentales a: “la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo”.

Como todos los años, Amnistía Internacional hace un llamado a la OEA y a su Secretaría General a centrar sus esfuerzos para que los derechos humanos guíen las políticas públicas a desarrollar por parte del máximo foro multilateral del continente.

Al respecto, Amnistía Internacional considera que el cierre del espacio cívico en varios Estados del hemisferio es un punto de inflexión que requiere tomar medidas urgentes por el concierto de las naciones interamericanas.

Asimismo, frente a la elección de magistradas y magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la organización exhorta a los Estados Miembros a elegir a quienes presenten las más altas credenciales en la materia, para garantizar que esta Corte regional pueda continuar liderando el desarrollo efectivo de estándares interamericanos en materia de derechos humanos.

Por tanto, Amnistía Internacional hace un firme llamado a este foro para priorizar soluciones duraderas con perspectiva de derechos humanos a nivel regional.

Cierre del espacio cívico en las Américas

Para Amnistía Internacional es claro que el espacio cívico se ha visto seriamente reducido en el hemisferio americano, siendo su consecuencia directa los retrocesos en materia de derechos humanos. Debe señalarse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha determinado que el espacio cívico “se refiere a las circunstancias reales que hacen posible la participación ciudadana en una sociedad en un momento y tiempo determinado. Se constituye por aquellos factores jurídicos, políticos, administrativos, económicos, culturales, que determinan la forma y las modalidades operativas del escenario, tanto físico como digital, en el que las y los diferentes actores de la sociedad civil participan efectivamente en la vida de su comunidad”.

Así, la CIDH también ha señalado que la “determinación respecto de la apertura o cierre del espacio cívico en un Estado depende de las condiciones jurídicas y las circunstancias fácticas que favorecen o restringen el ejercicio de aquellos derechos identificados para que las personas y grupos puedan desempeñar dicho papel significativo en sus sociedades y contribuir en los procesos de toma de decisiones en los asuntos que les afectan, en particular: la libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad de asociación y el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos”.

• Organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas

En las Américas, el cierre del espacio cívico ha afectado particularmente a personas defensoras de derechos humanos, incluidos colectivos y organizaciones de base, a quienes ejercen el periodismo, y a las personas percibidas como opositores políticos. En países como como El Salvador, Nicaragua y Venezuela, donde el derecho a la libertad de expresión ya estaba amenazado, los Estados impusieron más medidas legales e institucionales contra los grupos de la sociedad civil para tratar de silenciar las críticas.

En el caso de Venezuela, existen proyectos de ley, cuya aprobación y entrada en vigor podrían ser inminentes, amenazando con cerrar el ya limitado espacio cívico. Asimismo, entre agosto de 2022 y septiembre de 2023, Nicaragua revocó la personería jurídica de más de 2,000 organizaciones no gubernamentales (ONG), con lo que la cifra total de ONG clausuradas desde 2018 ascendía a 3,394. En agosto del 2023 se cerró la Universidad AMR 01/7948/2024 Centroamericana de Nicaragua, acusada de ser un “centro de terrorismo” y se confiscaron los bienes de organizaciones como Cruz Roja. Por su parte, en El Salvador, durante el 2023, se produjo un aumento de las protestas ante la situación del estado de excepción que se había impuesto en marzo de 2022. Sin embargo, la respuesta por parte del Estado fue la estigmatización, amenazas, hostigamiento y vigilancia a quienes organizaban las protestas y a quienes participaban en ellas, y restricciones a la libertad de circulación.

De igual forma, la organización resalta que las Américas es un lugar del mundo altamente peligroso para quienes ejercen el periodismo. En países como Argentina, Colombia, Cuba, El Salvador, México, Paraguay, República Dominicana y Venezuela se somete a amenazas, hostigamiento, y en algunos casos incluso el homicidio y la vigilancia ilegítima a profesionales de los medios de comunicación. El uso de la violencia a través de redes digitales, con el objeto de silenciar y acallar a periodistas, en especial mujeres, líderes de la oposición, artistas y medios de comunicación, también ha afectado a periodistas y personas defensoras en Argentina.

En República Dominicana, se demostró con pruebas que la destacada periodista especializada en corrupción e impunidad Nuria Piera había sido atacada en 2020 y 2021 con el programa espía Pegasus de NSO Group, que permite el acceso pleno y sin restricciones a dispositivos electrónicos; las autoridades negaron haber participado en la vigilancia. En México, en 2023 al menos cinco periodistas fueron asesinados por motivos posiblemente relacionados con su trabajo, según la organización ARTICLE 19. Mientras en El Salvador no se tienen datos sobre el avance de las investigaciones sobre el uso del programa espía Pegasus en contra de diversos miembros de la sociedad civil.

Por otro lado, Amnistía Internacional tampoco puede dejar de señalar que el hemisferio americano sigue siendo una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos. En ese sentido, Estados y actores no estatales utilizan diversas herramientas, tales como el hostigamiento, la estigmatización, la criminalización, la desaparición y el homicidio, para impedir que activistas de derechos humanos llevaran a cabo su legítima y necesaria labor en países como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico República Dominicana y Venezuela.

Honduras presenta la cifra más alta del mundo de personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente asesinadas en relación con su población, según datos de Global Witness. A nivel regional, las violencias contra personas defensoras del aborto han persistido; y en lugares como Argentina o Estados Unidos se han recrudecido sensiblemente.

Aunque la mayoría de los países de las Américas carecen de sistemas sólidos de protección para personas defensoras de derechos humanos, Colombia mostró algunas señales de mejora. En este país, el Ministerio del Interior anunció el fortalecimiento del programa de protección colectiva de las personas defensoras de los derechos humanos integrantes de organizaciones populares y comunidades, dirigido específicamente a quienes defendían la tierra y el territorio. Aunque los resultados de estas acciones, en términos de mejoría del espacio para ejercer la labor de defensa de derechos humanos en el país, está por verse.

Amnistía Internacional hace un llamado a los Estados de las Américas para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen el periodismo pueden llevar a cabo sus actividades en condiciones de seguridad, sin temor de ser amenazados, perseguidos y/o criminalizados, elaborando programas de protección efectiva, o mejorando los existentes, así como velando por que las personas sospechosas de agredir a estos miembros de la sociedad civil comparezcan ante la justicia.

• Uso excesivo de la fuerza policial y militarización

Para la organización es imperativo mencionar que el uso excesivo e innecesario de la fuerza, incluidos medios letales, por parte de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley ha estado presente en toda la región. En Brasil, entre julio y septiembre de 2023, al menos 394 personas murieron violentamente en operaciones policiales que tuvieron lugar en los estados de Bahía, Río de Janeiro y São Paulo, mientras que el Estado seguía sin adoptar medidas para reducir la violencia policial, incluido el uso de cámaras corporales.

En Perú, el cierre del espacio cívico fue patente al restringirse el derecho a la protesta durante diciembre de 2022 y febrero 2023. En tal período, las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo e ilegitimo de la fuerza como política de castigo contra las personas que protestaron. A la fecha, es de preocupación la falta de acceso a la justicia, la verdad y la reparación para los familiares de las 50 personas fallecidas y quienes resultaron heridas.

En Estados Unidos, al menos 1,153 personas perdieron la vida a manos de la policía en 2023, según los medios de comunicación, como el Washington Post. La represión por parte de las autoridades de Canadá y Estados Unidos en contra de manifestaciones en su mayoría pacíficas, realizadas por estudiantes universitarios que protestan por los bombardeos de Israel en contra de Gaza y la negativa de ayuda humanitaria, pone en detrimento el derecho a la protesta.

En Argentina el denominado “protocolo anti-protesta” pone en detrimento diversos derechos humanos, además de identificar a la protesta pacífica como un delito, y de criminalizar, perseguir, estigmatizar a manifestantes, organizaciones y grupos determinados, con especial foco en líderes, referentes sociales y organizaciones políticas, sociales y sindicales, así como defensores de derechos humanos. En lo que va de este año, diversas personas, incluyendo periodistas que cubrían las protestas han resultado lesionadas. También organizaciones sociales, denuncian haber sido criminalizadas debido a la aplicación del anterior protocolo.

Por otra parte, la militarización de la seguridad pública es una constante en varios países, como El Salvador, Honduras, y Ecuador, que cuentan con estados de excepción en vigor. Además, Ecuador y México impulsaron diversas iniciativas legislativas para permitir la intervención prolongada de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

En virtud de lo anterior, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades de los Estados de las Américas a garantizar que la aplicación de la ley cumpla con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, en particular aquellas que regulan el uso de la fuerza. También urge a los Estados para que las personas presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos comparezcan ante la justicia en juicios justos ante tribunales de naturaleza civil.

• Crisis de personas refugiadas

Las crisis políticas, humanitarias y económicas en las que se encuentran sumidos varios Estados de la región, tiene relación directa con el aumento sistemático del número de personas que abandonaban su país de origen en busca de seguridad. Ellos, a su vez, son con frecuencia objeto de violaciones de derechos humanos en tal proceso. Así, por ejemplo, la escalada de violencia en Haití ha alcanzado niveles alarmantes, y se reportan decenas de muertos, secuestros, violaciones sexuales a mujeres y niñas, y el desplazamiento forzado de más de 95,000 personas desde inicios de 2024.

De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 7.72 millones de personas venezolanas se han marchado de su país, lo cual representa a más del 25% de la población total del país y una de las crisis de movilidad humana más grandes a nivel global. Así, las autoridades de Panamá notificaron que unas 520,000 personas habían atravesado la frontera entre Colombia y Panamá a través del Tapón del Darién. También se ha producido un aumento vertiginoso del número de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que llegaban a México con el objetivo de pasar a Estados Unidos o Canadá.

Además, en Estados como Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú, no se han respetado ni protegido los derechos de las personas migrantes y refugiadas, en particular, el derecho de solicitar asilo. Por ejemplo, en Estados Unidos las autoridades continúan aplicando la detención arbitraria masiva por motivos migratorios, utilizando prisiones privadas para recluir a las personas que buscan seguridad. En República Dominicana, la discriminación contra la población haitiana o de ascendencia haitiana y el racismo contra las personas negras persiste, colocando a migrantes, solicitantes de asilo y refugio, mujeres y niñas y personas LGBTI en una situación especialmente vulnerable. Las autoridades de inmigración y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley irrumpieron en los hospitales, efectuando registros discriminatorios en busca de mujeres y niñas haitianas para detenerlas arbitrariamente y expulsarlas.

Mientras en Chile, Colombia, Ecuador y Perú, las personas venezolanas encontraron importantes barreras para acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de persona refugiada y otros programas de protección temporales o complementarios. En consecuencia, muchas no podían regularizar su situación y acceder a los servicios básicos, incluidos los relacionados con la salud, y quedaban expuestas a riesgos a sus vidas e integridad. Al contrario de sus obligaciones internacionales y nacionales, tanto Chile como Perú impulsaron iniciativas legislativas regresivas en materia de protección a personas refugiadas y migrantes, poniéndolas en situaciones de alarmante vulnerabilidad y en riesgo de expulsiones sumarias y colectivas y de posible criminalización.

Por todo lo anterior, Amnistía Internacional hace un llamado a los Estados de las Américas para respetar el principio de no devolución (non-refoulement), así como también abstenerse de detener arbitrariamente a personas refugiadas y migrantes, y suspender de forma urgente las expulsiones. Además, los Estados de las Américas deben garantizar que todas las personas pueden solicitar asilo y acceder a un procedimiento justo y eficaz para ello, especialmente quienes huyen de violaciones de derechos humanos.

• Detenciones arbitrarias

Por otra parte, Amnistía Internacional lamenta que la detención arbitraria sea una práctica generalizada en la región, y en ocasiones sea usada como herramienta para acallar voces disidentes. Así, en Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela se continúa violando el derecho a la libertad, a un juicio justo y a la integridad física. De igual forma, en El Salvador, México, Nicaragua y Venezuela, las personas detenidas sufren con frecuencia tortura u otros malos tratos y, en ocasiones, desaparición forzada. En Venezuela, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que se habían llevado a cabo aproximadamente 15,800 detenciones arbitrarias entre 2014 y 2023, y que unas 280 personas seguían detenidas por motivos políticos.

Por lo anterior, Amnistía Internacional exhorta a los Estados de las Américas a garantizar el derecho a un juicio justo y abstenerse de hacer un uso indebido del sistema de justicia, con el fin de acallar a quienes defienden derechos humanos o son percibidos como opositores políticos.

Elección de las y los miembros de Corte IDH

Este año, la Asamblea General de la OEA tendrá la tarea de elegir a tres personas para ostentar una magistratura ante la Corte IDH. Amnistía Internacional ha señalado en diversas ocasiones que el Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos (SIDH), conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH, es un patrimonio a salvaguardar en las Américas, siendo con frecuencia la única esperanza de justicia para muchas víctimas de violaciones a derechos humanos.

La Corte IDH ha sido una piedra angular para la construcción de una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos en las Américas. Gracias al desarrollo de estándares y jurisprudencia interamericana emitida por esta Corte, que ha sido adoptada y acogida posteriormente en los países del continente y que no sólo ha permitido la creación de políticas públicas en materia de derechos humanos, sino también el desarrollo de jurisprudencia nacional respetuosa de estos derechos.

De hecho, los avances en dichos estándares y jurisprudencia interamericana también han permeado y beneficiado a nivel internacional, siendo común encontrarlos en otros mecanismos regionales de derechos humanos (sistema africano y sistema europeo) y de los órganos de tratado de Naciones Unidas, como el Comité de los Derechos del Niño, o incluso la Corte Penal Internacional, que han basado sus resoluciones en fallos interamericanos.

Este año cinco candidaturas fueron propuestas para los tres puestos vacantes en la Corte IDH. Las candidaturas provienen de Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Amnistía Internacional reconoce la labor del Panel independiente para evaluar candidaturas del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH), un mecanismo que desde la academia y la sociedad civil evalúa las candidaturas, basándose en un exhaustivo análisis de su trayectoria en materia de derechos humanos bajo los principios de equidad, transparencia e inclusividad en los procesos de nominación y elección, y abogando por la nominación de candidaturas distinguidas por sus calificaciones e independencia. La labor del Panel sin duda ofrece un mecanismo independiente que facilita a los Estados de las Américas a elegir a quienes cumplen con las más altas credenciales para conformar el SIDH.

Para que la Corte IDH continúe siendo una pieza vital dentro del engranaje interamericano de derechos humanos, necesita estar conformada por quienes cumplan con los principios de idoneidad, imparcialidad, independencia y reconocida competencia en materia de derechos humanos, tal como lo establece la Resolución de esta Asamblea General del año 2022, AG/RES 2991 (LII-O/22), llamada “Paridad de género y representatividad geográfica y de los diferentes sistemas jurídicos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en el sentido de garantizar la transparencia en los procesos y “sostener la paridad de género, observando siempre el cumplimiento de los requisitos de independencia, imparcialidad, alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos”.

Por lo anterior, Amnistía Internacional hace un firme llamado a los Estados de la Américas elegir basándose en la propia normativa interamericana, priorizando los principios antes señalados.