El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano, José Luis Toledo Santander, manifestó en La Habana que en su artículo 20, la nueva Ley de Inversión Extranjera establece que el Estado cubano permite la entrada de capital foráneo "que no afecte la defensa y seguridad nacional, el patrimonio de la nación y el medio ambiente", de acuerdo a información publicada por la revista oncubamagazine.com en un artículo titulado Cubanos residentes en el exterior podrán invertir en Cuba.
Según la fuente, las inversiones podrán ser autorizadas en todos los sectores, con excepción de los servicios de salud y educación y las instituciones armadas, y agrega que en la vigente Ley 77, que data de 1995, en su Capítulo II (inciso M, artículo 2), la Ley dice que el inversionista extranjero es una "persona natural o jurídica con domicilio y capital en el extranjero".
Esta definición incluye explícitamente a los cubanos residentes en el exterior quienes podrán participar de las asociaciones económicas con las mismas regulaciones que la Ley establece para ciudadanos de otras nacionalidades.
El mismo diputado adelantó que existe un listado de proyectos de inversión con detalles de la documentación y los montos requeridos.“Quienes deseen podrán conocer las áreas de interés para el país”.
“Contempla también bonificaciones impositivas y excepciones totales en determinadas circunstancias, así como flexibilización en materia aduanal, para potenciar la entrada de inversores”, señaló.
La nueva ley reduce a la mitad el impuesto sobre las ganancias hasta un 15 por ciento y ofrece ocho años de gracia a la mayoría de los inversores, dijo el miércoles la prensa oficial.
Sin embargo las inversiones extranjeras en la explotación de recursos naturales, incluyendo petróleo, podrían estar sujetas a mayores impuestos sobre utilidades de hasta un 22,5 por ciento,según el acuerdo que negocien con el Estado, dijo Juventud Rebelde.
Sobre el particular, Déborah Rivas, directora general de inversión del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, señaló que las inversiones extranjeras gozarán de plena protección y seguridad jurídica.
Rivas indicó que ha quedado establecido un sustancial aumento del pago a los cubanos contratados por los inversores extranjeros, y dijo que las inversiones no podrán ser expropiadas por el Estado, al no ser que se realicen por motivos de utilidad pública o interés social, previamente declarados por el Consejo de Ministros. Agregó, que si esto llegara a ocurrir iría acompañado de una indemnización por el valor comercial establecido, de mutuo acuerdo entre La Habana y los inversores.
Entre otras limitaciones del proyecto está la permanencia de una Agencia empleadora que gestionará la contratación del personal para las distintas modalidades empresariales autorizadas. No se permite la libre contratación, salvo en casos excepcionales y con una autorización especial.
Sin embargo, Juventud Rebelde dijo que los intermediarios en la contratación ya no buscarán ganar dinero, por lo que se espera un sustancial incremento del pago a los cubanos contratados por los inversores extranjeros.
La nueva Ley de Inversión Extranjera será sometida a discusión y aprobación definitiva durante la Primera Sesión Extraordinaria de la VIII Legislatura del órgano del Gobierno el sábado 29 de marzo.
Según la fuente, las inversiones podrán ser autorizadas en todos los sectores, con excepción de los servicios de salud y educación y las instituciones armadas, y agrega que en la vigente Ley 77, que data de 1995, en su Capítulo II (inciso M, artículo 2), la Ley dice que el inversionista extranjero es una "persona natural o jurídica con domicilio y capital en el extranjero".
Esta definición incluye explícitamente a los cubanos residentes en el exterior quienes podrán participar de las asociaciones económicas con las mismas regulaciones que la Ley establece para ciudadanos de otras nacionalidades.
El mismo diputado adelantó que existe un listado de proyectos de inversión con detalles de la documentación y los montos requeridos.“Quienes deseen podrán conocer las áreas de interés para el país”.
“Contempla también bonificaciones impositivas y excepciones totales en determinadas circunstancias, así como flexibilización en materia aduanal, para potenciar la entrada de inversores”, señaló.
La nueva ley reduce a la mitad el impuesto sobre las ganancias hasta un 15 por ciento y ofrece ocho años de gracia a la mayoría de los inversores, dijo el miércoles la prensa oficial.
Sin embargo las inversiones extranjeras en la explotación de recursos naturales, incluyendo petróleo, podrían estar sujetas a mayores impuestos sobre utilidades de hasta un 22,5 por ciento,según el acuerdo que negocien con el Estado, dijo Juventud Rebelde.
Sobre el particular, Déborah Rivas, directora general de inversión del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, señaló que las inversiones extranjeras gozarán de plena protección y seguridad jurídica.
Rivas indicó que ha quedado establecido un sustancial aumento del pago a los cubanos contratados por los inversores extranjeros, y dijo que las inversiones no podrán ser expropiadas por el Estado, al no ser que se realicen por motivos de utilidad pública o interés social, previamente declarados por el Consejo de Ministros. Agregó, que si esto llegara a ocurrir iría acompañado de una indemnización por el valor comercial establecido, de mutuo acuerdo entre La Habana y los inversores.
Entre otras limitaciones del proyecto está la permanencia de una Agencia empleadora que gestionará la contratación del personal para las distintas modalidades empresariales autorizadas. No se permite la libre contratación, salvo en casos excepcionales y con una autorización especial.
Sin embargo, Juventud Rebelde dijo que los intermediarios en la contratación ya no buscarán ganar dinero, por lo que se espera un sustancial incremento del pago a los cubanos contratados por los inversores extranjeros.
La nueva Ley de Inversión Extranjera será sometida a discusión y aprobación definitiva durante la Primera Sesión Extraordinaria de la VIII Legislatura del órgano del Gobierno el sábado 29 de marzo.
