España ordenó a sus consulados prepararse ante el “volumen significativo” de solicitudes de nacionalidad que recibirán próximamente, con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.
Fuentes del Ministerio de Asuntos de Exteriores confirmaron a Radio Televisión Martí que el canciller José Manuel Albares ha enviado una circular interna a embajadas y consulados en el extranjero, con la orden de “agilizar” los trámites que se avecinan.
El contenido del documento fue adelantado por el medio español “The Objective”, según el cual el Ministerio de Justicia “está ultimando una instrucción sobre el derecho de opción a la nacionalidad española”, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado [BOE, gaceta oficial].
De acuerdo con el citado periódico, el ministro anunció un reforzamiento de los consulados que podrían sufrir “un mayor impacto” por la ley recién aprobada, “tomando como referencia de partida los datos de carga de trabajo que en su día generó la Ley de Memoria Histórica”.
Cuba sería uno de los países con mayor cantidad de solicitudes, junto a Francia, México, Argentina, Venezuela.
El documento plantearía la conveniencia de establecer un “sistema de cita previa”, aunque a la vez sugiere, siempre según la fuente periodística, que los consultados podrían atender “sin cita a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad” con la ley de 2007.
En este sentido, participantes en el Tercer Congreso de Extranjería e Inmigración, celebrado durante jueves y viernes en Madrid, vaticinaron “un caos” si el consulado de España en La Habana convoca a presentarse sin cita previa.
“Las personas en Cuba están desesperadas. Solo hay un consulado, y las personas que viven en el Oriente o en el centro van a tener que ir a acampar al parque. Aquello se va a volver insostenible, tanto para el gobierno cubano como para el español”, alertó en el evento la experta Estela Marina Pérez.
Según “The Objective”, la premura del gobierno español en sacar adelante el plan de nacionalidades se debe a que 2023 es un año de elecciones municipales, autonómicas y nacionales, en las cuales podrían votar los nuevos beneficiarios.
La Ley de Memoria Democrática fue aprobada por el Senado español la pasada semana, con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones.
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