Después de una larga batalla legal, las autoridades cubanas suspendieron la prohibición de salida del país al abogado independiente Julio Ferrer Tamayo.
Ferrer se había percatado de que estaba regulado cuando en 2019 intentó hacer un viaje al extranjero. Desde entonces comenzó una serie de reclamaciones a las instituciones de justicia.
En 2020 presentó su primera demanda ante la Sala de Amparo de Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana, en la que solicitaba que se levantara la medida que limitaba su libertad de movimiento, restringida por la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior (MININT), entidad a la que además pidió una retractación pública.
Ante la negativa de esa instancia, recurrió a la misma sala del Tribunal Supremo.
El máximo órgano de justicia declaró sin lugar la reclamación y entonces, el jurista escribió al presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, para que hiciera pronunciarse a los tribunales sobre su caso.
De igual forma, envió una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel para que requiriera a las autoridades judiciales acerca de las solicitudes para que fuera anulada la prohibición de salida del país. Pero su misiva no fue contestada.
“A finales del pasado mes, dos oficiales de la Seguridad del Estado se personaron en el centro de trabajo de mi esposa, interesados en saber qué acciones había hecho yo que les habían ordenado quitarme la ‘regulación’, relató a Martí Noticias Ferrer Tamayo, residente en La Habana.
“Esta información para mí no era cierta en ese momento, por esa razón acudí en los días siguientes a varias oficinas del carné de identidad a comprobarlo. En todas me afirmaron que no tenían ningún tipo de prohibición para salir del país, qué podía hacerme el pasaporte cuando lo deseara, lo que hice días después, pero no había hecho pública esta información, pues aún no tenía el pasaporte en mis manos”, dijo.
Ferrer, miembro del centro de asesoramiento legal Cubalex, ha hecho varias demandas contra los órganos de justicia en Cuba, a la vez que asesora a familiares de presos políticos y otros ciudadanos sobre conflictos con las instituciones estatales y legales.
“En mi opinión, tal indicación puede haber salido del Tribunal Supremo o de la fiscal de la Fiscalía General, Nerly Espinosa Rivera. Me inclino por esta última, la que me citó el 30 de julio del 2023 para entrevistarse conmigo y me pidió toda la documentación que acreditaban todas las acciones legales que había hecho ante las autoridades migratorias, comprometiéndose a solucionar el problema".
"Yo considero que es un triunfo del ejercicio sostenido del derecho a accionar contra las autoridades en pos del restablecimiento de la legalidad y el respeto a los derechos humanos”, recalcó.
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