El gobierno cubano estableció una empresa supuestamente civil para procesar los envíos de remesas desde Estados Unidos tras sanciones de la administración de Donald Trump en 2020 a Fincimex, una empresa controlada por los militares, que procesaba las remesas.
La nueva compañía, Orbit S.A., fue presentada por el gobierno de la isla como una empresa independiente y civil, inscrita bajo el Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera. Sin embargo, una investigación del Miami Herald encontró que esta compañía opera como un apéndice de Cimex, otra empresa clave bajo el control de GAESA, el poderoso conglomerado militar que controla gran parte de la economía de la isla.
Las sanciones de EEUU a Fincimex tienen como propósito impedir que el dinero de las remesas provenientes de los cubanos residentes en el extranjero llegue a manos del ejército cubano, alegando violaciones a los derechos humanos y apoyo al régimen venezolano de Nicolás Maduro.
El Departamento del Tesoro estadounidense autorizó los acuerdos entre empresas de envíos de remesas como Western Union con Orbit bajo la condición de que la empresa cubana no tuviera vínculos con los militares.
Documentos internos de Cimex analizados por el Herald revelaron que la empresa supervisa las operaciones de Orbit, analiza su desempeño y elabora informes sobre las transferencias de dinero realizadas a través de Western Union y agencias de envíos con sede en Miami, como VaCuba y Cubamax.
El Departamento de Estado de EEUU dijo a Martí Noticias el martes que la administración de Joe Biden está comprometida con “promover el flujo de remesas al pueblo cubano sin enriquecer al ejército, la inteligencia o los servicios de seguridad cubanos”.
Orbit S.A. mantiene el mismo personal y estructura operativa que Fincimex, incluso compartiendo localización física en Miramar, La Habana. Su actual directora, Diana Rosa Rodríguez Pérez, tiene una larga trayectoria en Cimex y GAESA.
Las remesas son una fuente crucial de ingresos en dólares para GAESA, que utiliza estos fondos para proyectos como la construcción de hoteles para el turismo, mientras la población enfrenta una grave crisis marcada por la escasez de alimentos, medicinas y otros insumos básicos.
Emilio Morales, director de Cuba Siglo 21, un think tank del sur de la Florida especializado en investigar negocios de los militares cubanos, dijo que “a la administración Biden se le explicó desde un inicio las verdaderas intenciones de Orbit SA y se le mostraron las pruebas al Departamento de Estado de que en realidad era una tapadera para evadir las sanciones, pero ellos decidieron seguir adelante” y permitir el envío de remesas, dijo a Martí Noticias.
Morales dijo que las autoridades estadounidenses podrían reevaluar los acuerdos actuales y endurecer las sanciones para evitar que el flujo de dinero beneficie a la élite militar en lugar del sector privado o las familias cubanas.
Estas revelaciones plantean serias implicaciones políticas, dijo el congresista cubanoamericano de Florida Mario Díaz-Balart al Herald.
La congresista del sur de la Florida María Elvira Salazar dijo por su parte que había advertido a la administración Biden que algo así sucedería.
“El régimen castrista quedó nuevamente al descubierto por robar el dinero que cubanos exiliados envían a sus familias en la isla a través de otra empresa vinculada a GAESA”, escribió en X.
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