Derechos Humanos
El sistema penitenciario cubano está al borde del colapso, advierten presos y familiares
Con problemas que van desde la falta de medicamentos y la mala y escasa alimentación, hasta el déficit de productos para la higiene, las prisiones cubanas se hunden en una crisis sin solución a la vista, denunciaron este miércoles a Radio Televisión Martí presos del 11J y sus familiares.
“Les quitan el alimento a los presos para llevarse el sancocho los guardias; aquí hay hombres que recogen sobra por la necesidad y el hambre que están pasando”, señaló desde el penal provincial Nieves Morejón, en Sancti Spíritus, el preso del 11J Roberto de los Ángeles Piloto Rodríguez.
El líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, el preso político Virgilio Mantilla Arango, actualmente cumpliendo tres años de cárcel en la prisión de Kilo-9 por el presunto delito de “daños a la propiedad”, hizo una denuncia similar.
"La alimentación es asquerosa y reducida al máximo, para poderle darle sancocho a los puercos, porque en Cuba todas prisiones tienen cochiqueras para la cría de cerdos para el consumo de la guarnición. No hay toallas, sábanas; no hay avituallamiento, tampoco hay medicamentos”, enfatizó el opositor.
El periodista independiente Jorge Bello Domínguez, condenado a 18 años de cárcel por su participación en las masivas protestas populares en el poblado de Güira de Melena, está en el penal Combinado del Este, es diabético y necesita inyectarse insulina dos veces al día, cuenta su madre Martha Domínguez.
“Los medicamentos se los tuve que llevar yo, insulina y jeringuillas, porque no las había tampoco en la prisión. Las compré en el mercado negro. Y la alimentación que le dan a los presos allí es para consumo animal, no para personas”, concluyó.
La situación higiénica en el penal de mujeres La Belloté, en Matanzas, es crítica, advierte Armando Abascal, padre de la Dama de Blanco Sissi Abascal, condenada del 11J recluida en ese penal.
“Tuvimos que llevarle a nuestra hija un haragán y una escoba, porque realmente no tienen recurso alguno en el penal para limpiar el cubículo donde ellas viven”, destacó Abascal.
Es muy compleja la situación para los reclusos y familiares en las diferentes prisiones de la provincia de Holguín, informó el activista Ramón Zamora.
“En medio del desabastecimiento en el país, la familia de los presos es quien tiene que suministrar desodorante, pasta dental, jabón y los alimentos, y así están repletas las prisiones con todas las carencias existentes” entre la población, argumentó Zamora.
Yaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, quien cumple 21 años de sentencia en la prisión Combinado del este por el delito de “sedición”, corrobora lo afirmado por Zamora.
“Las condiciones son pésimas, las chinches se están comiendo vivo a los presos, y la comida que le ofrecen está muchas veces en estado de descomposición. Tenemos que llevarle hasta lo más mínimo”, contó la esposa de Pérez Estrada.
Regla Burunate, esposa de Francisco Rangel Manzano, condenado en el poblado de Colón por su participación en las protestas populares del 11 de julio, y ya cumpliendo condena en el centro penitenciario Combinado Sur de Matanzas, señaló: “Yo tengo que salir a buscar todas las cosas, incluida la comida, que muchas veces no la dejan entrar al penal. Es una situación muy difícil”.
Y desde el poblado de Banes, en Holguín, William Tamayo describe la situación de los penales Cuba Sí y la Prisión Provisional Provincial.
“Allí desde hace mucho tiempo obligaban a los reclusos a forzar que sus familiares les trajeran escobas, haraganes, sábanas y toallas, y si los familiares no cumplían con esto, las autoridades de esos penales les suspendían la visita y el pabellón a los reos, y esto todavía se está haciendo en Cuba Sí y la Provisional”, aseguró el activista.
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Preso político en estado grave por una isquemia cerebral
Carlos Manuel Pupo Rodríguez, encarcelado por manifestarse del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, tuvo que ser internado de emergencia en el hospital de Artemisa, donde tiene vigilancia permanente de oficiales del Ministerio del Interior.
El preso político Carlos Manuel Pupo Rodríguez, de 70 años, está ingresado en el Hospital General Comandante Ciro Redondo, de Artemisa, tras sufrir, el pasado sábado, una isquemia cerebral, confirmó a Martí Noticias, su esposa Janet Bulnes.
“Una isquemia en desarrollo. Le están administrando medicamentos para su mejoría y que no le repita. El médico que pasó visita me dijo que le hicieron un TAC (Tomografía Axial Computarizada) y arrojó eso, una isquemia. Me dijo que hay lesiones en el cerebro”, declaró Bulnes, a quien le permitieron cuidar del enfermo, reportado en estado grave.
“Fue por una subida de presión. Yo no hacía ni cinco días que le había llevado medicamentos para la presión y para la diabetes”, explicó la mujer.
Pupo Rodríguez, manifestante del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, padece diabetes e hipertensión arterial. Días antes había sufrido una caída en el correccional con internamiento Ceiba 5 donde estaba recluido, luego de que las autoridades de ejecución le aprobaran el tránsito a un régimen de menor severidad.
La esposa relató que Pupo tiene el lado derecho del cuerpo afectado, con parálisis en el brazo y la pierna “y el lenguaje no se le entiende, no está articulado”.
Aunque el preso político no está internado en una sala penal porque el hospital artemiseño carece de este tipo de instalación, tiene vigilancia permanente de oficiales del Ministerio del Interior (MININT).
“Ahora, hay un teniente coronel del MININT que está aquí constantemente, sentado al lado de nosotros”, indicó Bulnes.
“Yo estuve hablando con el militar que estaba [de guardia] por la mañana y me dice que ellos van a procesar una licencia extrapenal para presentarla al tribunal y el tribunal es el que decide. Después le pregunté al teniente coronel qué cree en este caso de la presentación de una extrapenal y me contestó que se la van a conceder, porque ‘en el estado que está ¿dónde lo van a tener?’. Él no puede caminar, no puede comer, hay que darle la comida”, señaló.
La legislación cubana otorga a los tribunales la facultad para otorgar la licencia extrapenal durante el tiempo “que se considere necesario” y en casos de enfermedad o padecimientos que incapaciten al reo de forma temporal o definitivamente.
El centro de asesoramiento legal Cubalex ha emitido varias alertas acerca del estado de salud de Pupo Rodríguez, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI).
La organización ha destacado que, debido a sus enfermedades y a su edad, Pupo es uno de los presos políticos más vulnerables, cuestión que se agrava con la falta del acceso necesario a cuidados médicos especializados y a la administración puntual de los medicamentos que requiere.
Cubalex denuncia sanciones más severas para afrodescendientes acusados de sedición en protestas del 11J
Una organización no gubernamental analizó las condenas del 11J y detectó lo que podría ser un “un sesgo racial en la imposición de sanciones y un perfilamiento basado en lo que el Estado define como conductas desfavorables”.
Un informe de la ONG Cubalex que analiza la discriminación racial en las sentencias por sedición tras las protestas del 11J en Cuba, concluye que las personas afrodescendientes “reciben, en promedio, sanciones más largas”.
Hay un preocupante patrón de “sanciones más severas” para la comunidad negra. Esto podría indicar “un sesgo racial en la imposición de sanciones y un perfilamiento basado en lo que el Estado define como conductas desfavorables”, subraya el estudio publicado el 31 de agosto, Día Internacional de los Afrodescendientes.
Las personas afrodescendientes reciben sanciones con una duración promedio de 13.63 años, frente a los 12.61 años para las personas no afrodescendientes, precisa el documento.
Cubalex explica que el Estado considera como “conductas desfavorables” la falta de participación en actividades políticas o comunitarias, la desvinculación laboral y la limitación de relaciones sociales.
“Este enfoque es injusto cuando no se garantiza acceso a trabajos dignos o educación”, dice la organización. “Penalizar la desvinculación laboral o la falta de participación en actividades políticas como conductas desfavorables afecta desproporcionadamente a las personas afrodescendientes, que enfrentan barreras estructurales en el acceso a empleo y educación”.
Además, las sanciones son más severas “para quienes tienen niveles educativos más bajos. La mayoría de las personas afrodescendientes solo cuentan con educación secundaria o preuniversitaria, lo que agrava otras formas de vulnerabilidad”.
El estudio añade que el uso de antecedentes penales para justificar sanciones más severas “perpetúa un ciclo de criminalización que afecta desproporcionadamente a los afrodescendientes, reforzando la desigualdad y la exclusión social”.
Otros estudios
Cubalex reveló en su informe correspondiente al mes de julio que las personas más vulnerables a la represión del régimen son los defensores de derechos humanos, los afrodescendientes y las personas privadas de libertad.
La organización, entre el 8 y el 12 de julio, documentó 160 hechos de hostigamiento.
"Las categorías de vulnerabilidad más recurrentes entre las víctimas son defensores de derechos humanos, personas privadas de libertad y afrodescendientes", indicó la ONG.
“Máxima severidad” son las palabras clave del sistema judicial de Cuba, país donde los juicios ejemplarizantes se han convertido en una nueva herramienta represiva, informó el 31 de agosto el diario independiente 14ymedio.
Por ejemplo, el 20 de agosto “se publicó información sobre cuatro juicios celebrados en el tribunal municipal de Songo-La Maya, en Santiago de Cuba. La prensa no reveló detalles sobre los casos, pero sí subrayó su carácter de advertencia”.
“Cuando hacemos juicios ejemplarizantes potenciamos la comunicación para que el mensaje que queremos transmitir llegue a determinados destinatarios”, dijo, por las claras, Geovanis Mestre, uno de los jueces del tribunal provincial santiaguero, entrevistado por Sierra Maestra. Es indispensable, argumentó, que los delincuentes se enteren de que las autoridades tienen a la ganadería en la mira y que los castigos serán severos, reporta 14ymedio.
En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordó la discriminación racial en Cuba, durante el 190 período de sesiones de la entidad adscrita a la OEA.
En la audiencia, María Matienzo, del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, presentó cuatro patrones fundamentales que caracterizan a la perfilación racial en Cuba: disparidad racial y discriminación sistémica; un patrón de muerte significativa debido a la violencia policial contra afrodescendientes; leyes que teóricamente garantizan la igualdad pero no se implementan efectivamente para proteger a los afrodescendientes; y la criminalización y marginalización.
“Los afrodescendientes que representan un 9.3% de la población y los mestizos, el 26.6%, están sobrerrepresentados en el sistema carcelario y en las víctimas de la violencia policial”, dijo Matienzo.
En su informe anual del 2021, la Comisión Interamericana denunció que "persisten patrones discriminación racial en Cuba" y los afrodescendientes recibirían la mayor represión del régimen.
El organismo señaló que organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la desigualdad racial fue una de las razones desencadenantes para que empezaran las protestas históricas del 11 de julio del 2021.
Según el documento, 726 organizaciones han informado a la CIDH que agentes del castrismo aplicaron "prácticas de perfilado racial y uso excesivo de la fuerza" en contra de afrocubanos que se manifestaron en las protestas sociales y destacaron el caso de Diubis Laurencio Tejeda, afrodescendiente de 36 años, fallecido en el marco de las manifestaciones por un disparo de la policía.
Tras huelga de hambre, presa política logra que aminoren su castigo en la cárcel de Mayabeque
Yilian Oramas García inició una huelga de hambre el 13 de agosto cuando los mandos del penal le informaron que había perdido sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase. La mujer está encarcelada a más de 250 km de distancia de su ciudad de residencia.
La presa política Yilian Oramas García abandonó este martes una huelga de hambre que llevaba desde hace varios días, luego de conseguir que las autoridades de la prisión "Cuba Panamá" para enfermos de VIH, cambiaran la medida punitiva de revocación del régimen de menor rigor a la suspensión de dos visitas a su hogar.
Oramas García inició su protesta el 13 de agosto cuando los mandos del penal ubicado en la provincia Mayabeque le informaron que había perdido sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase a su vivienda situada en la ciudad de Santa Clara, a más de 250 kilómetros de la prisión donde está recluida.
“Ella estaba muy débil porque es diabética, le pusieron sueros en el hospitalito que tienen en la prisión. Ella levantó la huelga, pues el Jefe de Cárceles y Prisiones de Mayabeque [Yunior Lázaro Santana], en conjunto con la Seguridad del Estado, le quitaron la revocación que era por dos años y, en su lugar, le tumbaron dos pases. Con la dictadura no se gana, pero la revocación significaba que tenía que cumplir los tres años”, dijo a Martí Noticias, María Josefa Oramas, la madre de la reclusa.
De habérsele modificado el tipo de régimen en el que cumple su sentencia, Oramas García perdería, además, su derecho a la libertad anticipada y tendría que cumplir toda la pena que le resta tras las rejas.
La mujer de 43 años, cumple una sentencia de seis de privación de libertad por su participación en una protesta el 15 de agosto de 2021 en la capital villaclareña. El tribunal la encontró culpable de los delitos de Atentado y Resistencia.
Yilian, su esposo el también preso político Geobel Manso y otras personas, protagonizaron una manifestación frente a la funeraria de la localidad, en la que exigieron que el gobierno tomara medidas para brindar adecuada asistencia hospitalaria a los enfermos de Covid-19 y que se implementaran mejoras en los servicios mortuorios.
Denuncian deterioro de la salud de preso político cubano: "Está muy mal"
Una fuente familiar de Loreto Hernández García, condenado por participar en las protestas populares del verano de 2021, alertó sobre varias complicaciones de salud del preso político.
El preso político Loreto Hernández García refleja un deterioro sostenido de su estado de salud mientras cumple sentencia en la Prisión de Hombres de Guamajal, en Villa Clara, alertó desde Placetas, su hija Rosabel Sánchez.
La fuente familiar explicó que el miércoles visitó en la cárcel a su padre y a su esposa, la también presa política Donaida Pérez Paseiro. Ambos fueron condenados por su participación en el levantamiento popular del 11 de julio de 2021 en Placetas y reconocidos por la organización Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia.
“En esta visita pudimos conversar, pudimos observar, pudimos visualizar nosotros mismos la situación que presenta mi padre de salud. Mi padre, cada vez que vamos a verlo, adelgaza más. A menudo le da un dolor en el lado izquierdo, un dolor que le coge el pulmón. Le está dando falta de aire, está descompensado con la diabetes (...) nos explica que en varias ocasiones tiene decaimiento, flojera. En cuanto a la salud, lo vimos que no ha mejorado nada, cada vez está peor, está muy mal”, dijo Sánchez.
Según refirió su hija, el preso político “se mantiene firme” en sus posturas políticas como opositor al régimen comunista.
“En varias ocasiones ya, la Seguridad del Estado se ha acercado a él y le ha propuesto acogerse a los beneficios para darle la mínima y pasarlo para el campamento para comenzar a darle pases y esas cosas y, tanto él como su esposa, se niegan a dichos beneficios”, aseguró Sánchez.
Loreto Hernández y su esposa, al momento de su detención en las protestas populares del verano de 2021, presidían la Asociación "Yorubas Libres de Cuba" y fueron sentenciados a siete y ocho años de cárcel respectivamente.
El caso del matrimonio opositor ha sido denunciado como una violación de la libertad religiosa en Cuba en varios informes del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de EEUU y por organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y Solidaridad Cristiana Internacional (CSW, por sus siglas en inglés).
También cinco relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas, vinculados a la libertad de religión o de creencias, la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y las cuestiones de las minorías; además del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, se han pronunciado sobre el encarcelamiento de estos opositores y la falta de atención médica para Hernández García.
(A partir de un reporte radial de Ivette Pacheco)
Madre de hermanos presos por la protesta de Caimanera denuncia abusos en la prisión de Guantánamo
Los cubanos condenados por la manifestación pacífica de Caimanera están sufriendo abusos en prisión por parte de los propios carceleros, denunció la madre de Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez.
En precarias condiciones y soportando abusos se encuentran los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez en la prisión provincial Combinado de Guantánamo, según constató la madre de estos presos políticos, Victoria Martínez Valdivia.
Ambos son parte del grupo de cinco personas condenadas en julio de 2024 por el Tribunal Municipal Popular de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, a penas de entre dos y ocho años de privación de libertad por -según la sentencia- gritar “frases ofensivas sobre el presidente de la República y autoridades del Gobierno local” y “provocar una aglomeración de personas en la vía pública”, en Caimanera, el 6 de mayo de 2023.
Ese día, cientos de personas salieron a la calle para demandar derechos y mejores condiciones de vida en una manifestación pacífica en la que se escucharon gritos de “Libertad”, “Patria y Vida” y “Vivan los derechos humanos”. Rápidamente, las autoridades interrumpieron el servicio de Internet en casi todo el país y familiares de los manifestantes denunciaron que estos fueron golpeados por las tropas especiales del ejército.
Entre los detenidos, Daniel Álvarez González y Alarcón Martínez, fueron sancionados a ocho y siete años de prisión, respectivamente; Freddy Sarquiz González, a cinco años; Rodolfo Álvarez González, a cuatro años; y Correa Martínez, a dos años.
La señora dijo a Martí Noticias que visitó este martes a sus dos hijos en la mayor cárcel de la provincia de Guantánamo.
En el caso de Felipe Octavio, quien sufre de discapacidad intelectual, está haciéndole mucho rechazo a esa prisión, dijo su madre.
“Felipe sigue con un estado de depresión, llorando. La situación está bien fuerte, han pasado muchas cosas y él está alterado de los nervios. Él tiene un retraso mental y convulsiones”, explicó.
Mientras que Luis Miguel, condenado a siete años de prisión, está siendo acosado por su posición política y además tiene que proteger a su hermano enfermo, señaló su madre.
“Luis Miguel se mantiene todo el tiempo protegiendo al hermano y tratando de evitar los problemas allí en ese lugar porque hay abuso, tanto de presos comunes como de los mismos guardias que están cuidándolos a ellos allá dentro. Están abusando de los mismos presos y los ofenden y provocan para que el preso se altere y darle a golpes”, aseguró Martínez Valdivia.
La madre de los presos políticos denunció además la precaria alimentación y la falta de medicamentos para hacer frente a las múltiples enfermedades que sufren los reos en esa cárcel.
“No comen lo suficiente, se mantienen los brotes de enfermedades, primeramente está la plaga de las chinches, y está el dengue por la falta de higiene", indicó.
En julio, los familiares de los condenados por participar en la manifestación apelaron la condena.
Desde entonces no han sabido “nada nuevo”.
“Fui a la Fiscalía Provincial y me quejé, pero dicen que hay que seguir esperando”, declaró Martínez Valdivia.
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