El gobierno de Estados Unidos condenó el retiro de la nacionalidad que la Justicia de Nicaragua ejecutó el miércoles contra 94 ciudadanos nicaragüenses señalados como críticos del gobierno de Daniel Ortega.
“Este acto es incompatible con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos tienen derecho a la nacionalidad, y condenamos la medida del gobierno de Nicaragua de restringir la nacionalidad de otros 94 ciudadanos”, dijo el jueves el vocero del Departamento de Estado Vedant Patel.
El anuncio, hecho por un alto magistrado en Managua, despoja de la nacionalidad, entre otros, al escritor Sergio Ramírez, la poeta Gioconda Belli y Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial e hijo de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro.
Este grupo de casi un centenar de opositores se une a los anteriores, 222 excarcelados la semana pasada, que fueran desterrados en un vuelo directo a Estados Unidos. El gobierno de Ortega confirmó poco después de su excarcelación que quedaban si su nacionalidad nicaragüense; el gobierno español anunció inmediatamente que les ofrecía el recurso de ciudadanía, a modo de solidaridad.
Patel, en un intercambio con reporteros desde el Departamento de Estado, dijo de modo categórico: “Este es un acto deplorable. Y es otro paso atrás para el pueblo nicaragüense y sus esperanzas de seguir viviendo en la democracia que se merece”.
A pesar de las grandes diferencias entre la Administración de los presidentes Joe Biden y Daniel Ortega, Washington ha mantenido una puerta abierta a cualquier conversación, aunque ha criticado insistentemente las violaciones a los derechos humanos y el encarcelamiento de opositores políticos y miembros de la sociedad civil.
“Seguimos firmes y alentando pasos adicionales por parte del gobierno de Nicaragua para restaurar las libertades civiles, especialmente a la luz de su decisión unilateral de liberar a los 222 presos políticos a de la semana pasada. Este movimiento que acabas de describir es un paso en la dirección opuesta”, manifestó el vocero de la diplomacia estadounidense.
La resolución aprobada hace un día en Managua se basa en una supuesta “traición a la patria” por parte de los señalados, además de aplicarles sanciones “accesorias” como la imposibilidad de ejercer cargos públicos o de elección popular.
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