América Latina
¿Podrá Estados Unidos esquivar la corrupción para que multimillonaria ayuda llegue a Centroamérica?
El gobierno estadounidense de Joe Biden ha decidido destinar 310 millones de dólares para la ayuda humanitaria adicional que busca poner freno a la inmigración irregular y a las causas que la originan desde países como Guatemala, Honduras y El Salvador.
La vicepresidenta Kamala Harris, a cargo de la compleja tarea de detener el creciente flujo inmigratorio en la frontera sur impulsado por el presidente Joe Biden, hizo la promesa esta semana al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.
La idea es que los ciudadanos de estos países no se vean obligados a dejar atrás la vida en las tierras que los vieron nacer, en virtud del sueño americano que les ponga ante sí la posibilidad de alimentarse, estar a salvo de maras y de la violencia que cuesta vidas cada año en estas naciones y otras oportunidades para ellos y sus hijos.
Biden ya ha pedido al Congreso otros 861 millones de dólares para atender, el próximo año, las causas que impulsan la migración irregular desde Centroamérica, en el marco de un plan de 4.000 millones de dólares para la región. Sin embargo, estas cifras son parte de un proyecto de presupuesto aún por discutir y aprobar por el Congreso.
La corrupción: ¿Cómo podrá Estados Unidos esquivarla?
El gobierno de Estados Unidos está enterado de que no será tarea fácil. El enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, dijo días atrás al resumir su visita a Centroamérica que la corrupción es uno de los principales motivos de la inmigración masiva procedente de esas naciones.
"La corrupción es el factor principal de la desestabilización en Centroamérica”, dijo Zúñiga la pasada semana a medios. "Si algo va mal en Centroamérica, lo sentimos en Estados Unidos", agregó.
Las sanciones son algunos de los métodos que podría usar Estados Unidos, según ha dicho el propio Zúñiga, al afirmar que lo contempla: "Sanciones, listas de las personas que están involucradas en casos de corrupción, así como a los familiares de estos".
Y para ello -avisó- los departamentos del Tesoro y Justicia harán "lo que sea necesario". A su vez la administración Biden trabaja en la creación de un grupo anticorrupción, que involucra al los departamentos de Justicia y de Estado.
"Estamos del lado de los que son víctimas de la corrupción y no del lado de los que están involucrados en la corrupción", dejó claro Zúñiga hace pocos días.
Estados Unidos contempla además en este esfuerzo la labor conjunta con aliados de la región, ha dicho Zúñiga: "No solo trabajar entre nosotros mismos, sino también con los países de la región para asegurarnos de que tengan los medios para hacer cumplir sus leyes y poder monitorear sus fronteras".
Establecer cláusulas de transparencia y rendición de cuentas, como en otras ocasiones, para poner en función estos montos millonarios, podría ser clave también para que estos fondos lleguen a los necesitados.
Otro recurso podría ser, sostienen observadores, que los recursos sean puestos en manos de organizaciones no gubernamentales y agencias de Estados Unidos y otros países que garanticen su correcta utilización en atacar, por ejemplo, la inseguridad alimentaria.
Ya por adelantado, está establecido que la asistencia será parcialmente gestionada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), y se estructurará en dos grandes partidas: una de 255 millones de dólares para ayuda humanitaria y otra de 55 millones para hacer frente a la inseguridad alimentaria en la región.
¿Quiénes son los más necesitados de esa ayuda en Centroamérica?
Los que huyen de la violencia y de las pandillas en sus países, los que no tienen trabajo ni oportunidades, los que buscan un futuro mejor para sus hijos, engrosan las listas de inmigrantes irregulares, según corroboró la Voz de América en una serie de reportajes bajo el título de Más Allá del Muro, que entrevistó a inmigrantes, menores no acompañados, autoridades migratorias, granjeros, responsables de refugios que albergan migrantes y otros protagonistas de este desafío que enfrenta la administración Biden.
El Programa Mundial de Alimentos dijo en un informe a principios de este año que después de que varios huracanes azotaran la región y de los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, el número de personas que padecen hambre en Guatemala, El Salvador y Honduras ha llegado a 7,8 millones. Así que garantizar la seguridad alimentaria será uno de los fines de este dinero destinado por Estados Unidos.
Pero no solo estas son las razones para escapar de sus casas. La violencia contra las mujeres, las personas LBGTQ y los afrodescendientes y hasta la pandemia está provocando la estampida.
¿Qué esperar?
La vicepresidenta Harris se reunió el jueves con representantes de instituciones filantrópicas para pedirles que ayuden a la Casa Blanca a esbozar un plan que ofrezca un futuro mejor para Honduras, Guatemala y El Salvador.
"La mayoría de las personas no quieren abandonar sus hogares; no quieren abandonar a sus abuelos y no quieren abandonar su cultura", indicó Harris al comienzo de una mesa redonda con varios directores ejecutivos de fundaciones, tales como Arturo Aguilar, director de Rockefeller Brothers Fund, o Darren Walker, presidente de la Fundación Ford.
El trabajo cercano con México está en esta agenda para frenar la inmigración. Está previsto que la vicepresidenta Harris y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador sostengan una reunión virtual el próximo 7 de mayo, a un mes de la primera conversación para abordar asuntos de interés bilateral como la inmigración.
El caso de El Salvador no es todavía claro cómo cooperarán ambas naciones, dado que la controversia surgida días atrás a través de las redes sociales entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la única congresista estadounidense de origen centroamericano, Norma Torres, escaló recientemente al punto de que un legislador y un asesor especial Zúñiga afirmaran que habría incurrido Bukele en una supuesta interferencia electoral.
Honduras, otro de los países en la mira de Estados Unidos, atraviesa por la coyuntara dado por la la condena a cadena perpetua para Juan Antonio “Tony” Hernández, hermano del presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, que dejó en evidencia al Gobierno hondureño, en riesgo al país, y de paso esbozó el difícil camino que le espera a las relaciones de Estados Unidos con el país centroamericano, según analistas.
El experto en temas de inmigración, Jahir Dabroy, dijo a la VOA que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, podría liderar las relaciones en el Triángulo Norte. Justo ha sido con Giammattei que la vicepresidenta Harris ha conversado en los últimos días.
"Hay un tema de agenda de geopolítica internacional que trasciende nuestros intereses", dijo Dabroy. Según el experto, Estados Unidos busca mantener la influencia en el territorio y por ello refuerza las relaciones bilaterales y regionales. Está previsto que en junio Harris y Giammattei se reúnan frente a frente.
"De aquí a junio, los gobiernos deberíamos tener trazada una hoja de ruta para que haya acuerdos de gobierno a gobierno para establecer el duro camino que tenemos para lograr no solo la paz, el progreso y el desarrollo, sino contar con la colaboración de ustedes en los temas donde necesitamos ser fortalecidos", ha dicho Giammattei.
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Venezuela detiene al cuarto estadounidense al que vincula con un supuesto plan contra el gobierno
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, anunció la detención de un cuarto estadounidense, pero no lo identificó. Solo indicó que fue capturado en Caracas "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
El gobierno venezolano anunció el martes que detuvo a otro ciudadano estadounidense vinculado a un supuesto plan para desestabilizar el país, tras las detenciones de seis extranjeros más el fin de semana y luego de los polémicos comicios presidenciales del 28 de julio, cuestionados por falta de transparencia.
El ministro de Relaciones Interiores venezolano, Diosdado Cabello, acudió el martes a la Asamblea Nacional para informar sobre los detalles de lo que el gobierno de Nicolás Maduro considera un complot.
Cabello ya había denunciado el sábado que los cuerpos de seguridad detuvieron a 14 personas —entre ellos los dos españoles, tres estadounidenses y un ciudadano checo— por un presunto intento de asesinato contra el mandatario y otros funcionarios de su gabinete.
El cuarto estadounidense detenido el martes no fue identificado por el ministro. Solo indicó que, tras hacerle seguimiento, fue capturado en Caracas, "tomándole fotos a las instalaciones eléctricas y petroleras, a unidades militares”.
Cabello identificó el lunes a otro de los estadounidenses detenidos como Joseph Castañeda Gómez, a quien se refirió como miembro de la Armada de Estados Unidos y acusó de pertenecer a un “equipo de mercenarios”.
Según las autoridades venezolanas, desde hace meses han rastreado indicios y comunicaciones telefónicas que condujeron a la detención de supuestos “mercenarios”, también vinculados a la incautación días atrás de 400 fusiles y pistolas que serían utilizados para provocar actos violentos en territorio venezolano, afirmó.
El ministro indicó que en la trama está involucrada la CIA, así como el Centro Nacional de Inteligencia de España, grupos del crimen organizado, miembros de la oposición venezolana, entre otros.
Washington confirmó la detención de un militar estadounidense y dijo que tiene conocimiento de otros connacionales aprehendidos. Afirmó además que las acusaciones son “categóricamente falsas”.
La nueva trama conspirativa se suma a otras decenas de presuntos planes que el gobierno de Maduro dice haber desarticulado desde enero pasado.
El lunes, en tanto, durante su programa semanal de radio y televisión, Maduro afirmó que los dos españoles detenidos serían agentes encubiertos del Centro Nacional de Inteligencia español, sin presentar evidencias.
El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de España rechazó que su país participe en una “operación de desestabilización política” en Venezuela y desmintió que los detenidos tengan alguna relación con el CNI o cualquier otra organización estatal española.
Las relaciones entre España y el gobierno de Maduro se tensaron recientemente, después de que la nación europea le otorgó asilo político al excandidato opositor Edmundo González, ante la orden de detención e investigación penal que le abrieron las autoridades venezolanas tras las elecciones del 28 de julio.
Maduro fue declarado victorioso para un tercer mandato en los cuestionados comicios, señalados por falta de transparencia y de verificación independiente de los resultados. Muchos gobiernos de la región y Europa, entre ellos España, no reconocen el triunfo del mandatario y han exigido a las autoridades venezolanas que publiquen el desglose de los votos.
Ataque con explosivos del ELN en Colombia "prácticamente" cierra con sangre proceso de paz, dice presidente Petro
Un ataque con explosivos de la guerrilla ELN contra una patrulla militar en Colombia "prácticamente" cierra el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo, dijo el presidente colombiano Gustavo Petro.
Un ataque con explosivos de la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra una patrulla militar en el noreste de Colombia, "prácticamente" cerró con sangre el diálogo de paz del Gobierno con ese grupo rebelde, dijo el martes el presidente Gustavo Petro.
El ataque, el más grave desde que finalizó un cese al fuego bilateral con el ELN a comienzos de agosto, dejó dos soldados del Ejército muertos y 27 más heridos, en zona rural del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela.
"Una volqueta, cargada de explosivos que hiere a 27 jóvenes y mata a dos, puesta por el ELN con quien estábamos conversando de paz (...) pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre", dijo Petro en un acto en la sede de la Presidencia.
Petro, el primer mandatario de izquierda de Colombia, restableció la negociación con el ELN a finales del 2022 como parte de sus esfuerzos por alcanzar una paz total y poner fin a un violento conflicto de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
El proceso enfrenta una crisis desde hace meses por la decisión del Gobierno de iniciar un diálogo de paz con un frente armado que tiene presencia en el suroeste del país y que se separó del ELN.
La negociación se congeló y el grupo rebelde dio por terminada la suspensión unilateral de los secuestros que ofreció en medio del diálogo, lo que supone el regreso de uno de los delitos más temidos en medio del conflicto armado.
Desde que finalizó el cese bilateral al fuego, el ELN inició una ofensiva contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, al tiempo que reanudó los ataques con explosivos contra la red de oleoductos, principalmente el Caño Limón-Coveñas, provocando contaminación ambiental en ríos y quebradas por derrame de petróleo.
Las Fuerzas Armadas de Colombia también reiniciaron las operaciones ofensivas contra el grupo rebelde después de la finalización del cese bilateral al fuego que las partes no prorrogaron como se preveía.
El ELN, considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, cuenta con más de 6.150 integrantes, incluidos más de 3.300 combatientes, según fuentes de seguridad.
Las negociaciones de anteriores gobiernos con el ELN, acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, no avanzaron por sus posiciones radicales, una cadena de mando difusa y disensos entre sus filas.
El Gobierno ha realizado varios ciclos de conversaciones de paz con el ELN con el apoyo de México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil y Chile que participan como países garantes, pero sin alcanzar resultados concretos.
De inmediato no hubo ninguna reacción del grupo guerrillero a través de sus redes sociales en reacción a la declaración de Petro.
La fiebre de Oropouche en las Américas: ¿Por qué hay alerta sanitaria?
Con casi 10.000 casos confirmados en seis países de la región, la OPS urge a los gobiernos a intensificar la vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas contra la fiebre de Oropouche.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha lanzado una nueva alerta sobre la fiebre de Oropouche (OROV) en las Américas exhortando a los países de la región a reforzar los mecanismos de vigilancia epidemiológica, reportar cualquier situación atípica y fortalecer las medidas de prevención y control de vectores.
El virus, que en lo que va de año ha aparecido en áreas que previamente no habían registrado casos de transmisión, ha provocado ya varias muertes, incluidas algunas por transmisión vertical (de madre a hijo).
Desde la emisión de la última alerta epidemiológica el 1 de agosto de 2024 hasta el 6 de septiembre, se han confirmado 1.774 nuevos casos, lo que eleva el total a 9.852 en seis países. Brasil sigue siendo el país más golpeado, con 7.931 casos y dos muertes.
Los casos por países
Los otros países afectados incluyen a Bolivia (356 casos), Colombia (74 casos), Cuba (506 casos), Perú (930 casos) y la República Dominicana (33 casos), país que recientemente reportó su primer brote. En cuanto a casos importados, se han registrado 21 en Estados Unidos, uno en Canadá y 30 en Europa, asociados a viajeros que estuvieron en zonas endémicas.
Uno de los puntos más alarmantes es la transmisión vertical del virus. En Brasil, se confirmó la muerte de un feto y un caso de anomalía congénita en bebés infectados. Las autoridades también están investigando otras muertes fetales y abortos vinculados a la fiebre de Oropouche.
Plan regional para frenar el aumento de casos
La OPS insiste en que desde el organismo sanitario se sigue trabajando con los países miembros para controlar la expansión del virus. Recientemente, la OPS organizó un seminario enfocado en la vigilancia entomológica y el control del Culicoides paraensis, el principal vector del OROV. Expertos de la OPS, la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) participaron en el evento.
Durante el seminario, la organización presentó guías provisionales que detallan el ciclo de vida de los vectores y las mejores prácticas para su vigilancia y control. Las autoridades continúan en alerta, monitoreando la situación y aplicando medidas para mitigar los riesgos que supone este brote para la salud pública.
¿Qué es la fiebre de Oropouche?
La fiebre de Oropouche es una enfermedad viral causada por el virus que lleva ese mismo nombre, que se transmite a los humanos principalmente a través de la picadura de mosquitos, en especial del género Culicoides. Este virus es endémico en regiones tropicales de América Latina, especialmente en la región amazónica de Brasil.
¿Qué síntomas presenta?
Esta enfermedad viral se manifiesta principalmente con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, y dolores musculares y articulares. En casos más severos, puede evolucionar a meningitis o encefalitis. No existe un tratamiento específico, por lo que la prevención es crucial. El virus se transmite a través de la picadura de jejenes infectados, insectos que habitan en zonas húmedas y boscosas, activos principalmente durante el día.
No existe un tratamiento específico para la fiebre de Oropouche, por lo que el manejo de la enfermedad es sintomático y la prevención se centra en evitar la picadura de mosquitos.
Ante el aumento de casos, la OPS recalca la importancia de aplicar medidas preventivas, especialmente en mujeres embarazadas. Entre las recomendaciones destaca:
- Instalar mosquiteros de malla fina en puertas y ventanas, con orificios menores a 1 milímetro, para bloquear la entrada de los insectos vectores.
- Usar ropa de manga larga y pantalones largos, especialmente en hogares con personas enfermas.
- Aplicar repelentes de insectos en las áreas expuestas de la piel.
- Evitar actividades al aire libre durante el amanecer y el atardecer, momentos en que la actividad de los vectores es más alta.
- Buscar atención médica de inmediato si se presentan síntomas sospechosos.
Además, los expertos apuntan a que esta época, con clima tropical, también podría contribuir a un aumento de casos. “Sobre todo en estas temporadas con los huracanes y hay más lluvia. Hay que tratar de tener los envases sin agua, tratar de mantener los patios limpios, sin maleza alta y todos estos lugares donde se pueda acumular agua, taparlos o tenerlos completamente secos para evitar este tipo de proliferación”, recalca la Dra. Garcés.
ONU: Venezuela reactivó "una modalidad más dura y violenta" de represión contra opositores tras elecciones
El gobierno de Nicolás Maduro intensificó las tácticas represivas contra la oposición para mantenerse en el poder después de las elecciones presidenciales en Venezuela, señala el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
El Estado venezolano intensificó su aparato represivo y reactivó "una modalidad más dura y violenta" contra opositores o disidentes tras las elecciones presidenciales de julio, dijo la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos, en un informe divulgado el martes.
La misión dijo en el documento que las autoridades venezolanas llevaron de manera "consciente y planificada" acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición, para inhibir la difusión de información independiente, las opiniones críticas, así como para impedir las protestas pacíficas.
"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia", dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, citada en un comunicado de prensa.
Las autoridades electorales y el máximo tribunal de Venezuela dijeron que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones, sin divulgar la totalidad de las actas de votación. Mientras, la oposición dijo que sus recuentos muestran una victoria de Edmundo González, quien este mes solicitó asilo político en España, luego de la emisión de un orden de captura en su contra.
Después de las elecciones se registraron protestas en las que hubo 25 fallecidos, según organizaciones no gubernamentales y 2.400 detenidos, de acuerdo con voceros oficiales.
"La protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho. Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo", dijo la misión independiente de Naciones Unidas.
El informe señaló que la "represión" a las manifestaciones ha generado "un clima de miedo generalizado en la población" y además forma parte de una política para "silenciar, desalentar y anular la oposición".
El Gobierno de Maduro ha culpado a la oposición de las muertes en las protestas y ha calificado a los manifestantes de "extremistas" y "fascistas".
La misión dijo que 24 de las 25 muertes fueron causadas por heridas de arma de fuego, la mayoría en el cuello.
Mencionó que las detenciones en el marco de una operación denominada "Tun Tun" -que toca las puertas de las casas de opositores o disidentes- afectaron a ciudadanos comunes de los barrios pobres.
Según el informe, aumentaron las alegaciones de "desapariciones forzadas" no observadas desde 2019, así como las denuncias de tratos crueles y torturas.
El reporte recomendó al Gobierno a investigar sobre el "uso abusivo" de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados en las protestas.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la misión de investigación sobre Venezuela en 2019, cuyo mandato se extendió hasta septiembre de este año.
Díaz-Canel se solidariza con Petro ante supuestos "intentos golpistas" en Colombia
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que los presuntos planes para desestabilizar Colombia son parte de la "arremetida derechista contra los gobiernos progresistas de la región".
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel expresó el sábado su "apoyo y solidaridad" al presidente colombiano Gustavo Petro ante lo que calificó de "intentos golpistas" para derrocar su gobierno.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia investiga a Petro por una presunta violación de topes en su financiamiento de campaña. Petro denunció la semana pasada que la autoridad electoral prepara el terreno para su suspensión, y alegó que la investigación se inició 30 días después de los comicios, fuera del tiempo establecido para que indagara si hubo o no irregularidades durante la campaña.
"Los planes para desestabilizar #Colombia, son parte de la arremetida derechista contra los gobiernos progresistas de la región", escribió Díaz-Canel en su cuenta de X.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se sumó a las expresiones de apoyo de Díaz-Canel, con un mensaje en X en el que manifiesta toda su "solidaridad" al mandatario colombiano "frente a las maniobras que pretenden destituirlo mediante un Golpe de Estado".
El mismo Petro ha denunciado la investigación como un intento de "golpe" de Estado, argumentando que, según la constitución, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es la única facultada para iniciar una investigación en su contra.
“Cada paso dado contra el presidente en el consejo electoral construye un golpe de Estado... ¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de Estado contra el presidente”, escribió la semana pasada en su cuenta de X.
Pero el Consejo de Estado, en una consulta sobre el caso, espaldó al CNE y dijo que este sí está facultado para revisar las presuntas irregularidades en la campaña de Petro por la presidencia.
La investigación conducida por el CNE, dirigida por el magistrado del Partido Liberal Benjamín Ortiz y del uribista Centro Democrático Álvaro Hernán, concluyó que la campaña de Petro sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos (alrededor de 1,27 millones de dólares) y que recibió aportes de personas jurídicas, algo prohibido explícitamente por la ley electoral, reportó la semana pasada la agencia de noticias EFE.
Petro ha dicho que fue despojado de su fuero por "tres magistrados que rompieron las sentencias constitucionales sobre fuero presidencial y conflicto de competencias", y que ahora el CNE, "con mayoría política de quienes derrotamos en las elecciones", se dispone a juzgar al presidente.
En respuesta este sábado a un post en la red social del empresario Luis Ernesto Gómez, el mandatario colombiano insistió en que el CNE no solo investiga su campaña, sino a él, "el presidente".
Gómez instó a Petro a seguir los canales adecuados para protestar la decisión del CNE de abrir la investigación en su contra.
"Si el CNE cometiera un desafuero, puede ud demandar la decisión ante el Consejo de Estado. Ese mismo Consejo de Estado que amparó sus derechos, declarando ilegal la destitución hecha por el exprocurador Ordóñez, cuando Ud era Alcalde de Bogotá", escribió.
El empresario colombiano recomendó al mandatario ejercer su defensa ante el Congreso de la República, como ya lo hace con otras denuncias en su contra.
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