El gobierno de Estados Unidos no concederá automáticamente un permiso de trabajo a las personas que estén bajo parole mientras se procesa su petición de asilo o cualquier otra solicitud para legalizar su estatus migratorio, anunció esta semana el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
Los solicitantes de refugio no tienen derecho por ley a recibir un permiso de trabajo, subraya el comunicado oficial. La decisión de concederlo, o no, se hace “caso por caso”, a discreción de las autoridades migratorias, tomando en cuenta todos los factores y las circunstancias específicas de cada persona.
USCIS (por las siglas de United States Citizenship and Immigration Services) “ha determinado que los oficiales de Inmigración necesitan más orientaciones para conceder los permisos de trabajo”, dice el gobierno.
Esas orientaciones proporcionan “una lista de factores positivos y negativos que un oficial [de Inmigración] debe tener en cuenta a la hora de sopesar todas las circunstancias y determinar si el solicitante merece ser favorecido a discreción”.
En la práctica, significa que aspectos como los antecedentes penales tendrán mayor peso a la hora de decidir sobre un caso específico.
El documento oficial declara que es necesario emitir esta orden ahora “porque hay una emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos, por donde extranjeros están entrando al país ilegalmente”.
En el caso de los cubanos no solo el permiso de trabajo se complica, dependiendo de cómo lleguen al país, indica un experto.
“Los cubanos que vienen por reclamación familiar o por matrimonio no van a tener problemas, porque esos ya entran con residencia”, dice el abogado de Inmigración Angel Leal. Pero a los que no vengan por esas vías “se les puede dificultar enormemente por diversos motivos no solo el permiso de trabajo: también el parole”.
En estos momentos la mayoría de los cubanos que están tratando de entrar por la frontera con México presentan sus solicitudes de asilo en el estado de Texas, observa Leal.
“El fallo que echó atrás la aplicación del decreto que exige haber pedido asilo en un tercer país es del 9no Circuito de Apelaciones, y los estados fronterizos que caen en ese circuito son California y Arizona”, explica el abogado. “Texas cae en el 5to Circuito, con Nuevo México, y de las 12 mil solicitudes de asilo presentadas en El Paso [Texas], entre ocho y 10 mil son de cubanos, sin contar los cinco mil que están esperando para hacerlo”.
Si el 5to Circuito decide que el decreto presidencial debe cumplirse, la discrepancia tendría que resolverse en la Corte Suprema, indica el experto. Mientras tanto, los cubanos están ahí, y “lo peor es que los tengan esperando meses y meses para luego decirles que quedan descalificados” porque están en Texas, añade.
“Los menos afectados serían los que entren por California y Arizona”, manifiesta Leal.
De acuerdo con el abogado, el director interino de USCIS, Ken Cuccinelli, considera que conceder parole categóricamente por grupos nacionales --como los programas que beneficiaban a los haitianos y a los filipinos veteranos de la Segunda Guerra Mundial-- es un error en la aplicación de la ley.
