La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Ilegítimo Régimen Autoritario Venezolano, o Ley BOLIVAR (por sus siglas en inglés), que restringiría aún más las fuentes de financiamiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
La Ley BOLIVAR impondría al resto del gobierno federal las mismas restricciones de contratación de la Sección 890 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2020, que prohibía al Pentágono tener contratos con empresas relacionadas con cualquier entidad del gobierno venezolano bajo el control de Maduro.
La legislación fue presentada por el congresista republicano Mike Waltz, nominado por el presidente electo Donald Trump como su futuro asesor de seguridad nacional, y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, ambos de la Florida.
“Venezuela está en crisis debido al gobierno ilegítimo y autoritario y a las políticas marxistas de Nicolás Maduro y su cártel de Caracas”, dijo Waltz en un comunicado. “Maduro y sus compinches se han burlado e ignorado la voluntad electoral del pueblo venezolano, incitando a acciones violentas contra la oposición democrática. Nuestra política debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que se esfuerzan por romper las cadenas de la opresión y no brindar ayuda y consuelo a sus opresores.
Por su parte, la congresista María Elvira Salazar, que copatrocinó y apoyó el Proyecto de ley dijo en un comunicado que “al aprobar la Ley BOLIVAR, la Cámara de Representantes está enviando el mensaje claro de que Estados Unidos nunca hará negocios con un tirano como Maduro”.
Asimismo celebró el anuncio indicando que "la legislación corta un salvavidas financiero adicional para el aparato represivo del régimen de Maduro", según un mensaje publicado en X.
La normativa debe ser aprobada ahora por el Senado, donde tiene respaldo de una amplia mayoría bipartidista
Por su parte, el gobierno de Maduro rechazó el martes la aprobación en la Cámara de Representantes de la Ley Bolivar.
“Dicho instrumento busca impedir el relacionamiento y la cooperación económica de Venezuela y los Estados Unidos en distintos ámbitos de acción, en franca violación a la Carta de las Naciones Unidas”, precisa un comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Si bien la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela es bipartidista, todavía es una incógnita cuál será la posición que asumirá el presidente electo Trump, si una política de máxima presión como en su primer período o una posición más moderada como la que adoptó el actual mandatario, Joe Biden, que flexibilizó algunas sanciones contra la industria petrolera venezolana.
El gobierno de Maduro ha manifestado estar dispuesto a entablar “buenas relaciones” sobre la base de “diálogo, respeto y sensatez” con el próximo ocupante de la Casa Blanca.
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