Si bien Venezuela es legalmente una república constitucional multipartidista, el régimen autoritario ilegítimo liderado por Nicolás Maduro usurpó el control del poder ejecutivo, judicial, ciudadano y los poderes electorales del gobierno, según afirma el nuevo informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El 10 de enero de 2019, terminó el mandato constitucional de Maduro como presidente, pero se negó a ceder el control sobre la base de su supuesta "victoria" en las elecciones presidenciales de 2018, que fueron ampliamente condenadas como ni libres ni justas.
Agrega el reporte que el 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, asumió el cargo de presidente interino de conformidad con las disposiciones de la constitución relacionadas con las vacantes. Maduro, con el respaldo de miembros de las fuerzas de seguridad cubanas, se negó a ceder el control de los instrumentos del poder estatal, impidiendo al presidente interino Guaidó ejercer autoridad dentro del país a pesar de su mandato constitucional.
El 6 de diciembre, el régimen ilegítimo de Maduro organizó elecciones parlamentarias amañadas a favor del régimen, y casi 60 países y organismos internacionales declararon públicamente que las elecciones no fueron ni libres ni justas, precisó el reporte.
Añade el informe que el control de las autoridades civiles sobre las fuerzas de seguridad disminuyó y se politizó profundamente. Cada vez más impopular entre los venezolanos, el régimen ilegítimo de Maduro dependía de los servicios de inteligencia civiles y militares y, en menor medida, de las bandas armadas progubernamentales conocidas como colectivos, para neutralizar la oposición política y someter a la población.
La Guardia Nacional, una rama del ejército que depende del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, es responsable de mantener el orden público, proteger el exterior de las instalaciones y cárceles clave del gobierno, realizar operaciones antinarcóticos y monitorear las fronteras y la prestación de servicios de aplicación de la ley en áreas remotas.
Entre los problemas importantes de derechos humanos, dice el informe, se incluyen: ejecuciones ilegales o arbitrarias; desapariciones forzadas; tortura y casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; detención arbitraria por parte de las fuerzas de seguridad; presos o detenidos políticos; serios problemas con la independencia del poder judicial; e interferencia ilegal con la privacidad.
El régimen impuso serias restricciones a la libertad de expresión, la prensa e Internet, bloqueando rutinariamente las señales e interfiriendo con las operaciones de la televisión, la radio y otros medios de comunicación de propiedad privada.
El régimen esencialmente criminalizó la libertad de expresión al declarar los informes desfavorables a sus políticas como difamación y calumnia, incitación a la violencia o terrorismo, plantea el informe.
