Estados Unidos, a través de su embajada en La Habana, denunció que el gobierno cubano está intentando vender la imagen de que las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio estuvieron marcadas por la violencia cuando en realidad fueron mayormente pacíficas.
"Las fotos valen más que mil palabras. El régimen de Cuba está pintando las manifestaciones del 11J como muy violentas. Todos sabemos por los videos en vivo que reportan, las numerosas fotografías, y los reporteros que estas protestas fueron abrumadoramente pacíficas", indicó la sede diplomática en su perfil de Twitter .
"En general, la violencia perpetrada durante las protestas del #11J vino a manos de actores estatales cubanos", apuntó la Embajada.
El informe de la organización Human Rights Watch sobre el levantamiento popular en Cuba identifica "patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba" que "sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta".
La representación estadounidense en La Habana recordó que además de pedir más libertad política y respeto a los derechos humanos, los manifestantes "marcharon pacíficamente y gritaron su frustración y rabia por las seis décadas de mala gestión económica y la escasez de alimentos, electricidad y medicinas".
También señaló que "en lugar de escuchar los llamamientos de los manifestantes y los consejos de los agricultores y economistas, el régimen está impulsando más políticas que harán subir los precios y perjudicarán al pueblo cubano".
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, también criticó la postura del régimen cubano frente a los manifestantes y las duras condenas ejercidas sobre ellos.
“En lugar de respetar su libertad de expresión, su libertad de reunión y su libertad de pensar diferente, el régimen ha convertido a más de 700 cubanos del 11J en nuevos presos políticos”, destacó.
La Fiscalía General de la República de Cuba ha justificado los procesos judiciales alegando que se trata de personas que tuvieron "conductas vandálicas que de manera tumultuaria causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de ciudadanos, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, al agredirlos con el empleo de objetos cortantes, contundentes e incendiarios, con la perturbación grave del orden público y el deliberado propósito de subvertir el orden constitucional".
Además sostiene que "en distintas localidades se apedrearon instituciones oficiales, hospitales, casas de cambio (Cadeca), establecimientos comerciales y de expendio de combustible; muchos de ellos, como consecuencia de la violencia generada, resultaron saqueados y sustraídos los bienes, provocándose cuantiosos daños; asimismo fueron asediados, volcados y dañados medios de transporte".
El régimen comunista y su aparato propagandístico se refiere a los manifestantes, opositores y activistas como enemigos de la Patria, mercenarios que siguen órdenes de EEUU y niegan que las protestas masivas hayan sido motivadas por el descontento popular sino que siguen un plan orquestado desde Washington.
"Las autoridades cubanas arrestaron a cientos de manifestantes y transeúntes, incluyendo críticos conocidos y ciudadanos de a pie. Muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género, y decenas fueron procesados mediante juicios que violaron las garantías más básicas del debido proceso. Al menos un manifestante falleció. Cientos siguen encarcelados o bajo reclusión domiciliaria, incluidos algunos menores de 18 años", dijo HRW.
La organización determinó que los funcionaros implicados en abusos incluyen a miembros de los servicios de inteligencia, las fuerzas militares, la policía nacional y la brigada especial del Ministerio del Interior conocida como “boinas negras”. También señaló que las “brigadas de respuesta rápida”, grupos de civiles organizados por el régimen, estuvieron implicadas en varias golpizas.
Hasta el momento, la única víctima mortal de la represión policial ha sido Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, residente en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, quien murió el 12 de julio, luego que el subteniente Yoennis Pelegrín Hernández, le disparara por la espalda argumentando que actuó “en legítima defensa”.
