El inicio de las conversaciones para la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba abriría una nueva oportunidad legal para las familias cubanas cuyas propiedades fueron confiscadas en los primeros años de la revolución.
Decenas de millones de dólares en demandas legales por la confiscación de propiedades, deberían resolverse antes de que el Congreso permita completas relaciones comerciales con la isla, dado el poder político de la comunidad cubana de la Florida, apuntó la revista Forbes.
"Si se normalizan las relaciones con Estados Unidos, pero sin resolver el problema de las propiedades privadas, habría la posibilidad de demandar a compañías americanas que estuvieran lucrando con las propiedades confiscadas de otros americanos allá", explicó el abogado Nicolás Gutiérrez, de Florida, a Martí Noticias.
Gutiérrez, quien desde hace años aconseja a familias cubanas en disputa por sus propiedades en la isla, advirtió que esto pudiera crear un caos legal.
A pesar de que idealmente la mayoría de estas familias preferirían la restitución de sus propiedades, Gutiérrez explicó que la inseguridad del sistema legal cubano inclina a los demandantes ahora hacia la compensación.
"La restitución se veía en el contexto de una Cuba libre, lo cual no existe hoy en día", dijo el abogado. "Devolverlas con el mismo gobierno que las robó en el poder no resolvería nada".
No obstante, Gutiérrez considera que la compensación nunca sería suficiente, pues Cuba carece del dinero para compensar adecuadamente a todos los que fueron confiscados. Por esta razón, otros prefieren la restitución de sus propiedades para venderlas ellos directamente a compañías que quieran explotarlas.
"Ellos deben tener el derecho de hacer eso. El Gobierno americano no debe interferir en ese derecho como dueños", acotó el abogado.
Gutiérrez explicó además que por ahora no hay acción legal inmediata que tomar, pues las cortes de justicia estadounidenses no tienen jurisdicción para juzgar actos de un país soberano extranjero, pero los demandantes se preparan para cuando llegue ese momento.
La ley Helms-Burton de 1996 prohibió a las compañías extranjeras traficar con propiedades cubanas robadas, entre otras disposiciones relacionadas. No obstante, cada presidente desde Bill Clinton ha suspendido la activación de esa parte de la ley, y el Departamento de Estado ha continuado otorgando visas a ejecutivos de esas compañías.
