En anticipación al fin del denominado Título 42, previsto para el 21 de diciembre, el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reiteró en un comunicado que, con o sin la orden “las personas que no puedan establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsadas”.
El Título 42 es una orden de salud pública implementada a raíz de la pandemia de Covid-19 que permite al gobierno expulsar a migrantes de manera expedita con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad.
Mayorkas explicó que “una vez concluya la vigencia de la orden conforme al Título 42, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) procesará a las personas interceptadas en la frontera que no tengan documentos de viaje adecuados usando las facultades que posee desde hace tiempo al amparo del Título 8".
El Título 8 permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada y da la potestad al gobierno para deportar e incluso imponer penalidades a quienes no cumplan con los requisitos y sean considerados inadmisibles, incluida la prohibición de reingreso por cinco años de las personas que sean expulsadas.
El responsable de política migratoria lanzó esta advertencia porque cree que "los contrabandistas difundirán información incorrecta para aprovecharse de los migrantes vulnerables" tras el fin del Título 42.
Ante las críticas de las autoridades locales, que se sienten desatendidas por el gobierno del presidente Joe Biden, Mayorkas reivindicó la "labor prudente de planificación y ejecución" del DHS en la frontera.
Sin embargo, admitió que el personal migratorio "está gestionando una cantidad (de migrantes) que supera más del doble" a aquella por la cual fue establecido, y pidió al Congreso más recursos para fortalecer el sistema migratorio.
Mientras tanto, el DHS señaló que podría dejar en libertad a más migrantes dentro de Estados Unidos en lo que se procesan sus casos de inmigración una vez que concluyan la próxima semana las restricciones al asilo implementadas bajo el Título 42.
El departamento reportó un menor tiempo de procesamiento para los migrantes detenidos en la frontera, más carpas de detención, aumento de personal y un incremento en el proceso penal de traficantes, resaltando su progreso en la implementación de un plan dado a conocer en abril.
Pero el documento de siete páginas con fecha del martes no incluyó ningún cambio estructural relevante en un momento en que se registra un alto número de migrantes que ingresan al país.
Las autoridades han dicho que esperan que lleguen todavía más una vez que finalice el Título 42, bajo la cual se les ha negado a los migrantes la posibilidad de solicitar asilo en más de 2,5 millones de ocasiones bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19.
(Con información de las agencias EFE y Prensa Asociada)
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