El gobierno de Ecuador oficializó su negativa a acatar las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del parlamentario Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, considerados perseguidos políticos en su país.
El canciller Ricardo Patiño dijo que Ecuador “no se va a prestar a un show político que la CIDH quiere protagonizar con el Estado ecuatoriano como actor”, y expresó que la entidad no tiene autoridad para emitir medidas cautelares.
“Nosotros no los vamos a atender y les hemos contestado en ese sentido”, agregó Patiño, quien no asistirá al 150 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convocada para hoy en Washington (EE.UU.).
El organismo interamericano había convocado al país andino para intervenir en las audiencias sobre derecho a la libertad de expresión, asociación y de la naturaleza. “Creen que todos los años van a perturbar, molestar al pueblo ecuatoriano para llevarlo allá y tratar temas de libertad de expresión (...) se creen con el derecho de poner a todos sus funcionarios a organizar audiencias, que alguna vez fuimos de buena fe, y ahora piensan que nos pueden llevar con la misma cantaleta de siempre”, dijo Patiño.
De esta forma se coartaron las expectativas de Jiménez, Villavicencio y Figueroa, quienes confiaban que con las medidas de la CIDH no se ejecutara la sentencia contra ellos. Ahora apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y a la Constitucional, de Ecuador.
Julio César Arango, abogado de los tres sentenciados, adelantó que sus defendidos no se entregarán a la justicia pues no tienen garantías.
Otro tema que le cayó esta semana a Ecuador fue el nuevo informe de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, al que el canciller Patiño calificó como “juguetito con el que la relatora Catalina Botero quiere molestarnos todos los años, afectar el prestigio del país, que está en alza”.
En el informe de la Relatoría, Botero solicitó al presidente Rafael Correa que tuviera cuidado con lo que decía en sus cadenas televisivas, y abordó el caso de Cléver Jiménez y el activista José Acacho, casos que, según Patiño, “no tienen nada que ver con libertad de expresión, sino con delitos, actos y denuncias”.
Más lejos aún que Patiño fue Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, quien calificó a la comisión como “un instrumento politizado, al servicio de intereses económicos de potencias”.
Según Mera, antiguo militante socialcristiano convertido en revolucionario, el informe sobre libertad de expresión refleja una “total ignorancia”, pues la “libertad de expresión no es la libertad de insultar y comparar a Correa con Hitler”.
Dijo que el Estado no descartaría solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) “para que ponga en su sitio a la CIDH”.
El canciller Ricardo Patiño dijo que Ecuador “no se va a prestar a un show político que la CIDH quiere protagonizar con el Estado ecuatoriano como actor”, y expresó que la entidad no tiene autoridad para emitir medidas cautelares.
“Nosotros no los vamos a atender y les hemos contestado en ese sentido”, agregó Patiño, quien no asistirá al 150 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convocada para hoy en Washington (EE.UU.).
El organismo interamericano había convocado al país andino para intervenir en las audiencias sobre derecho a la libertad de expresión, asociación y de la naturaleza. “Creen que todos los años van a perturbar, molestar al pueblo ecuatoriano para llevarlo allá y tratar temas de libertad de expresión (...) se creen con el derecho de poner a todos sus funcionarios a organizar audiencias, que alguna vez fuimos de buena fe, y ahora piensan que nos pueden llevar con la misma cantaleta de siempre”, dijo Patiño.
De esta forma se coartaron las expectativas de Jiménez, Villavicencio y Figueroa, quienes confiaban que con las medidas de la CIDH no se ejecutara la sentencia contra ellos. Ahora apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y a la Constitucional, de Ecuador.
Julio César Arango, abogado de los tres sentenciados, adelantó que sus defendidos no se entregarán a la justicia pues no tienen garantías.
Otro tema que le cayó esta semana a Ecuador fue el nuevo informe de la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, al que el canciller Patiño calificó como “juguetito con el que la relatora Catalina Botero quiere molestarnos todos los años, afectar el prestigio del país, que está en alza”.
En el informe de la Relatoría, Botero solicitó al presidente Rafael Correa que tuviera cuidado con lo que decía en sus cadenas televisivas, y abordó el caso de Cléver Jiménez y el activista José Acacho, casos que, según Patiño, “no tienen nada que ver con libertad de expresión, sino con delitos, actos y denuncias”.
Más lejos aún que Patiño fue Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, quien calificó a la comisión como “un instrumento politizado, al servicio de intereses económicos de potencias”.
Según Mera, antiguo militante socialcristiano convertido en revolucionario, el informe sobre libertad de expresión refleja una “total ignorancia”, pues la “libertad de expresión no es la libertad de insultar y comparar a Correa con Hitler”.
Dijo que el Estado no descartaría solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) “para que ponga en su sitio a la CIDH”.
