Las autoridades cubanas dicen que demorarán al menos dos meses, y en algún caso ni siquiera saben cuánto tiempo, para responder las reclamaciones del activista Lidier Hernández, a quien el 15 de febrero le impidieron en La Habana abordar el vuelo en el que debía regresar a Uruguay, el país donde reside.
En tres cartas fechadas en Cienfuegos, Hernández se dirige a la Embajada de Cuba en Uruguay, a la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería y a la Dirección de Atención de la Ciudadanía del Ministerio del Interior (MININT), pidiendo que le restituyan su derecho –consagrado en la Constitución de la República – de salir libremente del país.
“Le hago una de estas cartas a la Embajada de Uruguay, comunicándole que yo, como ciudadano residente allí, exijo que ellos se pronuncien sobre mi caso debido a que he participado en tres manifestaciones allí y en ningún momento se ha violentado la Embajada; han sido siempre manifestaciones pacíficas”, le dijo el activista a la reportera de Radio Televisión Martí Ivette Pacheco.
La sede diplomática respondió que concedería una entrevista en Montevideo a Eddy Rodriguez de la Cruz, uno de los cubanos que se movilizan en Uruguay “para visibilizar todo el problema de Cuba”, contó Hernández en diálogo con Pacheco.
“En estos momentos me encuentro en Cuba con prohibición de salida del territorio nacional, de la cual las autoridades migratorias cubanas no me han –ni tienen la intención de hacerlo—expedido documento legal donde se expliquen motivo y periodo de limitación”, puede leerse en una copia del documento compartida por el “regulado” en su cuenta de Facebook.
Sin embargo, al entrevistarse en Cienfuegos con un funcionario provincial de la propia Dirección de Inmigración, supo informalmente “que se debe a mi activismo político en Uruguay, y que pudiera yo organizar futuras manifestaciones contra la Embajada de Cuba en Uruguay”.
A su vez, la respuesta a la carta que remitió a la Dirección de Atención a la Ciudadanía del MININT anticipa una demora incalculable.
“Les pregunto qué tiempo tienen para responderme, y me dicen que ‘conforme a la ley’, y como la ley no está, no hay tiempo de respuesta”, relata el activista obligado a permanecer en la isla contra su voluntad. En la Dirección Nacional de Inmigración y Extranjería le comunicaron que el plazo de respuesta es de 60 días laborables.
“O sea, que estamos hablando de más de dos meses”, indica. “Entonces yo precisamente estoy demostrando esto: cómo acudiendo a ellos, aun así, no se obtiene respuesta ninguna”.
Según Hernández, con este tipo de medida el régimen cubano intenta doblegar a quienes hacen activismo político en su contra.
“Coaccionar a todas las personas que, como yo, han decidido hacer activismo político directo, de frente y dando la cara, denunciando todo este tipo de abuso”, le dijo Hernández a Pacheco. “Así les ha pasado a muchísimos; la lista creo que es de más de 200 personas: los regulados”.
En las cartas, el activista es preciso a la hora de invocar los fundamentos legales de su reclamación.
“El Decreto Ley No. 302 de fecha 11 de octubre de 2012, modificativo de la Ley de Migración, estableció en su Artículo 25 los supuestos en los cuales los ciudadanos cubanos residentes en el territorio nacional no pueden salir del país”, dice Hernández en la carta a Inmigración y Extranjería, “y no considero estar comprendido en ninguno de ellos”.
De acuerdo con una convocatoria publicada en redes sociales, este sábado comienzan en varios sitios de Montevideo, Madrid y Ottawa, Canadá, los actos de la Operación Retorno, organizada por activistas de derechos humanos para exigir que se le permita a Hernández el regreso a Uruguay.
