Diez cubanos encarcelados en Holguín, acusados del delito de sedición, iniciaron el viernes una huelga de hambre, tras conocer que el Tribunal Provincial Popular había ratificado altas condenas de entre 25 y 30 años.
"El 11 de febrero se decide todo, pero acaban de plantarse los prisioneros de la Prisión Provisional. Los 10 acaban de plantarse en huelga de hambre", dijo a Radio Martí, Mailín Rodríguez Sánchez, esposa de Yosvany Rosell García, manifestante en Holguín y con petición fiscal de 30 años de cárcel.
El juicio iniciado esta semana contra 21 manifestantes de Holguín, entre ellos ocho menores, en edades entre 16 y 18 años, que enfrentaban peticiones fiscales de hasta 18 años de cárcel, terminó el viernes a las 11 de la mañana.
Rodríguez Sánchez dijo que los menores de edad quedaron con condenas de siete a cinco años.
"Las otras peticiones fiscales se mantienen de 25 a 30 años. Quedó concluso para sentencia para el 11 de febrero. En que se da la sentencia final para todos y por fin se sabe si van para prisión y si algunos van a estar en un régimen del trabajo a la casa", agregó.
La esposa del cuentapropista había denunciado antes que en el juicio la Jefa de los Instructores del Departamento de Instrucción Penal del Ministerio del Interior se presentó como testigo de la fiscalía.
La oficial leyó un documento donde inculpó a todos los encausados, calificándolos de violentos y agresivos y cuando los abogados de la defensa comenzaron a hacerle preguntas a la funcionaria, la mujer no sabía qué responder, señaló Rodríguez Sánchez.
Familiares y activistas han denunciado violaciones jurídicas, manipulación y el uso de testigos con falsos testimonios por parte de la fiscalía, violaciones al debido proceso y juicios a puerta cerrada. También han dicho que mayormente se usan testimonios de oficiales de la seguridad del estado y la policía para incriminar a las personas, que las escenas de violencia policial son eliminadas de los videos que sirven como pruebas y que los jueces favorecen abiertamente a los acusadores.
Según la organización Cubalex, 1.355 personas fueron detenidas por las protestas de julio, de las cuales 719 siguen en prisión.
La agrupación Justicia 11, que lleva un registro pormenorizado de las detenciones y los procesos penales en relación con el estallido social del 11 de julio, dijo esta semana que "ningún medio de propaganda de las autoridades cubanas ha informado hasta ahora de la ejecución de juicios ordinarios a al menos 223 manifestantes.
El grupo denunció que al menos 234 personas tienen peticiones fiscales en espera de juicio.
Grupos de derechos humanos han denunciado que 39 cubanos con edades inferiores a 21 años se encuentran bajo medida cautelar arbitraria y extrema de prisión provisional, a la espera de ratificación de condenas de hasta 23 años de privación de libertad.
