El informe sobre los límites a la libertad de prensa en Cuba presentado en la 74a. Asamblea General Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se inaugura este viernes, en Salta, Argentina, menciona a las estructuras del Estado cómplices en el hostigamiento a los periodistas en la isla.
El informe sobre la situación de libertad de prensa en Cuba fue realizado por el periodista independiente Henry Constantin, quien explicó a Radio Martí que no pudo asistir al evento porque las autoridades de la isla le impiden la salida del país al estar en condición de "regulado".
El reporte sobre Cuba denuncia que el régimen castiga con mayor rigor a las mujeres comunicadoras: "Si bien son los hombres los que resultan detenidos con más frecuencia y duración, es a las mujeres a las que el MININT les aplica los castigos más prolongados, especialmente a aquellas que tienen hijos".
Además menciona a todas las estructuras del gobierno que se subordinan al Ministerio del Interior y son cómplices en la represión a los comunicadores, entre ellas, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República, las filiales locales, municipales y provinciales del Poder Popular y el Partido Comunista, y "en los casos donde sea necesario, a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., los Comités de Defensa de la Revolución, los ministerios de Educación Superior y Cultura, la Aduana General de la República, la Comisión Electoral Nacional y el Instituto Nacional de Vivienda y Planificación Física".
La asamblea, que se celebra del 19 al 22 de octubre, tiene un marcado interés en la libertad de expresión en los medios digitales y han preparado un borrador encaminado a defender y promover las libertades de expresión y de prensa como "derechos inalienables de las personas" y el acceso al Internet como un derecho humano.
A continuación reproducimos el informe de Cuba elaborado por Constantin, en calidad de vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP):
INFORME SOBRE LIBERTAD DE PRENSA EN CUBA
Abril-Octubre 2018
En medio de un tsunami de represión policial y de meses de continuada tortura sicológica sobre la prensa independiente, Cuba ha cambiado el nombre del presidente de la república. Entre abril y octubre de 2018, el país ha heredado de Raúl Castro –además de la falta de libertades y oportunidades económicas, la desesperanza política y el subdesarrollo físico, cívico y digital- otras tres cosas, ninguna de ellas positivas para la libertad de prensa.
Las dos primeras son el grupo familiar del expresidente, que gobierna y reprime desde atrás y un presidente, Miguel Díaz-Canel, sin poder ni voluntad para construir libertad de expresión y mucho menos de prensa en Cuba, contra las que además se pronunció en un video filtrado hace unos meses, en el cual clasifica como propuestas con contenidos subversivos “que se están analizando” las redes wifi ilegales, medios de comunicación que ni siquiera son críticos con el gobierno, y El Paquete (un combo de productos digitales comunicativos extranjeros que se distribuye en Cuba a través de vendedores privados). "Han aparecido sitios, portales y revistas aparentemente inofensivas y de perfil bajo" que, según Díaz-Canel, se encargan de la "difusión de estereotipos probados de guerra cultural". En el mismo video, aseguró: "Que se arme el escándalo que se quiera armar, que digan que censuramos, todo el mundo censura".
La tercera herencia nociva para la libertad de prensa en Cuba, es la Constitución que hoy está oficialmente en “discusión” y debe ser aprobada el 24 de febrero próximo. En ella se mencionan pero limitan las libertades de prensa y expresión, especialmente en su artículo 60:
Se reconoce a los ciudadanos la libertad de prensa. Este derecho se ejerce de conformidad con la ley.
Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo, lo que asegura su uso al servicio de toda la sociedad.
El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social.
Este proceso de cambio de presidente formal, y de “análisis constituyente”, se ha ejecutado simultáneamente con la ola represiva contra la sociedad civil que comenzó en el segundo semestre de 2016, y que ha tomado como una de sus objetivos prioritarios silenciar a los medios de comunicación y a los periodistas en Cuba.
Para lograr esto, el Ministerio del Interior, organismo coordinador y principal ejecutor de la represión, ha continuado aplicando, sobre los comunicadores, métodos que por su continuidad en el tiempo, el ámbito familiar en el que se ejecutan, la impunidad con que ocurren, la amplitud de facetas de la vida del comunicador que afectan –económica, social, familiar, profesional, síquica, legal-, la ubicuidad con que atacan –en la calle y la vivienda, en los aeropuertos, hospitales, instituciones de justicia y policiales, los centros de estudio de los hijos y de trabajo de familiares cercanos, el vecindario y la Internet y los demás espacios digitales del comunicador- y sobre todo, por la variedad de esos métodos represivos, su dureza, y la indefensión casi absoluta del agredido frente a ellos, califican como operaciones programadas de tortura sicológica.
Son las mismas técnicas que ha empleado el gobierno cubano en los anteriores semestres de este tsunami represivo: detenciones que duran desde una hora hasta 4 o 5 días como las que han sufrido:
Iris Mariño, Roberto Jesús Quiñones, Osmel Ramírez, Martha Liset Sánchez, Alberto Corzo, Alberto Castaño, Rudy Cabrera, Augusto César San Martín, José Antonio Fornaris, Boris González, Mario Echevarría, Roberto Rodríguez Cardona, Luis Cino, Emiliano González, Manuel León, Alexander Rodríguez, Alejandro Hernández, Osniel Carmona, Yuri Valle, Anderlay Guerra, Carlos Alberto Torres, Niorbis García, Yordis García, Daniel González, Deris Solís, Eider Frómeta, Adrián Quesada, Vladimir Turró, Eradilys Frómeta;
Invención de acusaciones y de pruebas en función de condenas judiciales fraudulentas:
Rosalia Viñas, Inalkis Rodríguez, Alberto Castaño, Manuel León, Alexander Rodríguez, Niorbis García, Yuri Valle, Eider Frómeta;
Y agresiones físicas:
(Alejandro Hernández, Alberto Corzo, Eider Frómeta).
Es común también el uso de rcitaciones para interrogatorios y amedrentamiento en oficinas del Ministerio del Interior:
Inalkis Rodríguez, Rosalia Viñas, Idilsa Bailly, Oscar Padilla, Dagoberto Valdés, Yoandy Izquierdo, Rafael Gordo, José Antonio Fornaris, Mario Echavarría, Yaudel Estenoz, Yuri Valle;
El hostigamiento de los familiares y amistades cercanas:
María Ferreiro y Héctor Constantin –padre y madre de Henry Constantin-, Aurora Albistur –madre de Augusto César San Martín-, Mario Junquera –esposo de Iris Mariño-, Idilsa Bailli –esposa de Niorbe García-, Adolfo Antonio Fornaris –hijo de José Antonio Fornaris-, María Pérez –suegra de Osniel Carmona-, las esposas de Julio Aleaga y Emiliano González, Yudania Moné –hija de Gladys Linares;
La vigilancia sobre el domicilio:
Iris Mariño, Inalkis Rodríguez, Henry Constantin;
la vigilancia y el ataque a las comunicaciones telefónicas y digitales:
Dagoberto Valdés, José Antonio Fornaris, Iris Mariño, Inalkis Rodríguez, Henry Constantin.
Aumenta además en el último semestre la frecuencia y agresividad del seguimiento y acoso verbal o físico a los comunicadores en la vía pública:
Iris Mariño, Carlos Alberto Torres, Alejandro Hernández, Henry Constantin, Eider Frómeta); así como los registros en sus viviendas (José Antonio Fornaris, Alberto Corzo, Alberto Castaño, Roberto de Jesús Quiñones, Emiliano González, Niorbe García, Idilsa Bailly, Daniel González, Julio Aleaga;
y las presiones a los arrendatarios para que desalojen a periodistas de sus viviendas alquiladas:
Adriana Zamora, Odalina Carmona, Sol García, Ernesto Carralero). Además, la Seguridad del Estado ha ejecutado campañas difamatorias contra comunicadores en sus zonas de residencia o en Internet (Iris Mariño, Osniel Carmona.
Continúa como práctica común la confiscación de bienes de trabajo y personales, casi siempre sin mediar la documentación legal debida:
José Antonio Fornaris, Carlos Alberto Torres, Roberto Jesús Quiñones, Emiliano González, Alberto Corzo, Alberto Castaño, Alejandro Hernández, Osniel Carmona, Niorbe García, Daniel González, Mario Echevarría, Eider Frómeta, Rudy Cabrera, Augusto César San Martín;
la prohibición de salida del domicilio, el municipio, la provincia o el país:
Inalkis Rodríguez, Iris Mariño, Karina Gálvez, Rosalia Viñas, Amarilis Cortina, Odalina Guerrero, Sol García, Miriam Herrera, Ana León, Ileana Álvarez, Yaudel Estenoz, Roberto de Jesús Quiñones, Osniel Carmona, Rafael Gordo, Yuri Valle, Augusto César San Martín, Julio Aleaga, Emiliano González, Henry Constantin;
el acoso a través de interrogatorios y revisiones exhaustivas durante estancias en aeropuertos:
María Ferreiro, Augusto César San Martín, Rafael Gordo;
o la obstaculización de residencia en el país a periodistas extranjeros (Fernando Ravsberg).
Se mantiene el caso de la única comunicadora cubana que cumple sentencia y trabajo forzado de carácter humillante como condena: Karina Gálvez, miembro del consejo de redacción de la revista Convivencia.
Además, la organización política Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denuncia el encarcelamiento, tras juicios amañados, de varios de sus activistas, solo por filmar videos expresando sus simpatías políticas. Por otro lado, se hace común el arresto y hostigamiento de artistas independientes que protestan contra el Decreto 349, un instrumento legal recién puesto en vigor que penaliza a artistas que trabajen en la economía privada, sin autorización estatal.
Todo esto ocurre con la total subordinación al MNINT del Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la República, que aunque suelen recibir las reclamaciones presentadas por los comunicadores, nunca las responden ni investigan. En la represión el gobierno también usa las filiales locales, municipales y provinciales del Poder Popular y el Partido Comunista, y en los casos donde sea necesario, a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., los Comités de Defensa de la Revolución, los ministerios de Educación Superior y Cultura, la Aduana General de la República, la Comisión Electoral Nacional y el Instituto Nacional de Vivienda y Planificación Física, entre otras.
Si bien son los hombres los que resultan detenidos con más frecuencia y duración, es a las mujeres a las que el MININT les aplica los castigos más prolongados, especialmente a aquellas que tienen hijos: Karina Gálvez –analista económica y miembro del consejo de redacción de la revista Convivencia- cumple una condena de tres años por un delito fabricado, que la obliga a no salir de su municipio a hacer un trabajo humillante para no ir a la cárcel; Inalkis Rodríguez –periodista y asistenta general de la revista La Hora de Cuba- y Rosalia Viñas –diseñadora y miembro del consejo de redacción de la revista Convivencia- tienen medidas cautelares de restricción de viajes por investigaciones amañadas levantadas en su contra por la Seguridad del Estado, la primera de ellas inclusive tiene prohibido salir de la ciudad donde vive, y la segunda recibe frecuentes citaciones a interrogatorio.
Además, se mantiene entre los casos graves el de Iris Mariño –fotógrafa y periodista en La Hora de Cuba- ha sufrido diferentes actos que califican como tortura sicológica y acoso sexual continuado, en forma de seguimientos, filmaciones, tocamientos y hasta un beso en la vía pública por parte de agentes de la Seguridad del Estado, así como es la única en Cuba que reporta haber sufrido un acto vandálico en la fachada de su casa entre quienes trabajan en medios de prensa cubanos. Tiene “provisionalmente archivada” una denuncia levantada por la Seguridad del Estado de “usurpación de capacidad legal”. Fue arrestada durante unas tres horas cuando intentaba sacar su cámara durante el desfile oficialista del 1 de mayo. Durante ese arresto fue sucesivamente interrogada y acosada con frases de contenido erótico por 4 agentes de la Seguridad del Estado, en una oficina policial. Poco después se le prohibió salir del país a un encuentro previsto con el relator de libertad de expresión de la Comisión de Derechos Humanos. En junio aparecieron pintados letreros ofensivos contra ella y su esposo en la fachada de su casa. Entre agosto y septiembre ha sido seguida en varias ocasiones por agentes de la Seguridad del Estado. Además, las autoridades le cerraron uno de sus empleos como profesora.
INTERNET
Al menos una veintena de sitios webs de medios de prensa enfocados en Cuba y organizaciones periodísticas internacionales (como el de la SIP) y de derechos humanos, siguen bloqueados por las autoridades cubanas. Algunos han sido desbloqueados en cortos periodos, como ocurrió durante la reciente visita a la isla de altos funcionarios de Google.
Además, ETECSA, monopolio estatal de las telecomunicaciones, ha hecho pruebas de mala calidad pero gratuitas de Internet en móviles, y ha anunciado que “pronto” tendrán los cubanos acceso a ese servicio, aunque se especula que el precio será tan alto como el que ofrecen para Internet en las viviendas: el servicio mínimo mensual para 30 horas de navegación, cuesta la mitad del salario medio mensual en Cuba. Con esos altísimos precios y la baja difusión geográfica del acceso a Internet, sigue siendo muy difícil para los cubanos usar la red de redes para informarse o compartir información.
La página en Facebook del Centro de Pensamiento Convivencia, que dirige Dagoberto Valdés, y que solo publica links de textos tomados de la web de esa entidad independiente, fue cerrada por Facebook en agosto en base a denuncias recibidas por determinados usuarios. Antes, en mayo, durante un interrogatorio a un miembro de Convivencia, un agente del MININT manifestó el malestar oficial con las publicaciones que hacían los miembros del equipo en las redes sociales.
EDUCACIÓN
Los jóvenes que desean estudiar Periodismo en las universidades cubanos siguen sometidos a pruebas “de aptitud” que miden las opiniones políticas de los aspirantes, y los aprueban solo cuando estas sean progubernamentales. Además, en esta evaluación de “aptitud” se le da especial influencia al criterio del rector y del decano –militantes del Partido Comunista- de las facultades donde el aspirante intente estudiar periodismo.
Los reglamentos que rigen el comportamiento de los estudiantes en todos los niveles de enseñanza siguen castigando con fuerza la emisión por cualquier vía de ideas o informaciones que disgusten al gobierno.
Se ha anunciado la elaboración futura de leyes para regular determinados temas de la nueva constitución, pero quienes tienen la posibilidad de hacerlas son funcionarios gubernamentales que carecen de capacidad o interés en introducir mejoras significativas en los temas de libertad de expresión y prensa en Cuba.
[Con informe de la SIP y reporte de Idolidia Darias]
