Las organizaciones Artistas en Conexión de Riesgos y Cubalex alertaron en un reporte publicado el lunes que el Decreto 349 representa "un ataque inaceptable al derecho a la libertad de expresión en Cuba".
Ambos grupos analizan en el informe "El arte bajo presión" cómo el decreto firmado por Miguel Díaz-Canel pone límites a la libre creación, criminaliza el trabajo artístico no registrado, autoriza la censura, y empodera una nueva categoría de inspectores estatales para que regulen la expresión creativa.
El documento señala las amplias categorías de censura y los poderes discrecionales casi ilimitados a una nueva categoría de inspectores, y la falta de opciones significativas para apelar.
"El Decreto 349 es el intento más importante por parte de funcionarios de regular el sector cultural y controlar una generación emergente de artistas independientes y conectados a nivel global", apunta el documento.
También afirma que el Decreto 349 intimidará, silenciará y criminalizará todas y cada una de las voces disidentes.
"La promulgación del Decreto 349 es otro ejemplo de una tendencia global preocupante de gobiernos que empujan legislación capaz de restringir la libertad creativa y silenciar a artistas. Uganda e Indonesia anunciaron recientemente regulaciones que incluyen evaluación de canciones, videos y guiones cinematográficos y que prohíben contenido considerado blasfemo", dice el informe.
El estudio recomienda al gobierno cubano y a las principales instituciones culturales de la isla lo siguiente:
• Liberar inmediatamente a todos los artistas encarcelados por protestas no violentas contra el Decreto 349 u otras formas de censura y ataques a la libre expresión en Cuba;
• Cesar todas las formas de persecución e intimidación hacia los artistas que protestan contra el decreto o contra el control gubernamental sobre la producción artística independiente en Cuba, incluidas, entre otras, las detenciones arbitrarias a corto plazo, el decomiso de bienes, los interrogatorios, la prohibición de dejar el país y la expulsión de instituciones culturales;
• Derogar el Decreto 349, dadas sus categorías amplias y poco claras, la falta de respeto al debido proceso y transparencia y sus medidas punitivas indebidas. Creemos que, aunque se anuncien normas administrativas adicionales, ellas serían insuficientes para garantizar que se respeten debidamente todos los derechos de los cubanos;
• Asegurarse de que, en el futuro, cualquier regulación o política que afecte a las comunidades artísticas en Cuba se aplique solo después de una consulta previa significativa con todos los artistas y otros actores en el campo artístico, incluidos aquellos que no pertenecen a las organizaciones artísticas formalmente afiliadas al gobierno;
• Asegurar que todas las políticas culturales nuevas o existentes respeten el derecho a la opinión y la libre expresión, a la reunión y asociación pacífica, al acceso al patrimonio cultural y otros derechos fundamentales, independientemente de la raza, el sexo, el idioma o la religión; y
• Asegurar que todas las políticas nuevas o existentes tengan un mecanismo establecido para una adecuada revisión judicial, lo cual garantice significativa y efectivamente el derecho a recursos de apelación.
[A partir de un reporte de Artists at Risk Connection (ARC) y Cubalex]
