Las nuevas medidas anunciadas por el gobierno de Estados Unidos no deberían afectar a los cubanos que piden su residencia permanente al amparo de la Ley de Ajuste, aseguraron dos abogados de Inmigración, expertos en trámites migratorios para ciudadanos de Cuba.
“En particular el Ajuste Cubano tiene una provisión desde los años 1967-68 [según la cual] ser carga pública no le prohíbe a un cubano obtener su residencia”, dijo el abogado Willy Allen en entrevista con radiotelevisionmarti.com. “Por eso hay [tantas] personas mayores que nunca han trabajado en Estados Unidos, que nunca han pagado al arca pública, y se han legalizado como cubanos y reciben ayuda económica”.
Ciertas categorías de la green card para venezolanos, nicaragüenses y haitianos tampoco deben verse afectadas, indica Allen. Y para otro experto, el también abogado de Inmigración Angel Leal, los cubanos que sí podrían afectarse son los reclamados por familiares que estén recibiendo algún tipo de asistencia pública.
“Si el familiar que le hace el afidávit aquí a un cubano que pretende venir por Guyana está recibiendo asistencia pública, o la está recibiendo algún miembro de la familia [con la que vive], eso lo van a tomar en cuenta”, manifiesta Leal.
El director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, anunció el lunes que haber recibido Medicaid, ayuda para comprar alimentos –food stamps--, subsidio para la vivienda o cualquier otro tipo de asistencia pública podría impedir que un inmigrante reciba la green card.
Un inmigrante legal será considerado carga pública, según Cuccinelli, si recibe uno o más de los beneficios públicos enunciados durante más de 12 meses en un plazo de tres años.
Las leyes federales ya establecen que quienes pidan residencia permanente deben probar que no van a convertirse en carga pública, pero el anuncio de la Casa Blanca amplía y especifica en detalle los programas que podrían descalificar al solicitante.
Aunque las nuevas regulaciones aparecerán el miércoles en el Registro Federal y deben entrar en vigor a mediados de octubre, se espera que de inmediato empiecen a ser desafiadas en cortes por grupos defensores de los inmigrantes.
“Esta propuesta de acción ejecutiva no debe tener impacto, número uno, en cubanos que se están legalizando como CU6 [Ley de Ajuste]; número dos, en venezolanos, haitianos o nicaragüenses que han recibido asilo político, o las personas que han entrado como refugiados”, explica Allen, “porque esas tres categorías se pueden legalizar aunque hayan sido cargas públicas”.
El impacto para procesos de residencia en estos grupos es cero, asegura Allen, pero no es así, y nunca ha sido así, en otras categorías.
“Siempre, una persona que va a solicitar residencia a través de matrimonio con un ciudadano americano, a través de una petición familiar o a través de un trabajo tiene que demostrar que no va a ser carga pública”, indica Allen. “Así que si hay una persona que va a legalizarse y se casó con un ciudadano americano y ha sido carga pública, [eso] puede ser una razón para negarle la residencia, y siempre ha sido así”.
En los procesos de ciudadanía la situación sería otra, de acuerdo con Allen.
“Una persona que solicita la ciudadanía americana, que ha sido residente americano más de cinco años, y que legalmente ha recibido la ayuda que merece [por] la ley, va a ser muy difícil que le nieguen la ciudadanía por haber recibido ayuda pública”, manifiesta.
De acuerdo con el anuncio oficial del lunes en la Casa Blanca, el propósito de las nuevas regulaciones es promover la responsabilidad individual y asegurar que los inmigrantes sean capaces de mantenerse a si mismos para alcanzar el éxito en Estados Unidos.
Con información de la agencia AP
