Algunos medios noticiosos hicieron eco a las palabras de la vicepresidenta en funciones del Consejo de la Administración Provincial de La Habana, Isabel Hamze, cuando expuso las razones que tiene el gobierno habanero para suspender temporalmente la emisión de nuevas licencias a las paladares y revisar las ya existentes. Ojo, esta campaña no se trata –como tanto han repetido- de una guerra versus cuentapropistas, la iniciativa privada cubana, los restaurantes ni contra los bares nocturnos. Es mucho más, es una batalla campal, sutil y personal, contra algunos emprendedores privados que rozaron con el poder.
Es cierto; los gobiernos municipales de la capital cubana sostuvieron varias reuniones con 135 titulares de paladares habaneros, y con ellos conversaron, rayando con la amenaza, sobre determinadas tendencias negativas que han aparecido en algunos restaurantes privados; pero si -según cifras oficiales- en La Habana hay más de 500 paladares y 3.000 cafeterias, ¿por qué no asistieron todos?
A principios de este mes, las autoridades cubanas ordenaron cerrar algunos centros nocturnos privados por denuncias de violación en el horario de cierre (3:00 am), por no tener área de parqueo, por contratar artistas sin pasar por las agencias, por permitir el consumo y tráfico de drogas, por aceptar el ejercicio de la prostitución y proxenetismo en los establecimientos, por irrespetar las regulaciones aduanales en la importación de mercadería para uso comercial, por la adquisición y contrabando de mercancías, por lavado de dinero e inversión de capital de dudosa procedencia, por no acatar las relaciones contractuales tal y como están establecidas en la ley 116 o Código de trabajo, por violaciones a las regulaciones urbanas y por evasión fiscal.
"Paladares" cubanas, bajo la amenaza del gobierno
De ser así, sería entendible; pero no cerraron Bolahabana sino el bar Ashé, el Shangri Lá y otros donde se habían reportado incidentes con algunos integrantes de la élite Castro. Por lo tanto, la medida solo responde a una demostración de poder.
Ustedes recordarán que en agosto del pasado año, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el escolta en jefe, ahora con rango superior, por un problema de faldas se empeñó en expulsar de Cuba, con sanción indefinida de entrada al territorio nacional, al empresario español Esteban Navarro Carvajal Hernández, dueño del bar Shangri Lá y del Up&Down bar-restaurante.
Los restaurantes particulares son el lado más visible de las reformas económicas impulsadas por el General Raúl Castro. Nadie, en su sano juicio, puede creer que una “vicepresidenta en funciones de un Consejo de Administración Provincial”, una funcionaria cubana de cuarta categoría, sudorosa, mal peinada y con excelente aptitud para policía, es la encargada de informar que el gobierno cubano decide dar un paso atrás a la tan pregonada apertura del nuevo modelo económico.
Entonces, ¿por qué de esta manera? Para darle un marco legal a un capricho personal.
Las actuales coyunturas sociopolíticas, y las histórico-publicitadas, impulsaron un aumento, considerable, en el número de viajeros que hoy ponen destino a la isla. Las imágenes del destrozo causado por el huracán Matthew, aunque a un precio demasiado alto, se encargaron de ayudar al gobierno a monopolizar la mirada cordial de la comunidad internacional.
El momento es favorable para el General Raúl Castro; pero políticamente no es el “acertado” para un retroceso a métodos terratenientes.
Pasado mañana, en la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, volverá a robar titulares la presentación del Informe de Cuba titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba”.
El gobierno cubano espera que la mayoría de los representantes de los Estados presentes manifiesten desacuerdo con el mantenimiento de una ley que consideran violatoria del Derecho Internacional. El mismo gobierno que hoy obstaculiza, hostiga y bloquea sin el menor respeto, en su patio, no a enemigos útiles, sino a un grupo de emprendedores que apostaron por la iniciativa privada y el mejoramiento social.
