El Senado de España inició los trámites para reformar la llamada "Ley de Nietos", que podría conceder la nacionalidad española a más de 200 mil cubanos, según la estimación de bufetes especializados.
El proyecto de ley, presentado por el partido izquierdista Unidos Podemos, fue "tomado en consideración" por 254 votos a favor, ninguno en contra y solo una abstención.
Según el texto, la reforma a la "Ley de Nietos" pretende "reparar situaciones injustas" en el reconocimiento de la nacionalidad a descendientes de españoles en otras partes del mundo.
"Muchísimos cubanos que en 2010 no pudieron optar a la nacionalidad española, porque la Ley de Memoria Histórica terminó su plazo, van a poder hacerlo. Y luego, los hijos de los cubanos que se nacionalizaron con dicha ley, también podrán optar", explicó a Radio Martí la abogada cubana Estela Marina, presidenta del Grupo Aristeo.
La senadora Sara Vilá (Unidos Podemos) mencionó en el debate los casos más importantes a los que la nueva ley daría cobertura:
- Mujeres que perdieron la nacionalidad al casarse con extranjeros
- Hijos de nacionales de origen por virtud de la Ley de Memoria Histórica, que por tener mayoría de edad no pudieron obtenerla
- Nietos de españoles que emigraron y perdieron la nacionalidad
- Nietos de españoles que perdieron la nacionalidad por no ratificarla
"Es de justicia que todos aquellos ciudadanos españoles que tuvieron que salir al exilio, puedan acceder ahora a la plena nacionalidad que está en sus orígenes", argumentó ante el pleno del Senado Esther Muñoz, portavoz del mayoritario Partido Popular. Mientras tanto, Julián Rodríguez Esquerdo, del gubernamental Partido Socialista, reconoció que España "tiene una deuda" con sus emigrantes.
Fuentes jurídicas consultadas por Radio Martí estimaron que ley podría estar en vigor dentro de un año.
Actualmente residen en Cuba unas 140.000 personas con nacionalidad española, según datos oficiales publicados en Madrid a principios de 2018. La mayor parte obtuvo el estatus gracias a la Ley de Memoria Histórica, promulgada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.
