Derechos Humanos
Cubalex denuncia sanciones más severas para afrodescendientes acusados de sedición en protestas del 11J
Una organización no gubernamental analizó las condenas del 11J y detectó lo que podría ser un “un sesgo racial en la imposición de sanciones y un perfilamiento basado en lo que el Estado define como conductas desfavorables”.
Un informe de la ONG Cubalex que analiza la discriminación racial en las sentencias por sedición tras las protestas del 11J en Cuba, concluye que las personas afrodescendientes “reciben, en promedio, sanciones más largas”.
Hay un preocupante patrón de “sanciones más severas” para la comunidad negra. Esto podría indicar “un sesgo racial en la imposición de sanciones y un perfilamiento basado en lo que el Estado define como conductas desfavorables”, subraya el estudio publicado el 31 de agosto, Día Internacional de los Afrodescendientes.
Las personas afrodescendientes reciben sanciones con una duración promedio de 13.63 años, frente a los 12.61 años para las personas no afrodescendientes, precisa el documento.
Cubalex explica que el Estado considera como “conductas desfavorables” la falta de participación en actividades políticas o comunitarias, la desvinculación laboral y la limitación de relaciones sociales.
“Este enfoque es injusto cuando no se garantiza acceso a trabajos dignos o educación”, dice la organización. “Penalizar la desvinculación laboral o la falta de participación en actividades políticas como conductas desfavorables afecta desproporcionadamente a las personas afrodescendientes, que enfrentan barreras estructurales en el acceso a empleo y educación”.
Además, las sanciones son más severas “para quienes tienen niveles educativos más bajos. La mayoría de las personas afrodescendientes solo cuentan con educación secundaria o preuniversitaria, lo que agrava otras formas de vulnerabilidad”.
El estudio añade que el uso de antecedentes penales para justificar sanciones más severas “perpetúa un ciclo de criminalización que afecta desproporcionadamente a los afrodescendientes, reforzando la desigualdad y la exclusión social”.
Otros estudios
Cubalex reveló en su informe correspondiente al mes de julio que las personas más vulnerables a la represión del régimen son los defensores de derechos humanos, los afrodescendientes y las personas privadas de libertad.
La organización, entre el 8 y el 12 de julio, documentó 160 hechos de hostigamiento.
"Las categorías de vulnerabilidad más recurrentes entre las víctimas son defensores de derechos humanos, personas privadas de libertad y afrodescendientes", indicó la ONG.
“Máxima severidad” son las palabras clave del sistema judicial de Cuba, país donde los juicios ejemplarizantes se han convertido en una nueva herramienta represiva, informó el 31 de agosto el diario independiente 14ymedio.
Por ejemplo, el 20 de agosto “se publicó información sobre cuatro juicios celebrados en el tribunal municipal de Songo-La Maya, en Santiago de Cuba. La prensa no reveló detalles sobre los casos, pero sí subrayó su carácter de advertencia”.
“Cuando hacemos juicios ejemplarizantes potenciamos la comunicación para que el mensaje que queremos transmitir llegue a determinados destinatarios”, dijo, por las claras, Geovanis Mestre, uno de los jueces del tribunal provincial santiaguero, entrevistado por Sierra Maestra. Es indispensable, argumentó, que los delincuentes se enteren de que las autoridades tienen a la ganadería en la mira y que los castigos serán severos, reporta 14ymedio.
En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordó la discriminación racial en Cuba, durante el 190 período de sesiones de la entidad adscrita a la OEA.
En la audiencia, María Matienzo, del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, presentó cuatro patrones fundamentales que caracterizan a la perfilación racial en Cuba: disparidad racial y discriminación sistémica; un patrón de muerte significativa debido a la violencia policial contra afrodescendientes; leyes que teóricamente garantizan la igualdad pero no se implementan efectivamente para proteger a los afrodescendientes; y la criminalización y marginalización.
“Los afrodescendientes que representan un 9.3% de la población y los mestizos, el 26.6%, están sobrerrepresentados en el sistema carcelario y en las víctimas de la violencia policial”, dijo Matienzo.
En su informe anual del 2021, la Comisión Interamericana denunció que "persisten patrones discriminación racial en Cuba" y los afrodescendientes recibirían la mayor represión del régimen.
El organismo señaló que organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la desigualdad racial fue una de las razones desencadenantes para que empezaran las protestas históricas del 11 de julio del 2021.
Según el documento, 726 organizaciones han informado a la CIDH que agentes del castrismo aplicaron "prácticas de perfilado racial y uso excesivo de la fuerza" en contra de afrocubanos que se manifestaron en las protestas sociales y destacaron el caso de Diubis Laurencio Tejeda, afrodescendiente de 36 años, fallecido en el marco de las manifestaciones por un disparo de la policía.
Vea todas las noticias de hoy
Opositor Jorge Cervantes sale de Cuba en exilio forzado: de la cárcel al avión
El preso político Jorge Cervantes fue custodiado por las autoridades desde la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba, hasta el avión, sin que pudiera comunicarse con su familia.
El opositor y exprisionero político cubano Jorge Cervantes salió de Cuba esta semana al exilio, según una comunicación enviada a familiares y amigos en la que explica que fue expulsado del país directamente desde la prisión.
Cervantes, quien ha sido una figura clave dentro de la disidencia en la isla, anunció su salida del país a través de un mensaje.
En el texto, fechado el 10 de septiembre de 2024, el opositor se dirigió a sus “hermanos de lucha, amigos presentes y futuros, familiares y a todo el que le pueda interesar”, y explicó que el régimen cubano le propuso la deportación como alternativa a seguir encarcelado, una oferta que aceptó.
“Ya estoy fuera de mi patria, en un lugar que no debo mencionar ahora, analizando hacia dónde voy”, escribió Cervantes.
Añadió que fieles amigos lo están ayudando y que está por decidir su próximo paso. Indicó además que fue custodiado por las autoridades desde la cárcel hasta el avión, sin que su familia supiera nada hasta ahora.
El opositor concluyó su mensaje con la promesa de que, cuando lo considere oportuno, se dirigirá a las redes sociales para explicar su situación en detalle.
Alba Verdecia Gracia, madre de Cervantes, habló este jueves con Martí Noticias desde la provincia de Las Tunas. En la entrevista, explicó que aún no ha tenido comunicación directa con su hijo, y que fue la esposa de este quien le pasó un escrito informándole sobre su deportación.
Según Verdecia, la Seguridad del Estado cubano subió a su hijo a un avión y lo dejó en un país latinoamericano, sin precisar cuál. “Lo dejaron botado en un país latino, sin saber nosotros en qué país es”, lamentó.
La madre del opositor explicó que Cervantes está siendo ayudado por un compañero de lucha mientras decide hacia dónde ir. La incertidumbre sobre su paradero preocupa profundamente a su familia, especialmente a su madre, de 84 años, quien expresó su tristeza por la situación en la que se encuentra su hijo por pensar diferente.
Jorge Cervantes ha sido un opositor destacado dentro del movimiento disidente cubano. Ocupó el cargo de coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y luego fue coordinador del grupo opositor “Cuba Primero” en Santiago de Cuba. Su activismo le ha costado múltiples detenciones y un constante acoso por parte de las autoridades cubanas.
El 12 de marzo de 2024, Cervantes fue arrestado tras un allanamiento en dos de sus viviendas, donde las autoridades decomisaron sus pertenencias y las de su familia. Fue trasladado inicialmente a la Unidad de Instrucción Penal en Santiago de Cuba, y después a la cárcel de Aguadores, donde protagonizó una huelga de hambre de 10 días en protesta por su detención.
La acción llevó a su traslado a la prisión de Boniato, también en Santiago de Cuba, donde permaneció bajo investigación por supuestos delitos contra la seguridad del Estado, hasta su salida del país.
La madre de Cervantes lamentó la situación en la que se encuentra su hijo, y criticó duramente al gobierno cubano por su trato hacia quienes piensan diferente.
“Que cada cual piense como quiera y no como quiera otro”, expresó Alba Verdecia Gracia. La mujer concluyó que no existe ninguna causa que justifique el arresto ni la deportación de su hijo.
El régimen cubano ha utilizado el exilio forzoso como una forma de represión, y para debilitar la oposición interna, han denunciado activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Suicidios en cárceles de Cuba, presos políticos en riesgo y silencio estatal
Expertos alertan sobre una mayor incidencia de trastornos y disfunciones mentales entre la población penal. Las condiciones de encarcelamiento pueden ser un detonante de la conducta suicida, advierten.
La sociedad civil independiente ha alertado sobre las ideaciones suicidas, autoagresiones e intentos de quitarse la vida por parte de presos políticos cubanos y la desatención gubernamental a este problema.
A finales de agosto, Yosandri Mulet Almarales, preso de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, murió presuntamente por las heridas ocasionadas tras un intento de suicidio ocurrido el 22 de ese mes. Mulet Almarales había sido sentenciado a 10 años por manifestarse en el barrio La Güinera (La Habana). En junio de 2022 intentó quitarse la vida en el Combinado del Este y estuvo en estado crítico.
“En el caso de las personas reclusas por motivos políticos en Cuba, a las difíciles condiciones de habitabilidad de las prisiones y las posibles causas prexistentes, se suma la discriminación ideológica por parte de las autoridades carcelarias, el sistema judicial y el Estado cubano en su conjunto”, advirtieron en un comunicado el grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC).
Justicia 11J y el CDPC han registrado, desde el 1 de enero de 2024, tres eventos de ideaciones suicidas, tres autoagresiones y seis intentos de quitarse la vida, que involucran a 10 personas reclusas por motivos políticos (siete hombres y tres mujeres).
Se trata de las presas políticas Mayelín Rodríguez Prado, Yanet Pérez Quevedo y Lizandra Góngora; y los prisioneros Abel Lázaro Machado Conde, Ismael Rodríguez González, Yasmany González Valdés, Fray Pascual Claro Valladares, Daiver Leyva Vélez y Omar Ortega, también condenados por manifestarse o ejercer el activismo y la libertad de expresión. Sus casos han sido visibilizados por sus familiares con denuncias en redes sociales y ante organizaciones defensoras de derechos humanos.
Según Naciones Unidas, que estableció las Reglas Nelson Mandela para recomendar a los Estados miembros cómo tratar a los reclusos, las autoridades deben facilitar con frecuencia la asistencia médica necesaria para “detectar todo indicio de estrés psicológico o de otra índole causado por la reclusión, incluidos el riesgo de suicidio o autolesión (…) y aplicar todas las medidas o tratamientos individualizados que corresponda”, para prevenir el suicidio.
El régimen de La Habana ha ratificado su “compromiso” con las Reglas Mandela. En 2020, la representante permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Viena, la embajadora Loipa Sánchez Lorenzo, aseguró que su gobierno sigue “determinados principios en cumplimiento estricto de la legalidad” para el tratamiento a las personas privadas de libertad.
No obstante, el equipo legal de la ONG Cubalex advierte que “la negación de la atención médica a los reclusos en Cuba constituye una violación de las Reglas Mandela”.
Según Cubalex, en las prisiones “el personal médico debería realizar exámenes periódicos para detectar estrés, lesiones y otros problemas en los reclusos, comunicándolos a las autoridades para buscar soluciones. Sin embargo, en el contexto cubano, estos profesionales actúan bajo la influencia del poder estatal, impidiendo el cumplimiento de sus funciones y la protección de los derechos de los reclusos. Esta complicidad del personal médico con las violaciones de derechos humanos contribuye a un sistema penitenciario corrupto y deshumanizante”.
La prisión puede ser el “detonante”
“La prevalencia de enfermedades mentales en la población penitenciaria es alta, incluyendo abuso de sustancias psicoactivas, trastornos de personalidad sociopáticos, bipolaridad, estrés post traumático y adicciones en general. Esto hace que el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades y/o disfunciones mentales en esta población sea una prioridad”, dijo a Martí Noticias la psicóloga cubana residente en EEUU María de los Ángeles García.
Según la especialista, hay una “mayor incidencia de trastornos y disfunciones mentales en esta población”, por lo que se deben garantizar “tratamientos multifactoriales, con enfoque en proyectos educativos, psicológicos y socioculturales”.
José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, explicó para un artículo del diario El Mundo sobre suicidios de reclusos que “la prisión puede ser el detonante: los factores de riesgo que trae una persona se añaden a estar encerrado, al delito, al sentimiento de culpa, al desarraigo”.
El suicidio, entendido como el comportamiento de planificación, conductas autolesivas, ideación, intentos y suicidio consumado, sigue siendo a día de hoy un importante problema de salud pública y la primera causa de muerte no natural en todo el mundo. Entre la población reclusa, la prevalencia de la conducta suicida se incrementa si la comparamos con la población general debido a la influencia de numerosos factores y al impacto psicológico que conlleva la estancia en prisión, según se explica en esta investigación del Colegio Oficial de Psicología de Madrid.
A la experiencia punitiva de la prisión se le suman las complejas circunstancias personales de cada preso, según estudios, y los especialistas hacen hincapié en la raíz multicausal del suicidio, así como la necesidad de prestar atención a cada uno de los casos de manera individualizada.
“Por ello, la primera evaluación psicológica que pasa un reo es al entrar en prisión. En la misma línea, se le presta atención cuando sus circunstancias penitenciarias cambian. Por ejemplo, cuando se le imputa una nueva causa, su condena aumenta o se le sanciona en aislamiento. Pero también cuando está a punto de quedar en libertad”, se advierte en este reporte del medio Público.
Los investigadores Pablo Cifuentes, de la Universidad de Chile, y Gergő Baranyi, de la Universidad de Edimburgo (Escocia), advierten en otra investigación que las personas ingresan con problemas de salud mental preexistente a las prisiones. “Ingresan con psicosis, con comorbilidades de adicciones y cursan con depresiones. Además, muchos de ellos tienen trastornos de personalidad y todo eso eleva el riesgo de suicidio en estas personas”, argumentan. Eso se suma a los factores que impone el mismo sistema penal: la separación de las familias, las adversidades, el trato cruel entre pares, etcétera.
Justicia 11J y el CDPC advierten en su pronunciamiento que, en el caso de los presos políticos cubanos, a las consecuencias psicológicas que puede tener el encierro se añaden las difíciles condiciones de habitabilidad de las cárceles y “la discriminación ideológica por parte de las autoridades carcelarias, el sistema judicial y el Estado cubano en su conjunto”.
“Para nosotros es muy preocupante que continúen presas cientos de personas por motivos políticos, en penales que no tienen las condiciones mínimas para vivir con dignidad. La desatención de problemas de salud prexistentes o adquiridos en la cárcel, los abusos físicos y la arbitrariedad de los procesos penales a que están sometidos los activistas y manifestantes en Cuba, configuran un escenario muy opresivo que puede ser el detonante para el suicidio”, respondió el grupo Justicia 11J, consultado por Martí Noticias.
Es el caso de Fray Pascual Claro Valladares, sentenciado a 10 años por las protestas en la ciudad camagüeyana de Nuevitas de agosto de 2022, quien intentó suicidarse tras conocer su condena. El incidente provocó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares para su protección.
Según la CIDH, el intento de quitarse la vida acometido por Claro Valladares “fue manejado con negligencia [por las autoridades], sin recibir la atención psiquiátrica necesaria y siendo castigado con aislamiento”.
Por su parte, Justicia 11J y el CDPC han exigido “la liberación inmediata para cientos de condenados por diversos escenarios de protesta en Cuba y otras causas políticas. Están en riesgo cada día que permanecen en las difíciles condiciones de los penales cubanos, castigados de múltiples maneras por sus ideas y oposición al régimen”, afirman las organizaciones en el citado comunicado.
Los suicidios en Cuba: una de las tasas más altas de América
El Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció en 2023 en un informe de balance sobre la situación del Sistema de Salud que las “lesiones autoinfligidas intencionalmente” —como se registra oficialmente las estadísticas del suicidio— están entre las primeras 10 causas de defunción en la isla.
Desde los años 80, Cuba presenta uno de los índices más altos de muertes autoinfligidas en el área de América Latina y el Caribe.
Aunque existen pocos datos y no pueden ser verificados por entidades independientes, según los más recientes de la Oficina Nacional de Información y Estadísticas (ONEI), desde 2019 se registró un aumento de las muertes por suicidio en la isla. Ese año se registraron 1.467 casos y para el 2020 ocurrieron 1.556 muertes por suicidio.
En 2021 las “lesiones autoinfligidas intencionalmente” provocaron el deceso de 1.789 cubanos, para una tasa de 16,0 por cada 100.000 habitantes.
Tras el aumento de las tasas de suicidio en el país, el Ministerio de Salud Pública cubano implementó en 1989 el Programa Nacional de Prevención y Atención a la Conducta Suicida. Según la doctora Beatriz Corona Miranda, profesora e investigadora del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, este Programa “se somete constantemente a nuevas versiones y revisiones con el propósito de disminuir lo más posible la morbilidad por intento y la mortalidad por suicidio”.
No obstante, las cifras no han disminuido en la isla, sumida en una crisis generalizada. Los presos políticos se encuentran entre las personas vulnerables ante las constantes violaciones de derechos humanos.
Puede conocer más del tema en este Explicador de Martí Verifica.
Más de cien protestas públicas en Cuba durante la primera mitad del año, según Cubalex
El grupo de asesoría legal Cubalex certificó numerosas protestas ciudadanas en el primer semestre del 2024, además de 26 muertes bajo custodia de las autoridades y un entorno de represión sistemática y violaciones continuas.
Los cubanos protestaron en las calles, al menos en 137 ocasiones, durante el período que va de enero a junio de 2024, de acuerdo al informe semestral del centro de asesoramiento legal Cubalex.
Las acciones de descontento popular fueron apagadas con castigos y coacciones a los manifestantes: “En marzo, más de 40 protestas públicas llevaron a que aumentara significativamente la represión, con la desconexión de internet, las detenciones arbitrarias y violentas, y las multas a los manifestantes”, indicó a Martí Noticias, Giselle Morfi, miembro del equipo de Cubalex.
“Estas protestas fueron reprimidas, tanto físicamente como en el mundo virtual, como un claro intento de silenciar a la ciudadanía, de eliminar cualquier forma de disidencia”, dijo la experta.
La jurista destacó la táctica del régimen de implementar leyes como mecanismos para disuadir a la sociedad y a las personas de que “ejerzan sus derechos fundamentales. Por ejemplo, la Ley de Comunicación Social”.
Muertes bajo custodia de las autoridades
El reporte denuncia que en el primer semestre de 2024, ocurrieron al menos 26 muertes bajo custodia en las cárceles, en las que se repite un patrón de tratos crueles, torturas y falta de atención médica.
En este sentido, Morfi aludió al informe de Cubalex publicado el 10 de julio de este año, que “reflejó que entre enero del 2022 y enero del 2024 se registraron 56 muertes en custodia”.
“Es una situación que amerita la atención de los medios de prensa, de la sociedad civil, de defensores de derechos humanos, lo que está pasando en las prisiones de Cuba, que es que las personas están muriendo”, apuntó.
“En violación de lo establecido en las Reglas Mandela, emplean de forma arbitraria y discrecional la reclusión en celda de castigo, excediendo además el tiempo estipulado para esta práctica disciplinaria", detalla la organización que tiene su sede en Miami.
El informe advierte del empleo que hacen los mandos penitenciarios de reclusos y reclusas comunes para hostigar a los presos políticos, “favoreciendo episodios de violencia física y sexual".
Cubalex documentó 1.876 incidentes represivos, un promedio de diez por día, que “afectaron no solo a opositores políticos, activistas y periodistas independientes, sino también a ciudadanos comunes, profesionales, defensores de derechos de comunidades vulnerables, usuarios de redes sociales y artistas".
Los arrestos ilegales a menudo implicaron desapariciones forzadas y maltratos, tanto físicos como psicológicos: "La coerción y las amenazas durante detenciones y citaciones, incluyendo la fabricación de cargos penales y amenazas de muerte, son prácticas comunes".
Del mismo modo, la represión se materializó a través de la violencia física, incluyendo muertes a manos de efectivos del orden público; bravuconadas por parte de agentes policiales y el acoso en espacios digitales y telefónicos.
Los operativos de vigilancia y detención domiciliaria “fueron frecuentes, mientras que los cortes de internet y el bloqueo de sitios web continuaron restringiendo severamente la libertad de expresión”, según Cubalex.
“Este entorno de represión sistemática y violaciones continuas erosiona la confianza en las instituciones y alimenta la desesperanza en la población, socavando las posibilidades de cambio pacífico”, señala el informe.
“Las violaciones de derechos humanos han estado presentes, sistemáticamente, de manera generalizada durante este semestre y el llamado es a una respuesta internacional que presione al Estado cubano, a cumplir con sus obligaciones internacionales, de proteger a la ciudadanía, de facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales, de garantizarlos, de evitar que sucedan las violaciones de derechos humanos y que se sancionen a todos los responsables y se protejan a las víctimas” , subrayó la abogada.
Registran al menos 120 casos de represión en Cuba en el mes de agosto
De las víctimas de la represión compiladas por la Fundación para la Democracia Panamericana, 39 son mujeres y 83 son hombres.
Al menos 120 casos de hostigamiento, persecución y detenciones arbitrarias contra activistas, opositores, artistas y comunicadores cubanos tuvieron lugar en agosto, según revela el Reporte Mensual de Incidentes, correspondiente a agosto de 2024, del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana (FPLDP).
La organización fundada por la activista cubana Rosa María Payá indica que 39 mujeres y 83 hombres fueron víctimas del acoso policial y las ciudades donde mayor represión documentó la organización fueron La Habana con 60 incidentes, Santa Clara, con 13 casos y Matanzas con ocho.
La entidad, que tiene su principal sede en Miami, compiló además 25 detenciones arbitrarias.
“El informe evidencia nuevamente cómo la represión y la persecución contra los defensores de derechos humanos, opositores, y la ciudadanía en general, continúa reflejando este entorno que cada vez se hace más hostil hacia la libertad de expresión y la disidencia en el país”, dijo a Martí Noticias Juan Carlos Vargas, coordinador general de la organización que fue creada en 2015 para promover y defender la democracia en el hemisferio.
El directivo agregó que la Fundación para la Democracia Panamericana pone en la palestra pública los actos represivos del régimen de Cuba contra la población “para que la comunidad internacional abra los ojos y reaccione frente a los horrores que comete día a día la dictadura cubana”.
Recientemente, esta agrupación interpuso una petición de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del periodista independiente cubano y ex preso político Carlos Michael Morales Rodríguez.
“Además de la promoción y la educación sobre los derechos humanos internacionalmente, y atender a los asuntos relacionados en las Américas, el proyecto principal de FPLDP es promover la campaña Cuba Decide para realizar un Plebiscito Vinculante en Cuba”, que le permita al pueblo votar a favor o en contra de adoptar un sistema democrático.
En Cuba es grave el atropello a la libertad de culto, advierte comisión independiente del gobierno de EEUU
La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos (USCIRF) advirtió que las violaciones de la libertad religiosa por parte del gobierno cubano “han seguido siendo particularmente graves a lo largo de 2024”.
“El gobierno utiliza su marco legal represivo para controlar estrictamente las asociaciones religiosas y criminalizar las actividades y expresiones religiosas”, subrayó este viernes el informe de la entidad independiente creada por el Congreso de Estados Unidos en 1998.
Además, el gobierno cubano “hostiga a los fieles y sigue maltratando a los presos de conciencia religiosos”, indicó USCIRF en el informe que actualiza la situación en la isla.
Acerca de la política de Estados Unidos, el reporte considera que se debe reiterar la importancia que otorga a las condiciones de libertad religiosa en Cuba.
Otra sugerencia es seguir presionando al régimen comunista para que extienda invitaciones oficiales para visitas sin restricciones a la USCIRF, al embajador especial de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional y al relator especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Religión o Culto.
El informe aborda una variedad de obstáculos que enfrentan las personas y organizaciones religiosas en la isla. Destaca que el gobierno cubano utiliza su marco legal represivo “para prohibir que las organizaciones religiosas obtengan un registro legal”. También amenaza y castiga a los fieles “que expresan ideas o participan en cualquier actividad religiosa que perciba como crítica”.
Otro problema que menciona el informe es que el régimen recurre “a su vasto aparato de seguridad y vigilancia interna para hostigar a los fieles, como las Damas de Blanco”.
Algunos ejemplos de acoso son:
- En mayo, las autoridades prohibieron a un sacerdote católico tocar las campanas de la iglesia durante un apagón en protesta por las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno.
- En junio, las autoridades pusieron arbitrariamente bajo arresto domiciliario a un pastor.
- En junio, el gobierno impidió arbitrariamente que el padre de un preso político se reuniera con un obispo.
- En julio, las autoridades retuvieron la ayuda humanitaria que una organización religiosa con sede en el Reino Unido envió para el pueblo cubano.
- En agosto, el gobierno interrogó a un sacerdote que invitó a los fieles a rezar en un parque público y le negó asistencia religiosa a otro preso.
Acerca de las prisiones de Cuba, USCIRF recordó que muchos líderes religiosos y fieles fueron arrestados por participar pacíficamente en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
Por ejemplo, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, líder de la Iglesia Independiente Monte de Sion en Palma Soriano, fue condenado a ocho años de prisión. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha dicho que el gobierno cubano había arrestado y encarcelado arbitrariamente a Fajardo.
Donaida Pérez Paseiro y su esposo, Loreto Hernández García, dirigentes de la Asociación Yoruba Libre de Cuba, están tras las rejas. Ambos fueron declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
Las gemelas Lisdani Rodríguez Isaac y Lisdiani Rodríguez Isaac, miembros de la Asociación Yoruba Libre de Cuba, fueron arrestadas y encarceladas por protestar el 11J. Sin embargo, las autoridades le concedieron a Lisdani la libertad provisional por razones médicas, agregó el informe de USCIRF.
Foro