“El poder no me interesa. Después de la victoria quiero regresar a mi pueblo y continuar mi carrera como abogado”
Fidel Castro. Mayo 1958.
Raúl Castro y la cleptocracia moncadista están haciendo todo lo necesario para perpetuarse en el poder, aun a costa de reinventar las cucharas, así identificaba un sector de la población a las figuras decorativas sin capacidad para tomar decisiones, que la práctica fidelista colocaba al frente del régimen.
Fidel Castro, que afirmaba no querer gobernar, asumió el premierato el 16 de febrero de 1959 después de defenestrar a José Miró Cardona, cinco meses después protagonizó un golpe de estado contra el presidente nominal Manuel Urrutia y dispuso que el cargo lo ocupara Osvaldo Dórticos, un individuo que tampoco tuvo poder real, porque quienes en verdad gobiernan el país desde el fatídico primero de enero al presente han sido los Castro.
Los años pasaron y el caudillo decidió institucionalizar el totalitarismo para estar al nivel de sus pares de la Unión Soviética y sus satélites, ya que había cumplido en 1965 el requisito básico de fundar el Partido Comunista de Cuba, “vanguardia organizada de la nación cubana, fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista”, un llamado a la realidad a aquellos de buena fe, los cómplices quedan excluidos, que confían que bajo la dictadura, habrá una transición a la democracia.
Esta disposición confiere a los líderes del Partido toda la autoridad, condición que determina que los burócratas del gobierno, por elevada que sea su posición, están sujetos a las decisiones de los principales dirigentes de la agrupación, en particular a las del Secretario General, pese a que el PCC no desarrolla sus actividades en base a la ideología que supuestamente le inspira, sino en virtud a los intereses de la clase gobernante, en particular la de los Castro, militares disfrazados de políticos.
En noviembre de 1976, cumplidos 17 años de gobierno, Fidel y Raúl Castro dispusieron efectuar las primeras votaciones con el objetivo de designar a los funcionarios más importantes del Estado, pero solo dieciséis años después, 1992, la Asamblea Nacional aprobó el voto directo y secreto en las elecciones provinciales y nacionales, un requisito democrático innecesario porque los candidatos son vacunados con los métodos de la policía política.
También en 1976, durante la primera reunión de la Asamblea Nacional, Fidel Castro se dejó escoger por la totalidad de los diputados al parlamento totalitario, siendo designado presidente del Consejo de Estado y de Gobierno, además de su posición de máximo conductor del Partido, única fuerza política autorizada por el régimen pero sometida a la voluntad de los Castros y en segunda instancia a la cúpula militar que manda en la isla.
El partido Comunista es el disfraz de la dictadura militar que rige el país desde hace cerca de seis décadas. La careta perfecta. El Partido y la ideología han sido la cobertura teórica del castrismo, una forma de gobierno que no se ha caracterizado por el debate de ideas, solo consignas, pero sí ha contado con habilidades notables para reinventarse y mantener el control, en consecuencia, cualquier ejercicio electoral, bajo la égida de esta entelequia, no aceptará cambios estructurales que determinen un mejor futuro para los ciudadanos de la isla.
Durante las últimas semanas numerosos analistas han señalado diferentes personalidades del castrismo como potenciales sucesores del Dictador en Jefe, en algunos lugares se han producido fuertes discusiones sobre quien puede ser designado, obviando que la lectura sobre las decisiones del régimen en estos últimos sesenta años permiten afirmar que el seleccionado será el sujeto que mejor interprete el pensamiento castrista, porque a fin de cuentas el gran elector es Raúl Castro, y sus asesores para esta decisión, son los generales y empresarios de las Fuerzas Armadas. En Cuba, el cuartico de todos los que allí nacieron, sigue igualito, un cambio nominal de jerarca no significa la restitución de los derechos ciudadanos, una única opción, es pagar por ellos.
