La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, CCDHRN, destaca en un informe que pudo verificar por lo menos 1,052 detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba durante el mes de enero.
Asegura la organización que en todos los casos fueron arrestos arbitrarios sin orden judicial y que predominaron los secuestros policiales sin dar a conocer el paradero de los detenidos ni permitirles comunicarse de inmediato, vía telefónica, con sus familiares o abogados.
El gobierno de Cuba exhibió como nunca antes su enorme capacidad de control social e intimidación desde una semana antes de celebrarse la II Cumbre de la CELAC.
Esto quedó de manifiesto, destaca el informe de la CCDHRN, al desplegar miles de efectivos de la policía política secreta, otros cuerpos represivos y elementos parapoliciales que permanecieron durante días frente o en los accesos de los hogares de centenares de opositores quienes, en su mayoría, fueron sometidos a arrestos domiciliarios de facto, sin mandato judicial, con el objetivo de silenciar las voces disidentes.
A pesar de que este informe mensual no refleja todos los actos de represión política y otros abusos, la CCDHRN pudo comprobar, a través de las víctimas o sus familiares y amigos, que tuvieron lugar en el mes que se informa, al menos 79 agresiones físicas, 91 actos de hostigamiento, 89 “actos de repudio” y 53 actos vandálicos contra los hogares de opositores.
El número de detenidos en enero es semejante al registrado en el mes de diciembre, y no aparece ninguna señal indicativa de que el gobierno esté pensando en disminuir la represión de los ciudadanos que se atreven a disentir.
A pesar de todo, según dice la CDHRN, cabe esperar que el gobierno responda positivamente al pedido del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, para que ratifique seis años después de haberlos firmado, los dos grandes pactos de DD.HH de la ONU pero, aun haciéndolo, es poco probable que el gobierno de Cuba esté dispuesto a respetarlos y aceptar la cooperación internacional en ese campo.
Asegura la organización que en todos los casos fueron arrestos arbitrarios sin orden judicial y que predominaron los secuestros policiales sin dar a conocer el paradero de los detenidos ni permitirles comunicarse de inmediato, vía telefónica, con sus familiares o abogados.
El gobierno de Cuba exhibió como nunca antes su enorme capacidad de control social e intimidación desde una semana antes de celebrarse la II Cumbre de la CELAC.
Esto quedó de manifiesto, destaca el informe de la CCDHRN, al desplegar miles de efectivos de la policía política secreta, otros cuerpos represivos y elementos parapoliciales que permanecieron durante días frente o en los accesos de los hogares de centenares de opositores quienes, en su mayoría, fueron sometidos a arrestos domiciliarios de facto, sin mandato judicial, con el objetivo de silenciar las voces disidentes.
A pesar de que este informe mensual no refleja todos los actos de represión política y otros abusos, la CCDHRN pudo comprobar, a través de las víctimas o sus familiares y amigos, que tuvieron lugar en el mes que se informa, al menos 79 agresiones físicas, 91 actos de hostigamiento, 89 “actos de repudio” y 53 actos vandálicos contra los hogares de opositores.
El número de detenidos en enero es semejante al registrado en el mes de diciembre, y no aparece ninguna señal indicativa de que el gobierno esté pensando en disminuir la represión de los ciudadanos que se atreven a disentir.
A pesar de todo, según dice la CDHRN, cabe esperar que el gobierno responda positivamente al pedido del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, para que ratifique seis años después de haberlos firmado, los dos grandes pactos de DD.HH de la ONU pero, aun haciéndolo, es poco probable que el gobierno de Cuba esté dispuesto a respetarlos y aceptar la cooperación internacional en ese campo.
