Los miembros del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) y del Observatorio Ciudadano contra la Discriminación, hacen un llamado urgente a gobiernos, instituciones y personas comprometidos con la libertad y la democracia, para que interpongan todos sus esfuerzos e influencias ante las autoridades de cubanas a fin de que cese la injusticia, humillación y violencia contra activistas afrodescendientes en el país,
Ambas organizaciones expresan en la nota divulgada en la página digital Cubanet
que dirigen el llamado especialmente hacia personalidades, organizaciones, instituciones nacionales y globales que trabajan a favor de los derechos y participación de los afrodescendientes en todo el mundo.
Dirigimos este llamado e impulsamos esta campaña frente a la comunidad mundial porque esta es una lucha de todas las personas decentes y con sensibilidad democrática, que buscan el imperio de la razón y el diálogo como sustitutos de la brutalidad. Pero la dirigimos especialmente hacia personalidades, organizaciones, instituciones nacionales y globales que trabajan a favor de los derechos y participación de los afrodescendientes en todo el mundo.
En Cuba se violan los derechos fundamentales de todos los cubanos. Todos sufrimos esa humillación y esa violencia que brotan de un Estado estructurado sobre el odio y el desprecio al diferente. La paliza antológica que sufrió la actriz y activista Ana Luisa Rubio es otro ejemplo de los crímenes de odio montados sobre el relato de la revolución. Pero hay un relato anterior heredado que justifica y hace más perversa la represión frente a las resistencias cívicas y culturales de los afrodescendientes cubanos. El Estado odia la diferencia, pero odia más al diferente negro, al que dice haber emancipado. Un diferente negro que atesta las prisiones bajo las figuras racistas de la peligrosidad, del desorden público y del escándalo.
Hay unos símbolos cívicos, no los únicos, de ese odio al diferente negro. Se llaman hoy Sonia Garro Alfonso y Ramón Alejandro Muñoz, condenados ya, antes de cualquier juicio legal, por el prejuicio de un Estado abusador y racista que pretende encerrarlos a largas penas de prisión por la criminalización de la resistencia cívica y cultural que va creciendo en las zonas marginadas de la revolución. Hay otros nombres y otros símbolos: Damarys Moya Portieles, Iván Fernández Depestre e Iván Hernández Carrillo quienes sufren constantemente, en prisión o en las calles, la vejación, la humillación y la violencia de un régimen incapaz de metabolizar racionalmente un nuevo dato social: la afrodescendencia cubana se incorpora, organiza y protagoniza sus propias resistencias.
Para nosotros se trata ahora mismo de un combate urgente y estructural por la defensa del diferente negro dentro del combate, que simultáneamente asumimos, por la defensa del cubano diferente. La lucha frente a la represión humillante del diferente negro es para nosotros el límite crucial en la lucha frente a la represión humillante de todos los cubanos. Cuando asumimos el valor de los marginados como personas con derechos, estamos asumiendo el valor de todos los que en Cuba sufren la represión y la humillación de un Estado incapaz de entender, a la altura del siglo XXI, que las personas diferentes importan.
Emprendemos esta campaña por la dignidad de todos los cubanos ―sin importar el color― y de la afrodescendencia ―importando su diferencia― centrados en el valor de estos cinco afrodescendientes como símbolos cívicos del sufrimiento, que exponen su cuerpo cicatrizado en una larga historia de humillación del poder hegemónico.
Esta campaña contra la represión también racializada es fundamental. Con ella queremos denunciar además la hipocresía y discriminación del relato y sistema judiciales en Cuba. Las acusaciones contra Sonia Garro y Ramón Alejandro Muñoz no son solo insólitas en la tradición pacífica de la sociedad civil cubana, sino que reflejan el doble estándar jurídico y el doble estándar moral a la hora de juzgar el lenguaje social. Mientras patear y lanzar piedras y otros objetos contundentes por parte de turbas parapoliciales no califican como intentos de asesinato a pacíficos activistas pro democráticos, sí se pretende juzgar por este supuesto delito a quienes han recibido durante años los más duros ataques del régimen en una procesión indetenible de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los victimarios travestidos en víctimas.
Mientras la alteración del orden y el lenguaje soez, repleto de procacidad y obscenidades, se practican contra Damarys Moya Portieles, Iván Hernández Carrillo y las Damas de Blanco por autoridades policiales y turbas de naturaleza fascista con total impunidad, y sin arrebatos de moralidad oficial, las acusaciones de la fiscalía contra Sonia Garro Alfonso, Ramón Alejandro Muñoz y otros pretenden hacernos creer que el gobierno protege a la sociedad de la indecencia social y de la marginalidad del lenguaje; casualmente manipuladas ahora, en un reforzamiento de la matriz racista, en el diferente negro. Resulta curioso, en este sentido, que casi nunca se escuchen los ecos mediáticos del desorden y la grosería oficiales.
Pero aquella pretensión no parece creíble ante la presencia permanente de las Brigadas de Repuesta Rápida ―un eufemismo típico de la mentalidad fascista―, que han sido ilegalmente constituidas y armadas con Palos, Cables y Cabillas por orden escrita del régimen, y dedicadas especialmente a asesinar la reputación de la diferencia.
¿Quiénes juzgan legal y moralmente a los autores intelectuales y a los perpetradores de semejante entramado de odio, ilegalidad, impudicia y crimen? ¿Es legítima la indecencia en nombre de la revolución?
Se nos habla hoy de ley, después de año y medio de duro e ilegal encarcelamiento de Sonia Garro y Ramón Alejandro Muñoz. Se nos quiere criminalizar a ciudadanos afrodescendientes que han dedicado sus energías y talentos a trabajar con niños y a alimentar a ancianos dentro de la marginalidad revolucionaria. Y se nos quiere moralizar cuando las resistencias cívicas y culturales apelan al lenguaje, común en Cuba, de los que nada tienen, nada pueden y nada aspiran.
Estos cinco símbolos de la resistencia afrodescendiente, que expresan en el malestar del color la resistencia de toda una sociedad desgarrada, merecen el apoyo de los cubanos de bien, del mundo y de la comunidad afrodescendiente global. Porque no es este un debate intelectual que solo compromete las palabras, la credibilidad y el conflicto de pareceres de una elite ilustrada, sino un combate por el dolor acumulado del cuerpo negro de la nación que adelanta las resistencias virulentas de los que hoy no hablan bien, 54 años después de una persistente exclusión histórica.
Ambas organizaciones expresan en la nota divulgada en la página digital Cubanet
que dirigen el llamado especialmente hacia personalidades, organizaciones, instituciones nacionales y globales que trabajan a favor de los derechos y participación de los afrodescendientes en todo el mundo.
Dirigimos este llamado e impulsamos esta campaña frente a la comunidad mundial porque esta es una lucha de todas las personas decentes y con sensibilidad democrática, que buscan el imperio de la razón y el diálogo como sustitutos de la brutalidad. Pero la dirigimos especialmente hacia personalidades, organizaciones, instituciones nacionales y globales que trabajan a favor de los derechos y participación de los afrodescendientes en todo el mundo.
En Cuba se violan los derechos fundamentales de todos los cubanos. Todos sufrimos esa humillación y esa violencia que brotan de un Estado estructurado sobre el odio y el desprecio al diferente. La paliza antológica que sufrió la actriz y activista Ana Luisa Rubio es otro ejemplo de los crímenes de odio montados sobre el relato de la revolución. Pero hay un relato anterior heredado que justifica y hace más perversa la represión frente a las resistencias cívicas y culturales de los afrodescendientes cubanos. El Estado odia la diferencia, pero odia más al diferente negro, al que dice haber emancipado. Un diferente negro que atesta las prisiones bajo las figuras racistas de la peligrosidad, del desorden público y del escándalo.
Hay unos símbolos cívicos, no los únicos, de ese odio al diferente negro. Se llaman hoy Sonia Garro Alfonso y Ramón Alejandro Muñoz, condenados ya, antes de cualquier juicio legal, por el prejuicio de un Estado abusador y racista que pretende encerrarlos a largas penas de prisión por la criminalización de la resistencia cívica y cultural que va creciendo en las zonas marginadas de la revolución. Hay otros nombres y otros símbolos: Damarys Moya Portieles, Iván Fernández Depestre e Iván Hernández Carrillo quienes sufren constantemente, en prisión o en las calles, la vejación, la humillación y la violencia de un régimen incapaz de metabolizar racionalmente un nuevo dato social: la afrodescendencia cubana se incorpora, organiza y protagoniza sus propias resistencias.
Para nosotros se trata ahora mismo de un combate urgente y estructural por la defensa del diferente negro dentro del combate, que simultáneamente asumimos, por la defensa del cubano diferente. La lucha frente a la represión humillante del diferente negro es para nosotros el límite crucial en la lucha frente a la represión humillante de todos los cubanos. Cuando asumimos el valor de los marginados como personas con derechos, estamos asumiendo el valor de todos los que en Cuba sufren la represión y la humillación de un Estado incapaz de entender, a la altura del siglo XXI, que las personas diferentes importan.
Emprendemos esta campaña por la dignidad de todos los cubanos ―sin importar el color― y de la afrodescendencia ―importando su diferencia― centrados en el valor de estos cinco afrodescendientes como símbolos cívicos del sufrimiento, que exponen su cuerpo cicatrizado en una larga historia de humillación del poder hegemónico.
Esta campaña contra la represión también racializada es fundamental. Con ella queremos denunciar además la hipocresía y discriminación del relato y sistema judiciales en Cuba. Las acusaciones contra Sonia Garro y Ramón Alejandro Muñoz no son solo insólitas en la tradición pacífica de la sociedad civil cubana, sino que reflejan el doble estándar jurídico y el doble estándar moral a la hora de juzgar el lenguaje social. Mientras patear y lanzar piedras y otros objetos contundentes por parte de turbas parapoliciales no califican como intentos de asesinato a pacíficos activistas pro democráticos, sí se pretende juzgar por este supuesto delito a quienes han recibido durante años los más duros ataques del régimen en una procesión indetenible de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los victimarios travestidos en víctimas.
Mientras la alteración del orden y el lenguaje soez, repleto de procacidad y obscenidades, se practican contra Damarys Moya Portieles, Iván Hernández Carrillo y las Damas de Blanco por autoridades policiales y turbas de naturaleza fascista con total impunidad, y sin arrebatos de moralidad oficial, las acusaciones de la fiscalía contra Sonia Garro Alfonso, Ramón Alejandro Muñoz y otros pretenden hacernos creer que el gobierno protege a la sociedad de la indecencia social y de la marginalidad del lenguaje; casualmente manipuladas ahora, en un reforzamiento de la matriz racista, en el diferente negro. Resulta curioso, en este sentido, que casi nunca se escuchen los ecos mediáticos del desorden y la grosería oficiales.
Pero aquella pretensión no parece creíble ante la presencia permanente de las Brigadas de Repuesta Rápida ―un eufemismo típico de la mentalidad fascista―, que han sido ilegalmente constituidas y armadas con Palos, Cables y Cabillas por orden escrita del régimen, y dedicadas especialmente a asesinar la reputación de la diferencia.
¿Quiénes juzgan legal y moralmente a los autores intelectuales y a los perpetradores de semejante entramado de odio, ilegalidad, impudicia y crimen? ¿Es legítima la indecencia en nombre de la revolución?
Se nos habla hoy de ley, después de año y medio de duro e ilegal encarcelamiento de Sonia Garro y Ramón Alejandro Muñoz. Se nos quiere criminalizar a ciudadanos afrodescendientes que han dedicado sus energías y talentos a trabajar con niños y a alimentar a ancianos dentro de la marginalidad revolucionaria. Y se nos quiere moralizar cuando las resistencias cívicas y culturales apelan al lenguaje, común en Cuba, de los que nada tienen, nada pueden y nada aspiran.
Estos cinco símbolos de la resistencia afrodescendiente, que expresan en el malestar del color la resistencia de toda una sociedad desgarrada, merecen el apoyo de los cubanos de bien, del mundo y de la comunidad afrodescendiente global. Porque no es este un debate intelectual que solo compromete las palabras, la credibilidad y el conflicto de pareceres de una elite ilustrada, sino un combate por el dolor acumulado del cuerpo negro de la nación que adelanta las resistencias virulentas de los que hoy no hablan bien, 54 años después de una persistente exclusión histórica.
