El próximo sábado 29 de marzo de 2014 el Parlamento cubano “debatirá” en período extraordinario de sesiones la nueva Ley para la Inversión Extranjera, otro desesperado intento del régimen para atraer a los empresarios foráneos que decidan arriesgar sus capitales y sus naves donde ya antes han naufragado otros.
Esta vez el escenario y las coyunturas son marcadamente diferentes a la década de los 90’, cuando la frágil y dependiente economía cubana tocó fondo y el gobierno no tuvo otra alternativa que abrirse de mala gana al capital extranjero, creando entonces una Ley de Inversión Extranjera que otorgaba alguna legitimidad y limitadas garantías a los inversionistas.
El ascenso al poder de Hugo Chávez en Venezuela a finales de esa misma década llegó al rescate del régimen con nuevos subsidios que permitieron el retroceso en la apertura al capital y en los pequeños negocios privados familiares surgidos en medio de las privaciones del período.
Paradójicamente, 15 años después, la crítica situación socioeconómica y política venezolana, que amenaza con hacer colapsar el proyecto bolivariano cerrando una vez más las fuentes nutricias del gobierno cubano, incide fuertemente en una nueva búsqueda de capitales foráneos por éste como única alternativa de supervivencia del sistema, pero los inversionistas se muestran remisos y escépticos ante la ausencia de un marco jurídico que proteja los capitales invertidos.
Se rumora que la reciente visita de José Ignacio Lula Da Silva a Cuba, preocupado por el riesgo de las elevadas inversiones de Brasil y por la tardanza del gobierno de la Isla en actualizar la Ley de Inversión Extranjera, ha sido el toque definitivo para que la cúpula decidiera impulsar su aprobación, varias veces pospuesta. Igualmente de manera extraoficial circulan rumores acerca de la congelación de las inversiones brasileñas en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel y de la aprobación de un nuevo crédito a la parte cubana hasta tanto existan las garantías jurídicas adecuadas. Ya no se trata de acuerdos basados en solidaridades, sino de relaciones financieras y mercantiles puramente capitalistas.
La nueva Ley de Inversión Extranjera se encamina, pues, a “reforzar las garantías a los inversionistas”, a la vez que “Contempla también las bonificaciones impositivas y excepciones totales en determinadas circunstancias, así como flexibilización en materia aduanal, para potenciar la inversión”, según declaraciones de José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional del Poder Popular que “atiende los Asuntos Constitucionales y Jurídicos” (Granma, lunes 17 de marzo de 2014, página 3), elementos éstos que no se contemplan en la Ley vigente.
También el alto funcionario declaró que el Anteproyecto presentado a los diputados “deja establecido el carácter prioritario de la inversión extranjera en casi todos los sectores de la economía, especialmente en aquellos relacionados con la producción”. Obviamente, no es lo mismo un cuentapropista que un empresario capitalista, por si alguien tenía dudas.
En el proceso preparatorio previo, que según la prensa oficial se ha venido desarrollando en todo el territorio nacional, han participado junto a los diputados “especialistas, funcionarios de las estructuras de gobierno municipales y provinciales, representantes de las consultorías jurídicas internacionales y asesores de empresas importantes; en general personas que puedan aportar a la discusión.”(Subrayado de esta autora). Una conjura a puertas cerradas y de la que apenas algunas notas inocuas han trascendido a los medios nacionales, ya que la población común no pasa de ser ese conglomerado de espectadores incapaces e imposibilitados de hacer algún “aporte” y deberá tragarse la píldora tal como la dispongan los filibusteros de verde olivo.
Las “principales preocupaciones y aportes de los diputados” en el llamado proceso de análisis y discusión del Anteproyecto en la Isla han girado en torno a “los derechos laborales de los cubanos que trabajarían en esos proyectos, los plazos de vigencia para la inversión y la protección del Patrimonio Nacional”, omitiendo la cuestión fundamental: el privilegio de los extranjeros por sobre los que deberían ser los derechos naturales de los cubanos. Un detalle que recuerda aquel “Carolino Código Negro” que en 1842 reconocía a los esclavos derechos y privilegios tan dudosos como recibir castigos corporales que no excedieran los 25 azotes, o el premio de la libertad a cambio de la delación a los compañeros de esclavitud.
Casi 40 años de experiencia en simulacros parlamentarios nos permiten anticipar que, como todas las anteriores leyes allí “discutidas”, esta también se aprobará unánimemente por el coro de ventrílocuos desde las lunetas de la sede del sainete, el Palacio de las Convenciones, el propio día 29 de marzo. Por el momento, ya muchos parlamentarios han coincidido que la nueva Ley “está en plena sintonía” con los ajustes económicos impulsados por el General-Presidente en su proceso de actualización del modelo, otro experimento que –ahora sí– permitirá, capital mediante, solucionar los siempre acuciantes problemas de la construcción del socialismo.
Publicado originalmente en Cubanet.
Esta vez el escenario y las coyunturas son marcadamente diferentes a la década de los 90’, cuando la frágil y dependiente economía cubana tocó fondo y el gobierno no tuvo otra alternativa que abrirse de mala gana al capital extranjero, creando entonces una Ley de Inversión Extranjera que otorgaba alguna legitimidad y limitadas garantías a los inversionistas.
El ascenso al poder de Hugo Chávez en Venezuela a finales de esa misma década llegó al rescate del régimen con nuevos subsidios que permitieron el retroceso en la apertura al capital y en los pequeños negocios privados familiares surgidos en medio de las privaciones del período.
Paradójicamente, 15 años después, la crítica situación socioeconómica y política venezolana, que amenaza con hacer colapsar el proyecto bolivariano cerrando una vez más las fuentes nutricias del gobierno cubano, incide fuertemente en una nueva búsqueda de capitales foráneos por éste como única alternativa de supervivencia del sistema, pero los inversionistas se muestran remisos y escépticos ante la ausencia de un marco jurídico que proteja los capitales invertidos.
Se rumora que la reciente visita de José Ignacio Lula Da Silva a Cuba, preocupado por el riesgo de las elevadas inversiones de Brasil y por la tardanza del gobierno de la Isla en actualizar la Ley de Inversión Extranjera, ha sido el toque definitivo para que la cúpula decidiera impulsar su aprobación, varias veces pospuesta. Igualmente de manera extraoficial circulan rumores acerca de la congelación de las inversiones brasileñas en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel y de la aprobación de un nuevo crédito a la parte cubana hasta tanto existan las garantías jurídicas adecuadas. Ya no se trata de acuerdos basados en solidaridades, sino de relaciones financieras y mercantiles puramente capitalistas.
La nueva Ley de Inversión Extranjera se encamina, pues, a “reforzar las garantías a los inversionistas”, a la vez que “Contempla también las bonificaciones impositivas y excepciones totales en determinadas circunstancias, así como flexibilización en materia aduanal, para potenciar la inversión”, según declaraciones de José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional del Poder Popular que “atiende los Asuntos Constitucionales y Jurídicos” (Granma, lunes 17 de marzo de 2014, página 3), elementos éstos que no se contemplan en la Ley vigente.
También el alto funcionario declaró que el Anteproyecto presentado a los diputados “deja establecido el carácter prioritario de la inversión extranjera en casi todos los sectores de la economía, especialmente en aquellos relacionados con la producción”. Obviamente, no es lo mismo un cuentapropista que un empresario capitalista, por si alguien tenía dudas.
En el proceso preparatorio previo, que según la prensa oficial se ha venido desarrollando en todo el territorio nacional, han participado junto a los diputados “especialistas, funcionarios de las estructuras de gobierno municipales y provinciales, representantes de las consultorías jurídicas internacionales y asesores de empresas importantes; en general personas que puedan aportar a la discusión.”(Subrayado de esta autora). Una conjura a puertas cerradas y de la que apenas algunas notas inocuas han trascendido a los medios nacionales, ya que la población común no pasa de ser ese conglomerado de espectadores incapaces e imposibilitados de hacer algún “aporte” y deberá tragarse la píldora tal como la dispongan los filibusteros de verde olivo.
Las “principales preocupaciones y aportes de los diputados” en el llamado proceso de análisis y discusión del Anteproyecto en la Isla han girado en torno a “los derechos laborales de los cubanos que trabajarían en esos proyectos, los plazos de vigencia para la inversión y la protección del Patrimonio Nacional”, omitiendo la cuestión fundamental: el privilegio de los extranjeros por sobre los que deberían ser los derechos naturales de los cubanos. Un detalle que recuerda aquel “Carolino Código Negro” que en 1842 reconocía a los esclavos derechos y privilegios tan dudosos como recibir castigos corporales que no excedieran los 25 azotes, o el premio de la libertad a cambio de la delación a los compañeros de esclavitud.
Casi 40 años de experiencia en simulacros parlamentarios nos permiten anticipar que, como todas las anteriores leyes allí “discutidas”, esta también se aprobará unánimemente por el coro de ventrílocuos desde las lunetas de la sede del sainete, el Palacio de las Convenciones, el propio día 29 de marzo. Por el momento, ya muchos parlamentarios han coincidido que la nueva Ley “está en plena sintonía” con los ajustes económicos impulsados por el General-Presidente en su proceso de actualización del modelo, otro experimento que –ahora sí– permitirá, capital mediante, solucionar los siempre acuciantes problemas de la construcción del socialismo.
Publicado originalmente en Cubanet.
