El gobierno cubano legalizará las operaciones de criptomonedas a partir del 17 mayo, con el otorgamiento de licencias a personas naturales y jurídicas interesadas en brindar este servicio.
El Banco Central de Cuba anunció este martes la medida en una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de la República. La Resolución 89/2022, establece que los interesados en ser “proveedores de servicios de activos virtuales” deberán cumplir una serie de requisitos para recibir estas licencias.
"El Banco Central de Cuba al considerar la solicitud de licencia, evalúa la legalidad,
oportunidad e interés socioeconómico de la iniciativa, las características del proyecto, la responsabilidad de los solicitantes y su experiencia en la actividad", señala el documento.
Las licencias serán válidas por un año, y prorrogables por otros 12 meses, "dado el carácter experimental y novedoso de este tipo de actividad", puntualiza la resolución.
A raíz del escándalo de Trust Investing y la detención de su director en Cuba, Ruslan Concepción, el gobierno cubano expresó preocupación por el uso delictivo de las criptomonedas.
En mayo pasado, la prensa estatal reseñó una reunión en la que el gobernante Miguel Díaz-Canel se refirió a operaciones monetarias ejecutadas por empresas transnacionales que, a través del uso de criptomonedas, pusieron en marcha esquemas especulativos y fraudulentos con el objetivo de maximizar ganancias.
"Estamos alertando que hay una posibilidad de estafa, con entidades que no operan bajo una subordinación al Estado cubano, ni en ninguno de los canales establecidos en política monetaria", señaló.
La medida anunciada este martes afianza la decisión de las autoridades cubanas, anunciada en 2021, de incluir a las criptomonedas entre los medios de pago legales utilizados en el país. Expertos opinan que este movimiento del régimen de La Habana busca una vía para evadir las sanciones económicas del gobierno estadounidense.
Entre las criptomonedas más populares en Cuba se encuentran Bitcoin, Ethereum, Litecoin y USDT. Su uso cobró fuerza en los últimos años, en medio de la crisis económica, las restricciones de viaje impuestas por la pandemia y las sanciones de EEUU sobre el envío de remesas a la isla.
