Al menos 208 detenciones arbitrarias se produjeron en Cuba en el mes de agosto, una cifra mayor que en julio, denunció este domingo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en su informe mensual.
La red de activistas del OCDH en la isla contabilizó 133 acciones represivas contra mujeres y 75 contra hombres, al igual que un número mayor de actos de acoso e intimidación contra miembros de la sociedad civil y activistas a todo lo largo y ancho de Cuba.
El movimiento opositor femenino Damas de Blanco resultó nuevamente la organización pacífica más afectada por las detenciones arbitrarias practicadas por el gobierno. A dichas mujeres se les impide habitualmente asistir a misa, entre otros actos de hostigamiento físico y verbal, recalcó el informe.
Le siguen, según el OCDH, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Somos+, el Frente Orlando Zapata Tamayo, el Frente Nacional de Resistencia y Partido por la Democracia, entre otros grupos opositores.
La organización defensora de los derechos humanos señaló, además, que en agosto algunos artistas independientes fueron acosados y detenidos arbitrariamente por oficiales de la policía política cuando realizaban un concierto contra la aprobación del Decreto 349, que recrudece la censura sobre la actividad artística en la isla.
El informe refiere que activistas del movimiento juvenil Somos+ fueron detenidos cuando pretendían reunirse para discutir el borrador de la nueva Constitución propuesta por el régimen cubano.
Igualmente, las autoridades han incrementado el acoso mediante citaciones policiales e interrogatorios a integrantes del Centro de Estudios Convivencia, que dirige el opositor Dagoberto Valdés.
El OCDH destaca que hay una tendencia al aumento en el número de detenciones arbitrarias, así como un notable incremento de la represión personalizada y la utilización selectiva de la entrega de permisos de salida del país, mientras se niega a los activistas el derecho a viajar libremente.
"Este panorama deja al descubierto la ausencia de voluntad política de cambio por parte del gobierno" de Miguel Díaz-Canel, concluyó el informe.
(A partir de un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos)
