Las autoridades impidieron salir de Cuba en la última semana a varios activistas de derechos humanos de la isla que habían sido invitados a participar en eventos fuera del país.
Roberto Martín Valdivia, presidente del opositor Partido 30 de Noviembre Frank País, había sido invitado a un evento del Centro de Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), que se desarrolla en Argentina esta semana. Pero fue detenido en Ciego de Ávila, el 18 de octubre, cuando se dirigía a la capital a recoger la visa para viajar al día siguiente, relató a Martí Noticias.
Según el opositor, lo mantuvieron por más de 24 horas en la Unidad Provincial de Instrucción Policial de esa localidad, donde fue sometido a interrogatorios y recibió amenazas de enfrentar un proceso judicial.
Durante el arresto, los agentes de la Seguridad del Estado le ocuparon todo el dinero, el boleto de avión, el pasaporte y el carnet de identidad. Cuando fue puesto en libertad solo le devolvieron la mochila con la ropa y los medicamentos que llevaba, aseguró.
Valdivia explicó que recibió amenazas directas de ser procesado por vínculos con “organizaciones terroristas de Miami". Los agentes le recordaron, además, que sobre él pesa la prohibición de salir de Ciego de Ávila, y le presentaron un acta de advertencia que se negó a firmar.
"Ando sin carnet de identidad, por eso fui este lunes a Fiscalía a indagar sobre mi situación, pero cuando llegué ya me estaban esperando, y antes de hablar dijeron que mi caso no procedía”, dijo el opositor.
En Fiscalía fue advertido de que como sobre él pesan acusaciones de tener "vínculos con organizaciones terroristas, y distribuir dinero en Cuba para hacer contrarrevolución", podrían aplicarle la Ley 88, conocida por "Ley Mordaza".
Este es el segundo incidente contra Valdivia en lo que va de año. El 29 de abril fue detenido antes de llegar al Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, cuando intentaba viajar a Argentina, y deportado a Ciego de Ávila.
El pretexto que usaron entonces las autoridades fue que "no podía entrar a la capital porque su presencia comprometía las actividades del 1 de mayo”, relató.
En Pinar del Río, Yaimel Rodríguez Arroyo, del proyecto independiente Ciudadanos Observadores del Proceso Electoral 2018, tampoco pudo viajar a Colombia, donde había sido invitado a participar en un taller sobre los procesos electorales.
El 20 de octubre, cuando se disponía a pasar los controles de Inmigración en el Aeropuerto José Martí de La Habana, le informaron que no podía viajar, y cuando indagó los motivos de la prohibición se limitaron a decirle que “desconocían las razones”, explicó Rodríguez Arroyo este lunes en el programa Contacto Cuba, de Radio Martí.
El activista dijo que se presentó en Inmigración de Pinar del Río a buscar una explicación a la negativa de viaje, pero tampoco obtuvo respuesta, y allí le sugirieron que se dirigiera a la Seguridad del Estado.
“Un oficial Seguridad del Estado que no se identificó por su nombre me dijo que fue él quien me puso la restricción para viajar”, aseguró el activista, que no recibió más explicaciones.
Un caso similar ocurrió contra el integrante del Centro de Estudios Convivencia, Yoandy Izquierdo, también residente en Pinar del Río, al que el pasado sábado le rompieron el boleto cuando se disponía a abordar un avión rumbo a España, donde participaría en un evento académico en una universidad de Barcelona.
En su caso tampoco hubo explicación de la negativa de viaje.
Un incidente similar a los anteriores ocurrió el pasado 14 de octubre contra el opositor de Guantánamo Niober García Fournier.
El opositor, representante de Eyes on Cuba, y corresponsal de la agencia de prensa independiente Hablemos Press, estaba invitado a participar en un evento sobre derechos humanos convocado por la organización From Line Defender.
García Fournier explicó este lunes en el programa Cuba al Día, de Radio Martí, que en el Aeropuerto internacional José Martí de La Habana los oficiales de Inmigración se limitaron a informarle que su nombre aparecía en las computadoras con limitaciones para viajar, pero que esa decisión no había sido adoptada por ellos.
El activista aseguró que no ha sido incriminado por los “supuestos delitos y restricciones” que suelen usar las autoridades en Cuba para impedir viajar a los opositores, por eso considera que “la Seguridad del Estado fue la que tomó la decisión".
Añadió que en lo que va de año esta es la tercera ocasión en la que le niegan el derecho a viajar fuera del país. El 27 de mayo le impidieron abordar un avión rumbo a Panamá, y luego, el 18 de julio, a Trinidad y Tobago.
Todos los opositores que han recibido la prohibición de viajar fuera de Cuba aseguran que no están sujetos a proceso penal ni pendientes del cumplimiento de una sanción o medida de seguridad, que son las limitantes planteadas en el artículo 25 de la actual Ley Migratoria cubana.
Los activistas consultados calificaron las prohibiciones de arbitrarias y violadoras de sus derechos ciudadanos.
(Con testimonios de Cuba al Día y Contacto Cuba)
