La hija de Jorge Luis García Pérez "Antúnez" y Magalys Rivaflecha, nacida en Estados Unidos, no podrá recibir la ciudadanía cubana por una decisión de las autoridades de la isla, que niegan ese derecho a los padres por ser opositores al régimen.
Este lunes, Rivaflecha y Antúnez se personaron con la hija, Alejandra García, de nueve meses de edad, en Inmigración y Extranjería para responder a una llamada telefonica recibida desde esa oficina en la que les pedían que se presentaran para darles "solución al caso", explicó el opositor a Martí Noticias.
Alejandra García nació en mayo de 2017, en el sur de la Florida, Estados Unidos, y semanas después, a su regreso a Cuba, los padres iniciaron el trámite de avecindamiento, por el que debía recibir la categoría de residente permanente en Cuba.
Por esos días, el gobierno cubano dio a conocer nuevas leyes migratorias para otorgar la ciudadanía a los menores nacidos fuera del territorio nacional, por lo que los padres de la pequeña esperaban una comunicación de las autoridades de Inmigración.
"Al llegar allí vimos con sorpresa que la citación nunca había tenido lugar, que había sido otra maniobra más de la policía política para tratar de desequilibrarnos", relató Antúnez.
La funcionaria que los recibió apeló al texto del decreto que plantea que los hijos los cubanos nacidos en el exterior ya pueden obtener ciudadania cubana "salvo el caso de los niños cuyos padres tengan un color politico diferente al régimen", señaló.
La funcionaria les comunicó que "podía iniciar el proceso, pero que se quedaría archivado", una acción que el opositor interpreta como la "ratificación de que su hija no tiene el derecho a recibir la ciudadanía cubana".
La nueva “disposición especial” para los nacidos en el extranjero que entró en vigor el 1 de enero de 2018, y otorga de manera discrecional la ciudadanía a hijos de cubanos nacidos en el exterior, ha sido duramente criticada por quienes pudieran verse afectados.
El Decreto plantea que se elimina el requisito de “avecindamiento” cuando el interesado, el padre o madre o representantes legales de los menores de edad comprendidos en el presente Decreto-Ley, hayan cometido o realizado acciones contra los fundamentos políticos, sociales y económicos de la nación, se archiva el expediente y se le notifica al solicitante".
(Con reporte de Yolanda Huerga y Archivo Martí Noticias)
