El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental que se encarga de fijar normas y hacer recomendaciones a los estados contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, ha informado que sacó a Cuba y otros cuatro países de su llamada “lista gris”, de naciones con deficiencias estratégicas en el enfrentamiento a esos males que representan riesgos para el sistema financiero internacional.
Además de la isla caribeña dejaron de estar sujetos al escrutinio del GAFI Argentina, Etiopía, Tajikistán y Turquía.
En un comunicado dado a conocer el jueves el GAFI dio “la bienvenida a los significativos avances de Cuba en el mejoramiento de su régimen contra el blanqueo de capitales y el financiamiento al terrorismo”, y destacó que el gobierno cubano "ha establecido el margo legal y regulatorio para cumplir los compromisos asumidos en su plan de acción contra las deficiencias estratégicas que el GAFI identificara en febrero del 2013”.
La entidad precisa que Cuba no está ya por lo tanto sujeta a su proceso de vigilancia global, el que todavía comprende a 18 países, y que La Habana continuará trabajando con el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Dinero (GAFISUD) para continuar fortaleciendo su régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
En 2012, Cuba se convirtió en miembro del GAFISUD, el organismo regional correspondiente, un paso mediante el cual se comprometió a adoptar y aplicar las recomendaciones del GAFI.
Posteriormente funcionarios del grupo visitaron La Habana y formularon unas 40 recomendaciones en materia de criminalización y tipificación de esos delitos y de medidas preventivas para el sistema financiero y la cooperación internacional. El gobierno de la isla procedió a implementar las recomendaciones y consiguió salir de la lista negra que le hacía susceptible de medidas de precaución o sanciones financieras por parte de organismos y países, y ubicarse en la “lista gris” o intermedia del GAFI.
La sinceridad de La Habana ha sido sin embargo puesta en entredicho por investigaciones de la justicia estadounidense que consiguieron ubicar en la isla a personajes buscados en Estados Unidos por diversas estafas millonarias ─entre ellas, defraudar al seguro médico federal para personas de bajos ingresos─ así como algunos frutos de sus delitos.
En octubre del 2012 fiscales federales en Miami presentaron cargos contra el cubano Jorge Emilio Pérez, fundador de la compañía de envío de dinero Caribbean Transfers, a través de la cual fueron a parar a bancos cubanos 30 millones de dólares robados al programa Medicare en el sur de la Florida.
