España y Colombia avalaron ante Estados Unidos el rechazo de Cuba a las actividades terroristas, dijo este miércoles un portavoz del Departamento de Estado, un día después que la Casa Blanca defendió la salida de la isla del listado de países que promueven el terrorismo.
Como parte del proceso de revisión de la presencia de Cuba en esa lista, el Departamento de Estado consultó con autoridades españolas y colombianas, y recibió informaciones esenciales para la recomendación de que la isla caribeña sea retirada del listado, dijo Jeff Rathke.
El Gobierno colombiano "indicó a Estados Unidos que no hay evidencia de que Cuba haya proporcionado soporte político o material en años recientes" a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), expresó el vocero.
De acuerdo con Rathke, "el Gobierno de Colombia cree que el Gobierno de Cuba juega un papel constructivo en las negociaciones de paz" entre las FARC y representantes colombianos, que tienen lugar en La Habana desde 2012.
En tanto, añadió, España expresó la satisfacción por la marcha de negociaciones bilaterales con Cuba para resolver el caso de dos exmiembros de la organización separatista armada vasca ETA que viven en territorio cubano. "El Gobierno de España aseguró al Gobierno de Estados Unidos que está satisfecho con ese proceso", dijo el portavoz.
Rathke apuntó que Cuba "ha proporcionado garantías de que no permitirá que esos dos miembros de ETA usen el territorio cubano para actividades contra España o cualquier otro país".
Las FARC y ETA son consideradas como organizaciones terroristas por Estados Unidos desde 1997.
El presidente estadounidense Barack Obama envió el martes al Congreso la recomendación del Departamento de Estado para que Cuba sea borrada de dicho listado, un paso fundamental en el histórico proceso de reaproximación entre ambos países.
En el proceso de revisión de esa situación, aseguró Rathke, Cuba "entregó a Estados Unidos por escrito garantías oficiales (...) de que no apoyará actos de terrorismo internacional".
El Congreso estadounidense –controlado por la oposición del partido Republicano– tiene un plazo de 45 días, contando desde el martes, para expedirse sobre la eliminación de Cuba de la polémica lista, y puede vetar la iniciativa mediante una declaración bicameral.
