Aunque las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba para normalizar sus relaciones deben haberle puesto la carne de gallina a más de un fugitivo de la justicia estadounidense refugiado en la isla, a juzgar por una nueva investigación publicada por el diario Sun-Sentinel, los que dejaron causas pendientes en Estados Unidos pueden dormir tranquilos. Por ahora.
El Departamento de Estado norteamericano considera vigente el tratado bilateral de extradición firmado en 1904 por los Gobiernos de Theodore Roosevelt y Tomás Estrada Palma, pero en la práctica dejó de aplicarse en 1960, al deteriorarse las relaciones con el Gobierno de Fidel Castro.
Desde entonces, los órganos encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos dan por sentado que no vale la pena iniciar complejos y costosos procedimientos de extradición para que las autoridades cubanas al final no levanten un dedo, trátese de ex militantes radicales o de vulgares estafadores.
El Sentinel dice haber comprobado que Estados Unidos no sabe cuántos fugitivos están en Cuba, que nadie lleva esa cuenta ni se reclama rutinariamente el regreso de personas buscadas por delitos federales graves, mucho menos por delitos estatales más comunes.
Funcionarios de orden público a nivel estatal y federal indicaron al periódico de Fort Lauderdale que rara vez se presenta en Washington el papeleo necesario para solicitar la extradición con asistencia diplomática, debido a que la percepción general es que sería en vano.
"Podría enviar una solicitud de extradición a Marte y tener más suerte", dijo a la publicación Ryan Stumphauzer, un ex fiscal federal auxiliar en Miami que ha presentado cargos contra numerosos cubanos por cobros fraudulentos al Medicare. "Sabemos que Cuba no devuelve a nadie", dijo.
No es exactamente así. La Habana ha devuelto a través de los años a un puñado de delincuentes; al menos diez, como confirmó recientemente la directora de América del Norte en el MINREX y jefa de la delegación de la isla a las charlas con Estados Unidos, Josefina Vidal.
Consultado por el Sentinel, John Caulfield, ex jefe de la Sección de Intereses estadounidense en La Habana, recomendó a los funcionarios encargados hacer al menos la gestión, "porque si usted no pide, no sabe lo que va a suceder. Nos sorprendieron en algunos casos, cuando pedimos el regreso de alguien y nos lo concedieron".
El reportaje toma nota de la carta que cursaron la semana pasada tres senadores, incluido el cubanoamericano Marco Rubio, a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), para solicitar un listado de los fugitivos refugiados en Cuba y sus cargos.
Pero dice haber verificado que no existe un mecanismo formal en uso para solicitar la extradición, ni un registro central nacional sobre quiénes se han dado a la fuga, ni coordinación entre los estados o los condados acerca del tema.
Sólo en las últimas semanas, la Oficina de Alguaciles de Estados Unidos en el sur de la Florida empezó a compilar una lista de personas posiblemente escondidas en Cuba, previendo que el Gobierno castrista pueda comprometerse de repente a expulsarlos.
En una investigación de un año de duración sobre las redes criminales cubanas en Estados Unidos, el Sun Sentinel reveló que ciudadanos cubanos, que son favorecidos por las leyes de inmigración estadounidenses, han venido a este país y participado en esquemas delictivos, principalmente de fraude a las aseguradoras, las tarjetas de crédito y el Medicare, saqueos de almacenes, y cultivos de marihuana.
Estos negocios les generaron millones de dólares ilegales que muchos enviaron a Cuba. Y luego, cuando la policía estaba cerrando el cerco, regresaron ellos mismos.
Sólo recientemente el FBI en Miami compiló una lista de 20 fugitivos por fraude al Medicare que cree se esconden en Cuba. El Sun Sentinel, en su investigación, encontró en documentos de la corte o de la policía referencias a otros 50, inculpados por los demás delitos mencionados.
Pero el diario señala que la relación podría ser mucho mayor, pues hay 500 fugitivos de origen cubano buscados por cargos federales, y al menos otros 500 buscados por cargos estatales sólo en la Florida, de cuyo paradero no hay indicios.
La publicación repara en los engorrosos trámites de una solicitud de extradición, que incluyen declaraciones juradas; textos de las leyes penales pertinentes; copias certificadas de las órdenes de detención y las acusaciones; transcripciones de la corte, fotografías y huellas dactilares, y cuando el expediente está listo, su envío a la Oficina de Relaciones Internacionales del Departamento de Justicia en Washington, donde se traduce el material y se canaliza al Departamento de Estado.
Diplomáticos estadounidenses se encargan después de transmitir formalmente la petición al país que debe extraditar, a través de una "nota diplomática" acompañada por el abultado expediente.
Pero nadie, o casi nadie, se toma ese trabajo en los casos de fugitivos refugiados en Cuba. Y estos se sienten seguros en su santuario doméstico.
El Sentinel lo ilustra narrando cómo encontró en Santa Clara a uno de ellos al que se busca en Estados Unidos por un fraude millonario que perpetró en Texas con tarjetas de crédito. En 2013, el hombre le envió una carta al juez que lleva su caso. "Fui a Estados Unidos a robar", le escribió. Y de paso, le adjuntó la dirección donde reside en Cuba.
