Dos integrantes de la Mesa del Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC), José Rolando Casares Soto y su esposa Yamilka Abascal Sánchez, condenados a cinco y dos años de privación de libertad respectivamente por el supuesto delito de “atentado" y "desacato" a la figura del fallecido Fidel Castro, deberán comenzar a cumplir la sanción el 24 de mayo.
La sanción impuesta al matrimonio opositor establece que Casares deberá pasar cinco años en internamiento correccional con trabajo forzado, mientras que sobre la esposa pesan dos años de reclusión domiciliaria, que cumplirá en su vivienda, en San Juan y Martínez, Pinar del Río.
La sanción contra Casares se hace efectiva a partir del 24 de mayo, pero como él informó a las autoridades que “no va a trabajar con el gobierno cubano”, que es lo que establece el internamiento en un correccional o granja, será conducido a la Cárcel Provincial de Pinar del Río, conocida como “Kilo 5”, dijo el opositor a Martí Noticias.
El matrimonio se considera “víctima del gobierno de los Castro” y denuncia que en el juicio que les celebraron, el pasado 15 febrero, los oficiales acusadores "en ningún momento presentaron pruebas contundentes para encarcelarlos".
Aunque la abogada hizo una buena defensa en el juicio, no tuvieron en cuenta los alegatos que presentó, denuncian los activistas.
Tampoco en la apelación al Tribunal Provincial las autoridades aceptaron las pruebas que llevaban para demostrar su inocencia, y "desestimaron cualquier caso de apelación".
En su caso, se ha quedado "sin ningún recurso para apelar y deberá entrar mañana a la cárcel", dijo Casares este martes.
El joven matrimonio fue detenido junto a otro activista en la madrugada del 15 de julio del 2016, en camino a una reunión en La Habana. Fueron interceptados y maltratados por el oficial de la Seguridad del Estado Iván de la Rosa, y otros oficiales en San Juan y Martínez. El régimen castrista les acusó de “atentado" y "desacato” a la figura de Fidel Castro.
Una nota divulgada por el Directorio Democrático Cubano destaca que, al conocer el caso del matrimonio, el licenciado René Bolio, presidente de JusticeCuba (Comisión Internacional para el enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad del régimen de Castro) dijo que "el caso tiene todos los indicios de constituir un encarcelamiento ilícito y una amenaza de trabajo esclavo, ambos crímenes de lesa humanidad".
(Redactado por Idolidia Darias, con información del Directorio Democrático Cubano)
