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El interés de Costa Rica por Cuba: ser los "proveedores"
El gerente de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), Pedro Beirute, explica a "La República" las razones por las que busca ampliar sus negocios con la isla de Gobierno comunista.
Costa Rica tiene pragmáticas razones para intentar negocios con el Gobierno cubano, según explicó a un medio costarricense uno de los funcionarios que viajó recientemente a la isla en la delegación que presidió el presidente tico, Luis Guillermo Solís, y que incluyó a unos 50 empresarios de esa nación.
El gerente de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), Pedro Beirute, dijo al periódico local La República que los cuestionamientos sobre la visita de Solís a la isla están relacionados con lo que catalogó como "la desinformación" en cuanto a las oportunidades que tiene Costa Rica en el mercado cubano.
Beirute argumentó que un estudio realizado por Procomer indicó que el país caribeño se perfila como un mercado con potencial en el área del turismo, los servicios y la construcción.
"Es cierto que el cubano no tiene plata, pero Cuba es una economía importante y requiere alimentar a los casi 3,5 millones de turistas que llegan cada año desde Canadá y Europa principalmente. Los compradores son cadenas hoteleras", dijo Beirute en entrevista con La República.
"Cuba importa casi el 20% de lo que consume de China (…) El año pasado, este país importó 6.000 millones de dólares, ahí hay una
gran oportunidad de entrar en todos los sectores", declaró el funcionario tico.
La infraestructura hotelera es una de las asignaturas pendientes del Gobierno cubano, en momentos en los que crece la llegada de turistas extranjeros y la isla presiona para que el presidente Barack Obama flexibilice las medidas que impiden hasta ahora los viajes turísticos.
El funcionario tico dijo que quieren ser "proveedores" en este y otras esferas de la economía cubana.
"En materia agrícola Cuba no es productivo, casi el 68% de su producción es caña de azúcar, un 15% raíces y tubérculos, el 11% hortalizas y solo un 5% frutas. Eso también es una oportunidad para nuestro sector agrícola porque en Cuba no está desarrollada como Costa Rica en materia agrícola ni cuenta con nuestra productividad", explicó.
"Queremos estar preparados y actuar como proveedores. Quizá no tenemos las grandes constructoras, pero podemos abastecer equipos eléctricos, metalmecánica, que ahora provienen de España y China", apuntó tras explicar que en Cuba "el Estado actúa como comprador".
"La idea es posicionarnos y ofrecer nuestros bienes y servicios. Buscamos adelantarnos y no dormirnos, queremos ser proactivos y anticipar todas esas oportunidades actuales", agregó.
Beirute dijo al diario que no son "los únicos" interesados en ingresar en la economía cubana, aludiendo a sus homólogos de ProChile, ProMéxico, ProColombia y ProPerú que también están buscando oportunidades en Cuba.
"Aquí no estamos descubriendo el agua tibia, muchos países quieren entrar a este mercado que es el más grande del Caribe. Nuestra estrategia es la misma, ir con productos de calidad, con valor agregado, con diferenciación y costos competitivos y con soluciones que se adapten a las condiciones del comprador", dijo.
Unas 40 empresas costarricenses ya importan productos a la isla, según cifras del Gobierno tico.
Cuba busca financiamiento extranjero para sacar adelante su frágil economía. El ministro de economía, Marino Murillo, dijo recientemente que no hay que temer a la deuda que implicarían estos préstamos indispensables en medio de las moderadas reformas dirigidas al mercado que aplica desde el 2011.
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Organizaciones civilistas hacen llamado para que Venezuela se abstenga de criminalizar la protesta
"Las autoridades estatales y fuerzas de seguridad públicas deben respetar el derecho a la protesta, cuya protección es un elemento esencial en las democracias y una herramienta histórica para el reclamo de derechos", afirman Amnistía Internacional y otras ochos organizaciones.
Nueve organizaciones pro derechos humanos firmaron una declaración conjunta que exige al Estado venezolano "respeto y garantía del derecho a la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica".
"Hacemos un llamado a las autoridades para que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza", subrayaron Amnistía Internacional, Freedom House, WOLA, Civicus y el Centro de Derechos Humanos John F. Kennedy, entre otros.
"Las protestas en Venezuela se dan en un contexto posterior a las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado domingo 28 de julio de 2024 y cuya transparencia ha sido altamente cuestionada por la comunidad internacional", indicaron. El Centro Carter, por ejemplo, concluyó que la elección no fue democrática.
"Las autoridades estatales y fuerzas de seguridad públicas deben respetar el derecho a la protesta, cuya protección es un elemento esencial en las democracias y una herramienta histórica para el reclamo de derechos", precisa el comunicado.
También afirma que las autoridades "deben evitar el uso de discursos que alientan e incitan a la violencia contra las personas que ejercen su legítimo derecho a participar en manifestaciones pacíficas, así como a evitar la estigmatización contra las organizaciones de la sociedad civil".
En referencia a la muerte de al menos 11 personas en las protestas, los firmantes recordaron que "en ningún caso la fuerza letal puede ser utilizada para el control de manifestaciones".
"Según estándares internacionales, la privación del derecho a la vida en el contexto del uso de la fuerza por parte del Estado sería arbitraria y, en algunos casos, una ejecución extrajudicial. Estos hechos deben ser investigados de manera pronta, independiente e imparcial y con la diligencia debida", recalcaron.
Otras preocupaciones que menciona el comunicado son las detenciones por razones políticas, así como muertes potencialmente ilícitas, restricciones a la libertad de prensa y cortes de internet.
Además, "nos alarma la criminalización de la protesta y en particular, las declaraciones del Fiscal General Tarek William Saab quien informó a la prensa que más de 749 personas han sido detenidas en relación con las protestas. Las mismas están siendo señaladas por actos violentos y se les imputarán delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y, en los casos más graves, terrorismo", dijeron los firmantes.
Acerca de los cortes de internet documentados en el contexto electoral, recuerdan "que el acceso a internet está íntimamente relacionado con el derecho a la protesta pues permite denunciar abusos, comunicarse en tiempo real y organizarse de manera pacífica".
Por último, las organizaciones hicieron un llamado a la comunidad internacional "a exigir el respeto a los derechos civiles y políticos de las personas en Venezuela. Invitamos además a los mecanismos de justicia internacional, a mantenerse alerta ante posibles graves violaciones de derechos humanos en el marco de las protestas que se desarrollan desde el 28 de julio y a incluir la documentación de dichos crímenes internacionales en los mecanismos de justicia internacional en curso como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU o la Corte Penal Internacional".
Los firmantes
Amnistía Internacional
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CIVICUS
Comisión Internacional de Juristas
Freedom House
Global Centre for the Responsibility to Protect
Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Robert F. Kennedy Human Rights
Sin consenso resolución de la OEA que exigía transparencia electoral en Venezuela
La OEA no pudo llegar a un consenso para presionar a las autoridades venezolanas a publicar “inmediatamente” los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) no logró este miércoles la mayoría de votos para aprobar una resolución que exigía transparencia sobre los resultados electorales en Venezuela.
En la reunión del Consejo Permanente hubo 17 votos a favor, 11 abstenciones, entre ellas las de Brasil y Colombia, y cinco ausencias, entre las que destaca la de México.
Así quedó frustrada la iniciativa que proponía reconocer la participación sustancial y pacífica del electorado venezolano en las elecciones celebradas el 28 de julio de 2024.
A favor de la resolución votaron Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú, República Dominicana, y Estados Unidos, entre otros. No hubo votos en contra.
La resolución instaba al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a publicar inmediatamente los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral y pedía una verificación integral de los resultados en presencia de organizaciones y observadores independientes para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad de los resultados electorales.
Por otra parte, defendía el derecho de los ciudadanos venezolanos a manifestarse pacíficamente sin represalias y exigía garantizar la seguridad de las interacciones diplomáticas y del personal residente en el territorio venezolano, incluidas las personas que soliciten asilo, de conformidad con el derecho internacional y las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares.
Las palabras de Luis Almagro
"Maduro prometió un baño de sangre, y nos indignó oírlo y más nos indigna ahora que lo está haciendo", aseveró el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
"Hay premeditación, alevosía, impulso brutal, ferocidad, ventaja superior. Es el momento de presentar cargos de imputación y orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional contra los principales responsables, incluido Maduro", declaró Almagro.
También dijo que es hora de la justicia y que "nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos. Por un hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad".
Venezuela necesita la voluntad de "defensa democrática" por parte de la región, agregó el titular de la OEA.
Presidente de Colombia Petro pide a Maduro publicar recuento detallado de votos de elecciones de Venezuela
El presidente colombiano Gustavo Petro pidió a su aliado Nicolás Maduro que publique un recuento detallado de los votos de las elecciones en Venezuela que lo declararon ganador.
El presidente colombiano Gustavo Petro pidió el miércoles a su aliado cercano, el presidente venezolano Nicolás Maduro, que publique un recuento detallado de los votos de las elecciones del fin de semana en las que las autoridades electorales lo declararon ganador.
Los comentarios de Petro se produjeron tras duras críticas de la comunidad internacional a Maduro y al Consejo Nacional Electoral (CNE), leal a su partido gobernante, que aún no ha publicado los resultados de los centros de votación, como ha hecho en elecciones anteriores.
El rival de Maduro, Edmundo González, y la líder de la oposición María Corina Machado dijeron que la publicación de esas cifras demostraría que el presidente perdió las elecciones.
Venezuela rompe relaciones con Perú
El gobierno de Perú reconoció al opositor Edmundo González como el presidente electo de Venezuela. Tras ese pronunciamiento, el gobierno de Maduro acordó romper relaciones diplomáticas.
El gobierno de Perú reconoció al opositor Edmundo González como el presidente electo de Venezuela y desde Costa Rica llegó el ofrecimiento de asilo para el candidato de la oposición y para la líder María Corina Machado ante los mensajes lanzados por autoridades venezolanas para que fueran detenidos.
El canciller peruano, Javier González-Olaechea, anunció que su gobierno reconoce a González como “el presidente electo legítimo de Venezuela” y sostuvo que Maduro es “una persona que desea por la vía de la dictadura perpetuarse en el poder”.
Tras ese pronunciamiento, el gobierno de Maduro acordó romper relaciones diplomáticas con Perú. El canciller venezolano, Yvan Gil, dijo la noche del martes en su cuenta en X que Caracas tomó la decisión luego de las “temerarias declaraciones” de su par peruano.
Más tarde, la presidencia de Perú dijo en sus redes sociales que la decisión del gobierno de Maduro se produjo por “la imposibilidad de demostrar fehacientemente su atribuido triunfo electoral, exhibiendo todas las actas con verificación internacional como solicitan los países y múltiples organismos internacionales”.
Varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Panamá y Uruguay, criticaron la falta de transparencia del proceso electoral que proclamó presidente a Maduro,lo que enfureció al gobierno venezolano que ordenó regresar a todo su personal diplomático en esas naciones y les pidió que hicieran lo mismo con su personal en Venezuela.
El incremento de la presión internacional tiene lugar dos días después de los comicios y luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamara el lunes oficialmente presidente a Maduro, en su segunda reelección, después de que la noche del domingo difundiera resultados que daban al mandatario la victoria electoral con 51% de los votos frente a 44% de González.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA)instó el martes a Nicolás Maduro a que reconozca su derrota en los comicios presidenciales de Venezuela o convoque a una nueva votación más transparente.
El presidente estadounidense, Joe Biden, y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, urgieron al gobierno de Maduro a difundir de inmediato “los resultados electorales completos, detallados y transparentes” .
[Con reporte de The Associated Press]
En medio de las protestas, 11 muertes
Al menos 11 personas murieron el lunes durante las manifestaciones por los resultados electorales en cinco regiones de Venezuela, según organizaciones de derechos humanos, como Foro Penal, Provea y Laboratorio de Paz.
Alfredo Romero, abogado y director presidente de Foro Penal, dijo en una conferencia de prensa que 5 personas "fueron asesinadas" en Caracas, 2 en Zulia, 2 en Yaracuy, 1 en Aragua y 1 en Táchira. Hay dos menores de edad, de 15 y 16 años, entre las víctimas.
“Nos preocupa enormemente el uso de armas de fuego en estas manifestaciones”, afirmó, y exigió una investigación sobre esos casos.
Según Foro Penal, hubo al menos 177 detenciones en el contexto de las protestas en todo el país. Hubo 38 arrestos en el Distrito Capital, en el centro del país, 27 en Barinas y 19 en Zulia, en el occidente venezolano.
Lexys Rondón, vocera del Laboratorio de Paz, informó que contabilizaron 210 protestas espontáneas en todo Venezuela el lunes, que fueron respondidas con una “ola represiva” de cuerpos policiales y militares, y “colectivos” oficialistas.
Rondón expresó su preocupación ante la criminalización de quienes tienen derecho a manifestar, exigiendo “transparencia” por los resultados. Criticó que el ministro de defensa y el fiscal general del país llamaran “terroristas” a los manifestantes.
“En Venezuela no hay terroristas, hay un país que se expresó pacíficamente de todas las tendencias”, manifestó Rondón.
El presidente Nicolás Maduro, su ministro de defensa y voceros políticos del chavismo, como Jorge Rodríguez, denunciaron la presunta puesta en marcha de un golpe de Estado y un plan de desestabilización del país tras los resultados divulgados por el CNE, que dieron por ganador al oficialismo.
Sindéresis y respeto a la protesta pacífica
La vocera de Laboratorio de Paz se dijo preocupada por la cifra de 749 arrestos que reportó el fiscal. “¿Dónde están, bajo qué órganos?”, se preguntó. Pidió “sindéresis” a los organismos de seguridad del Estado, o sea "capacidad natural para juzgar rectamente".
Oscar Murillo, coordinador general de Provea, llamó a la comunidad internacional a que exija la verificación de actas de votación. “La paz, la estabilidad de este país y de la región, pasan porque se presenten y se logren mostrar las actas”, manifestó.
Murillo convidó al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a publicar el informe originalmente privado de su panel de expertos que observaron la elección.
Exigió que las autoridades venezolanas respeten la protesta pacífica, insistiendo en que debe haber “resultados electorales que sean confiables, transparentes”.
Gonzalo Himiob Santomé, director y vicepresidente del Foro Penal, recordó que está prohibido por la Constitución el uso de armas de fuego para controlar manifestaciones e involucrar civiles en la “represión” de una protesta pacífica.
(Con información de la Voz de América)
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