Costa Rica entregó a las autoridades de Colombia 480.000 dólares incautados a las FARC en el primer decomiso internacional de activos en contra de esta guerrilla que recientemente alcanzó un acuerdo de paz con el gobierno, informó este jueves la fiscalía.
"Ese dinero, hallado en efectivo en una vivienda de San José de Costa Rica, ya fue enviado por la Corte Suprema de Justicia de ese país a la Fiscalía" de Colombia, indicó el ente acusador en un comunicado.
El monto total fue girado a las autoridades colombianas el miércoles y es resultado de la información obtenida durante la Operación Fénix, un ataque colombiano en Ecuador en marzo de 2008 en el que fue abatido Luis Édgar Devia, conocido por su nombre de guerra Raúl Reyes, entonces número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).
Tras ese ataque, que generó una crisis diplomática con Ecuador, la fiscalía solicitó cooperación a las autoridades de España, Costa Rica, Ecuador, México, Estados Unidos, Perú y Panamá para perseguir los activos del grupo rebelde en esos países.
"Esta devolución es el resultado del compromiso existente entre ambas naciones para desarticular las bandas criminales y atacar los patrimonios ilícitos de organizaciones delictivas", sostuvo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en una carta enviada a su homólogo costarricense, Jorge Chavarría.
Los 480.000 dólares están en proceso de extinción de dominio. Una vez finalice este procedimiento, se destinará el 50% de los recursos al gobierno, 25% a la fiscalía y el otro 25% a la rama judicial, tal como lo estipulan las leyes colombianas para estos casos, agregó el ente acusador.
Según la fiscalía colombiana, las FARC, principal y más antigua guerrilla del país, tienen una red de testaferros conformada por amigos y familiares de los rebeldes.
En el acuerdo de paz alcanzado a finales de noviembre, tras casi cuatro años de negociaciones en Cuba, la organización insurgente se comprometió a hacer un inventario de sus bienes, los cuales se utilizarán para reparar a las víctimas de la conflagración interna.
El pacto, que deberá ser implementado en el Congreso, busca superar medio siglo de conflicto armado y que la guerrilla se transforme en un partido político legal.
