La congresista por la Florida María Elvira Salazar presentó este mates en una conferencia de prensa la Ley Dignidad, un Proyecto de ley que, según dijo, “arreglará el sistema de inmigración de una vez por todas” y que será un compromiso entre demócratas y republicanos.
“La belleza del proyecto de ley no es sólo el nombre Ley Dignidad, sino el hecho de que combina disposiciones que han sido aprobadas en Congresos anteriores sobre el tema de inmigración y que tiene disposiciones que han recibido apoyo bipartidista en la última década”, señaló la congresista cubanoamericana en una conferencia de prensa telefónica.
La representante republicana declaró que el proyecto de ley de reforma migratoria consta de tres principios fundamentales: detener la inmigración ilegal, proporcionar una solución digna para inmigrantes que viven en Estados Unidos y fortalecer la fuerza laboral y la economía estadounidenses.
El proyecto de ley agregaría nuevos agentes fronterizos y mejor tecnología; obligaría la verificación de que todas las empresas estadounidenses estén contratando trabajadores legales y promulgaría una política judicial de último en entrar, primero en salir para reducir la acumulación de varios años en los tribunales de inmigración. Asimismo, establecería cuatro Centros Regionales de Procesamiento para albergar a los solicitantes de asilo en la frontera para poner fin a las políticas de captura y liberación mientras se determinan los casos.
El proyecto de ley también ofrecería lo que Salazar llama el “Camino de Dignidad”, que crea un estatus legal inmediato y un camino simplificado para los dreamers, los jóvenes inmigrantes que llegaron o se quedaron en Estados Unidos de manera ilegal antes de cumplir los 16 años.
A través del Programa Dignidad de 10 años, los inmigrantes indocumentados tendrían la oportunidad de trabajar, obtener un estatus legal, pagar restitución y cumplir con la ley. Deben cumplir con todas las leyes federales y estatales, aprobar una verificación de antecedentes penales, trabajar o servir como cuidador familiar y pagar impuestos. Los participantes de Dignidad pagarían $ 10,000 en restitución durante los 10 años del programa.
Con esos pagos se crearía un Fondo de Trabajadores Estadounidenses para iniciativas de educación laboral, programas de aprendizaje y educación profesional y técnica para brindar oportunidades para que los estadounidenses ingresen a nuevas carreras.
La Ley Dignidad también crearía el Programa Redención, que ofrecería una oportunidad de obtener un estatus legal más permanente y que sería opcional para las personas que hayan completado el Programa Dignidad de 10 años.
El Programa Redención de 5 años requiere que los participantes aprendan inglés y educación cívica de Estados Unidos y brinda la oportunidad para aquellos que buscan un estatus legal permanente de contribuir a su comunidad local, ya sea a través del trabajo voluntario local o servicio comunitario nacional. También abre la elegibilidad para los caminos existentes hacia la ciudadanía, pero no sería un camino especial. Las personas que presenten la solicitud irían al final de la fila.
En enero del 2021, el presidente envió al Congreso la Ley de Ciudadanía de Estados Unidos que, según dijo la Casa Blanca, establece un nuevo sistema para administrar y asegurar la frontera de manera responsable y administrar mejor la migración en todo el hemisferio. Sin embargo, varios componentes clave de ese proyecto de ley ahora languidecen dentro del estancado plan denominado Reconstruir Mejor (Build Back Better).
La legislación crearía un camino de ocho años hacia la ciudadanía para los aproximadamente 10.5 millones de inmigrantes no autorizados de la nación, actualizaría el sistema de inmigración familiar existente, revisaría las reglas de visas basadas en el empleo y aumentaría la cantidad de visas de diversidad.
