La economista y activista cubana Karina Gálvez Chiu fue condenada este jueves a tres años de limitación de libertad y el comiso de su vivienda, bajo cargos de evasión fiscal, según informó en su página web el Centro de Estudios Convivencia, en Pinar del Río.
La fundadora del Centro de Estudios recibió de manos de su abogado la sentencia, emitida en esa ciudad el 15 de septiembre de 2017. En el documento el tribunal falla de acuerdo a las propuestas de sanción de la fiscalía, en el juicio celebrado el 31 de agosto pasado.
La sanción de limitación de libertad implica que la activista deberá mantener limitados sus movimientos del trabajo que le impongan a su lugar de residencia.
El documento también detalla como sanción accesoria la pérdida del derecho al sufragio y a ocupar cargos de dirección en entidades correspondientes a la actividad político-administrativa del Estado.
También se prohíbe la expedición de pasaporte en su nombre y la salida del territorio nacional, hasta que haya cumplido las sanciones impuestas.
La vivienda de Gálvez Chiu queda entonces a disposición de la Dirección Municipal de Vivienda de Pinar del Río. Comiso es un término legal empleado referente a la confiscación de una propiedad que fue usada en un acto comercial fraudulento.
“La vivienda de Karina Gálvez funcionaba a su vez como sede del Centro de Estudios Convivencia, aunque estos motivos no fueron expuestos en la sentencia”, explica la nota de prensa. “Con la confiscación de la vivienda de Karina, Convivencia queda, por segunda vez, sin sede”.
En 2009, las autoridades confiscaron el patio de la casa de los padres de Gálvez Chiu, donde acostumbraban a realizar las actividades del Proyecto Convivencia.
Gálvez se limitó a pagar impuestos sobre el precio establecido por el Estado cubano sobre la propiedad que vendió y acordó una cifra diferente con el comprador, una práctica frecuente en el mercado inmobiliario cubano. Según la sentencia, incurrieron en una deuda tributaria de $40.452.41 pesos cubanos.
“De todos maneras ya fue resarcida, porque me impusieron una multa, tuve que pagar el impuesto, una multa y un recargo por mora”, advirtió.
“Al principio que comenzó todo esto (estaba) asombrada, porque para nada tenía conciencia que esto podía ser considerado un delito y creo personalmente que todo tiene que ver con mi función en la sociedad civil, o sea con que esa casa era, además de mi casa, un espacio de libertad, ”, dijo la activista al programa "Las noticias como son", en Radio Martí.
La activista dispone de 10 días para presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Provincial de Pinar del Río, con la esperanza de revocar o modificar la sanción. Pasado ese tiempo, se hace firme la sentencia y Karina debe esperar la cita con un juez de ejecución, explica la nota.
Gálvéz Chiu explicó que aún discute con su abogado si apelará o no. “Lo que nos frena un poco es que la única instancia de apelación es el Tribunal Provincial de Pinar del Río y el presidente de ese tribunal fue quien dictó sentencia”, dijo.
El proceso es su contra comenzó el 11 de enero de este año con su detención durante 7 días en la Dirección Técnica de Investigación Criminal de Pinar del Río. Ese mismo día, las autoridades colocaron un sello en la vivienda de Gálvez Chiu.
En la nota, la directiva de Convivencia agradece las muestras de solidaridad con la activista desde que comenzó el proceso en su contra e insistieron en su confianza en que la justicia triunfe finalmente.
(Nota redactada con información del Centro de Estudios Convivencia y Martí Noticias)
