El periodismo es un oficio peligroso cuando se ejerce a cabalidad, lo que implica no ajustarse a lo políticamente correcto, y menos, temer las depredaciones de las que son capaces los poderosos de cualquier clase cuando concluyen que sus intereses están siendo afectados por un justiciero de la información.
El comunicador que considera prioritario informar lo que puede ser de interés para la ciudadanía, particularmente casos de corrupción, tráfico de influencias y drogas, y los abusos de autoridad en los que incurren algunos funcionarios públicos, es una especie de juez que incomoda a los burócratas, quienes, a veces, aun sin estar involucrados en negociados deshonestos, quieren que los procesos de investigación se desarrollen a su medida y no como el defensor independiente procura.
Paradójicamente estas situaciones no solo se presentan en países como Cuba y Venezuela donde la libertad de prensa no existe ─el primero─ o está al borde de la desaparición ─el segundo─. Ocurren también en países como Colombia, donde un periodista investigativo independiente, Ricardo Puentes Melo, director de Periodismo sin Fronteras, ha tenido que asilarse para evitar ser arrestado o sufrir un perjuicio mayor.
Puentes Melo es un periodista incómodo, molesto, una especie de piedra en el zapato de quienes buscan, junto a la impunidad, privilegios. Porque sin ser un enemigo de la paz, es un crítico severo de la manera en que el presidente Juan Manuel Santos conduce las negociaciones en La Habana con la narcoguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Puentes reprochó severamente al presidente Santos y a su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, no haberles prestado apoyo aéreo a militares de las fuerzas armadas nacionales que habían sido atacados por las FARC, lo cual resultó en la muerte de diez militares.
El director de Periodismo sin Fronteras ha sido critico también de las Fuerzas Armadas de su país al escribir: "en todos los diálogos anteriores –excepto en éste- siempre hemos tenido militares que portan con honor su uniforme y estaban dispuestos a cumplir su compromiso de defender la patria". Puentes Melo evoca a oficiales como el coronel Jaime Hernández López, quien se negó a hacer honores de Jefe de Estado a Fidel Castro; y al general Harold Bedoya, que prefirió la baja militar antes que actuar contra sus convicciones.
Investigaciones e informaciones como estas, en la opinión de varios analistas, llevaron a que el gobierno le retirara a Puentes la protección que brindaba a su labor de periodista investigativo.
Sin embargo la gota que colmó la copa del poder y condujo a la fiscalía a actuar contra Puentes Melo está relacionada con una acusación de la ex fiscal Ángela Buitrago, quien condujo la instrucción del proceso sobre el ataque del M-19 al Palacio de Justicia en 1985. El proceso concluyó sentenciando a 30 años de cárcel al Coronel Alfonso Plazas Vega, y a 35 al General Jesús Armando Arias Cabrales, en junio de 2010.
Lo difícil de entender, y lo apunta en un interesante trabajo el investigador Eduardo MacKenzie, es que Puentes Melo no había sido informado por la justicia de que estaba siendo investigado y demandado por la ex fiscal Buitrago, y que la magistrada, aun antes de que el periodista fuera declarado culpable, ordenó la confiscación del apartamento donde residía y trabajaba.
La raíz del diferendo entre Buitrago y Puentes Melo es que el periodista ha sido muy crítico de la investigación realizada por la ex fiscal sobre los sucesos que tuvieron lugar en el Palacio de Justicia, donde el enfrentamiento de la guerrilla con el ejército resultó en la muerte de 11 magistrados y otras 65 personas, y en el incendio del edificio y los archivos que guardaba.
Como consecuencia de sus acusaciones contra la fiscal por malos manejos de la investigación, y por inventar testigos, Puentes Melo y su familia tuvieron que escapar de su país,
Pero hay más. En hechos que demuestran la fragilidad del periodista ante el Poder, primero fue acusado ante la unidad antiterrorista de la Fiscalía, que realizó una investigación sin resultados, por lo que la impugnación debió ser trasladada a otro juzgado bajo las figuras de “injuria y calumnia agravada” más “contumacia”, como si Puentes hubiera decidido ignorar el proceso, cuando en realidad desconocía que estaba siendo investigado, según afirma su propio abogado.
Todo parece indicar que la situación para los periodistas en Colombia se complica. Recurrir a los tribunales para limitar la libertad de informar y divulgar es propio de una dictadura, no de un estado democrático como el colombiano. ¿O es que acaso los enemigos de las FARC, aun antes de concluir las conversaciones de "paz", van a ser víctimas de las históricas depredaciones de los narcoterroristas?
