La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó las por lo menos 27 ejecuciones extrajudiciales de personas en situación de pobreza, cometidas por parte de policías en Venezuela durante la primera quincena de 2022 y exhortó al Estado a que "investigue, juzgue y sancione" esos crímenes.
"La seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino que debe consistir en la protección de las personas", reivindicó el organismo en un comunicado.
Según datos recogidos por la Organización de los Estados Americanos, OEA, agentes de seguridad de Venezuela estuvieron involucrados en los 27 asesinatos registrados.
El 80% de las víctimas eran menores de 25 años y prácticamente todos ellos se encontraban en situación de pobreza y habían sufrido amenazas o intimidaciones.
Human Rights Watch, HRW, ha denunciado que las autoridades de Venezuela sienten desprecio por los derechos fundamentales.
"La represión brutal por parte del régimen de Nicolás Maduro persiste, incluyendo abusos aberrantes por las fuerzas de seguridad y grupos armados partidarios del gobierno", precisó la organización pro derechos humanos.
