Las autoridades de la prisión de Mujeres de Occidente de La Habana, encerraron en una celda de castigo a la presa política María Cristina Garrido, luego que reclamara su derecho a recibir una visita familiar.
Su esposo, el opositor Michael Valladares, dijo que Garrido, de 39 años, estará confinada por 10 días en una celda sin sábanas y sin colchón, por lo que su situación es precaria.
La visita a la madre de dos niños le fue suspendida el pasado miércoles, lo mismo que a su hermana, Angélica Garrido. Ambas están en prisión preventiva bajo investigación por “desorden público”, “desacato”, “atentado” y “resistencia” y han sido señaladas por liderar las protestas populares del 11 de julio, en Quivicán, provincia Mayabeque.
La suspensión de la visita familiar se les aplicó a las presas políticas por no estar vacunadas, según dijeron los carceleros a Valladares.
En la denuncia que hizo desde Radio Martí, el opositor explicó que lo de la vacuna es sólo una excusa pues hay allí cientos de presas que no están vacunadas y sí se les permiten las visitas, por lo que considera que es una medida por su condición de presa política.
Valladares alertó que también se le ha negado la posibilidad de las llamadas telefónicas y de sacar los bultos de ropa sucia y otros utensilios de la celda, además de las cartas y papeles.
Tras ser detenida Garrido contó que fue víctima de numerosas agresiones en el centro penitenciario conocido por "La prisión del Sida", ubicado en San José de las Lajas, "donde la golpearon dos veces, donde se orinó, donde la metieron en un calabozo de tortura donde no se podía ni sentar ni acostar y tenía que estar parada”.
Esta semana su caso alcanzó notoriedad internacional cuando el prestigioso diario estadounidense The Washington Post entrevistó a Valladares, quien contó que los testigos de la detención de las hermanas dijeron que las "mujeres fueron golpeadas por agentes de policía durante el arresto".
"Dieciocho días después logró ver a su esposa en el Técnico. Ella describió haber sido arrojada a una "celda de castigo" con heces en el suelo después de negarse a gritar "¡Viva Fidel!", publicó el Post.
El jueves 21 de octubre durante la Audiencia Temática “Situación de derechos humanos en el contexto de la protesta en Cuba” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la abogada cubana Laritza Diversent, directora del grupo de Asesoría Legal Cubalex, denunció que desde el mismo 11 de julio se han registrado las detenciones de 1,130 personas de las cuales 572 permanecen privadas de la libertad, varias de ellas han denunciado actos de tortura y malos tratos.
Diversent declaró que en los casos de personas en mayor situación de vulnerabilidad, como las y los jóvenes, afrodescendientes, mujeres e integrantes de la comunidad LGBTIQ+, la represión ha sido desproporcionada "para provocar un efecto ejemplarizante en sus comunidades, particularmente contra quienes pertenecen a grupos de la sociedad civil percibidos como críticos al gobierno".
