Brasilia - El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, autorizó el jueves la destitución de funcionarios que defiendan ideales comunistas y la venta de muchos de los 700.000 inmuebles propiedad del Estado, para contribuir a contener el elevado gasto público.
Las decisiones fueron adoptadas en la primera reunión del llamado Consejo de Gobierno, que es integrado por el propio mandatario, por el vicepresidente y general de la reserva Hamilton Mourao y por los 22 ministros del gabinete, que hasta el mes pasado tenía 29 miembros y en otras épocas llegó a tener casi 40.
El ministro de la Presidencia, Onyx Lorenzoni, dijo en rueda de prensa que la decisión de revisar la estructura de la administración pública y destituir a los funcionarios no alineados con las ideas de Bolsonaro es parte del "compromiso" que el capitán de la reserva del Ejército adoptó durante su campaña electoral.
"No tiene sentido tener un Gobierno como el que tenemos ahora con personas que defiendan otras ideas u otra forma de organización de la sociedad", declaró Lorenzoni, quien dio el primer paso y anunció la destitución de unos 300 funcionarios con contratos temporales.
Según Lorenzoni, en las elecciones del pasado octubre, ganadas por el líder de la ultraderecha, "la sociedad dijo basta a las ideas socialistas y comunistas que en los últimos 30 años nos llevaron al caos actual" y el Gobierno debe responder ahora al mandato de las urnas.
La decisión, autorizada por el propio Bolsonaro, se aplicará en todos los sectores de la administración pública, en los que será revisada la situación de las personas contratadas temporalmente, en su mayoría para cargos considerados "de confianza".
Lorenzoni apuntó que los "criterios" para decidir la situación de los funcionarios también serán "técnicos" y que se tomarán en cuenta a la hora de definir si esos cargos volverán a ser cubiertos o si serán definitivamente extintos.
En la reunión, la primera que Bolsonaro celebra con todos sus ministros desde su toma de posesión, el pasado 1 de enero, también se decidió que cada ministerio hará un inventario de inmuebles de su propiedad, a fin de proceder a la venta de aquellos que no sean necesarios.
"Las primeras informaciones dicen que el Estado tiene cerca de 700.000 inmuebles" en todo el país, "lo que causa gastos inmensos de mantenimiento", indicó el ministro.
Agregó que el nuevo Gobierno ha identificado ya que, además, hay inisterios que, pese a contar con predios propios, "alquilan otros espacios, lo cual no tiene ningún sentido" e infla un gasto público que el presidente Bolsonaro está decidido a reducir a mínimos.
Lorenzoni insistió en que todas esas decisiones serán tomadas con criterios "absolutamente técnicos", que fueron los que Bolsonaro le ofreció a los brasileños en su campaña electoral.
"Como dice el capitán, estamos para servirle a la sociedad y no a las ideologías", afirmó.
Según el ministro, en la reunión también se discutieron otras de las prioridades del Gobierno y se acordó que, en los próximos días, el ministro de Economía, Paulo Guedes, presentará un proyecto para la reforma del actual régimen de jubilaciones, que es considerado uno de los principales factores de presión sobre el gasto público.
Lorenzoni declinó anticipar detalles sobre el proyecto, pero fue enfático en el sentido de que se trata de un asunto clave para el Gobierno. "Vamos a hacer la reforma y punto", subrayó.
También en los próximos días, el Gobierno terminará de elaborar una primera fase de un plan de concesiones al sector privado en el área de infraestructura, que avanzará sobre los aeropuertos, puertos y ferrocarriles, según anunció el propio Bolsonaro en sus redes sociales.
"Con la confianza del inversor bajo condiciones favorables", se rescatará a la "infraestructura de Brasil", afirmó Bolsonaro, quien calculó que esa primera fase de concesiones puede atraer inversiones al país del orden de los 7.000 millones de reales (unos 1.842 millones de dólares).
