Bolivia rechazó este domingo por una ajustada mayoría una reforma constitucional que hubiese dado luz verde al presidente Evo Morales para postular a un cuarto mandato ininterrumpido hasta 2025, según datos extraoficiales de conteo rápido de canales privados de televisión.
La red de televisión ATB dio un triunfo al No por 52,3%, mientras su colega Unitel le otorgó un 51%. El voto por el Sí recabó 47,7% y 49% respectivamente.
Sin embargo el Gobierno boliviano afirmó que hubo un "empate técnico", e indicó que las cifras oficiales podrían variar con respecto a las encuestas por recuento rápido que dan la victoria al No.
De confirmarse los resultados extraoficiales, sería la primera derrota electoral directa de Morales en sus diez años en el poder, aunque en 2015 su partido ya perdió plazas clave en los comicios municipales. Ello le obligará a dejar la banda presidencial a inicios de 2020, cuando termine su tercer mandato.
"¡Bolivia dijo no!, proclamó un eufórico gobernador de Santa Cruz (este), Rubén Costas, líder de un sector de la oposición, mientras el excandidato presidencial Samuel Doria Medina, derrotado dos veces por Morales, estimó: "hemos recuperado la democracia y hemos recuperado el derecho a elegir".
"Hoy se ha sepultado el proyecto de convertir a nuestro país en un proyecto de un sólo partido. Esta es la victoria del pueblo", señaló Doria Medina, en una rueda de prensa.
El vicepresidente Álvaro García había dicho temprano, antes de conocerse los resultados extraoficiales, que "nosotros venimos del pueblo, acatamos lo que diga el pueblo, estaremos con lo que el pueblo vaya a manifestar, vaya a decidir o a hacer, ahora y en los siguientes años".
La jornada electoral se registró en el marco de "absoluta normalidad", según la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, exceptuando un "caso aislado" en Santa Cruz, donde unos electores molestos por los retrasos quemaron urnas electorales vacías.
A pesar de incidentes aislados, la misión electoral de Unasur dijo en un comunicado que valoraba que "la votación se haya desarrollado en un clima de absoluta tranquilidad". El jefe de la misión de observadores de la OEA, el expresidente dominicano Leonel Fernández, consideró también que el proceso transcurrió "normalmente en paz".
En una consulta en la que el voto es obligatorio, unos 6,5 millones de bolivianos estaban habilitados para sufragar sobre la reforma de la Carta Magna, que autorizaría a Morales a postularse a un nuevo mandato de cinco años, de 2020 a 2025. Otros 300.000 bolivianos lo hacían en el exterior.
El gobernante izquierdista, que inició su primer mandato en 2006 y ha sido reelegido dos veces por abrumadora mayoría, tiene el récord de permanencia en el poder desde la independencia de Bolivia en 1825, apoyado en un sólido crecimiento económico del país que incrementó la sensación de bienestar de sus habitantes, además de la reivindicación de la población indígena.
Hasta la semana pasada los partidarios y detractores de la reforma constitucional estaban empatados en las encuestas, pero acusaciones de tráfico de influencias contra Morales cambiaron la situación, y según sondeos divulgados en los últimos días, los partidarios del No (47%) superaban a los del Sí (27%).
La consulta popular, que en un inicio se avizoraba como favorable para el gobierno, se complicó en las últimas semanas para el mandatario, uno de los últimos exponentes del Socialismo del Siglo XXI en el poder, por acusaciones de corrupción.
Morales, de 56 años, se ha visto afectado ante un escándalo por supuesto tráfico de influencias en favor de la empresa china CAMC, en la que su expareja, Gabriela Zapata, trabaja como gerente comercial.
La compañía logró contratos públicos por unos 560 millones de dólares, lo que ha llevado a la Contraloría y al Congreso a investigar el tema.
Morales negó cualquier delito de tráfico de influencias a favor de su expareja, con quien tuvo hace unos 10 años un hijo que luego falleció. Estos hechos eran desconocidos en Bolivia.
El mandatario se habría visto perjudicado también por las consecuencias de un ataque el miércoles a la alcaldía de El Alto, ciudad vecina de La Paz en poder de la oposición. En el ataque e incendio murieron seis personas.
